Con 38 votos a favor, nueve en contra y una abstención, el Congreso de Veracruz aprobó este viernes la reforma constitucional impulsada por la gobernadora Rocío Nahle García para eliminar la inmunidad procesal de presidentes municipales, síndicos e integrantes de concejos municipales, en medio de cuestionamientos de la oposición por mantener esa protección para la titular del Poder Ejecutivo estatal y otros funcionarios.
La modificación al artículo 78 de la Constitución Política del Estado elimina para las autoridades municipales la llamada declaración de procedencia, mecanismo mediante el cual hasta ahora se requería que el Congreso autorizara previamente que un alcalde o síndico pudiera ser sometido a proceso penal durante el ejercicio de su encargo.
Con el cambio aprobado, alcaldes, síndicos y presidentes de concejos municipales podrán ser investigados y procesados penalmente sin que previamente el Poder Legislativo determine si procede retirarles la inmunidad. La reforma no implica, por sí misma, la separación automática del cargo.
La modificación no elimina la declaración de procedencia para todos los servidores públicos. La protección se mantiene, entre otros, para diputados locales, la persona titular del Poder Ejecutivo, secretarios de despacho, la Fiscalía General del Estado y diversos funcionarios de los poderes Judicial y organismos autónomos.
Ese trato diferenciado concentró buena parte de los cuestionamientos de la oposición. Desde antes de la votación, el PRI anunció que promovería una iniciativa para retirar también el fuero a la gobernadora y a integrantes de su gabinete. Su dirigente estatal, Adolfo Ramírez Arana, planteó que, si los argumentos para eliminar la inmunidad procesal de los alcaldes son evitar obstáculos para la aplicación de la justicia, el mismo criterio podría discutirse respecto de la titular del Ejecutivo y sus secretarios.
La propia Nahle respondió previamente a ese planteamiento asegurando que no le preocupa una eventual eliminación de su fuero y que debe cumplir con sus responsabilidades independientemente de contar o no con esa protección. También rechazó que su iniciativa tenga una dedicatoria contra alcaldes opositores y sostuvo que será aplicable por igual a ediles de cualquier partido, incluido Morena.
Durante la discusión legislativa, el diputado Héctor Yunes Landa cuestionó la reforma al considerar que la inmunidad procesal municipal funciona como una protección del ejercicio del cargo frente a posibles acciones judiciales utilizadas con fines políticos. El legislador advirtió además que la modificación constitucional todavía tendrá que pasar por los ayuntamientos y llamó a los cabildos a rechazarla.
Yunes Landa había señalado previamente que la eliminación del fuero podría dejar a las autoridades municipales expuestas a presiones del gobierno estatal y sostuvo que una denuncia penal podría utilizarse como mecanismo contra alcaldes políticamente enfrentados con el Ejecutivo.
Al tratarse de una reforma constitucional, el decreto deberá ser enviado a los 212 ayuntamientos de Veracruz y necesitará el respaldo de la mayoría de éstos para completar el proceso de reforma constitucional.
