Bajo el argumento de combatir la “injerencia digital” y las operaciones coordinadas en los procesos electorales, los diputados de Morena Sergio Gutiérrez Luna y Arturo Ávila Anaya plantearon crear en la Cámara de Diputados una comisión especial con facultades para investigar contenidos en internet, cuentas automatizadas, campañas digitales y su financiamiento, una iniciativa que abre un nuevo frente de preocupación por sus posibles efectos sobre la libertad de expresión y la crítica política.
La propuesta, presentada por el vicepresidente de la Cámara de Diputados y el vocero de la bancada de Morena, señala que el órgano tendría como objetivo dar seguimiento a posibles casos de “financiamiento extranjero, injerencia digital y operaciones automatizadas de desinformación en los procesos electorales”.
Aunque en su comunicado Morena asegura que cualquier revisión deberá efectuarse con respeto a la Constitución, la libertad de expresión, el periodismo, la opinión política y la crítica, el alcance que sus propios promotores pretenden darle coloca la iniciativa en un terreno delicado: legisladores de la fuerza política gobernante estarían revisando y calificando contenidos difundidos en redes sociales en vísperas de las elecciones de 2027.
El planteamiento surgió, además, a partir de señalamientos sobre supuestas campañas dirigidas contra Morena y el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que incrementa las dudas sobre la imparcialidad que podría tener una instancia de naturaleza eminentemente política para determinar cuándo una publicación constituye crítica legítima y cuándo sería considerada parte de una operación de “desinformación” o “injerencia”.
Arturo Ávila afirmó que han sido detectadas alrededor de 500 mil cuentas automatizadas utilizadas para “amplificar narrativas” contra Morena y el gobierno federal. Incluso estimó que sostener una operación de esa magnitud podría representar un gasto de decenas de millones de dólares, aunque no presentó públicamente la metodología, documentación o fuente que permita comprobar ese cálculo.
Según la propuesta, la comisión tendría capacidad para reunir información y generar diagnósticos sobre propaganda digital político-electoral, identificar riesgos relacionados con operaciones automatizadas y redes coordinadas y formular propuestas legislativas.
También se contempla convocar a autoridades, especialistas, académicos, organizaciones civiles, plataformas digitales, empresas tecnológicas y medios de comunicación. Los casos que sus integrantes consideren relevantes podrían terminar en manos del Instituto Nacional Electoral (INE), la Fiscalía General de la República (FGR) u otras autoridades.
Gutiérrez Luna sostuvo que las nuevas tecnologías plantean desafíos para la democracia y afirmó que se requieren mecanismos institucionales capaces de determinar, “con evidencia y dentro del marco legal”, quién financia determinadas operaciones digitales, quién las ejecuta y cuál es su propósito.
Ávila, por su parte, aseguró que cualquier investigación deberá realizarse con “estricto apego constitucional” y sin prejuzgar sobre la responsabilidad de personas, instituciones o plataformas. El comunicado de Morena señala incluso que la comisión sería “plural, temporal y no dictaminadora”, con vigencia hasta la conclusión de la LXVI Legislatura.
Gutiérrez Luna ya tiene antecedente de censura
La propuesta resulta particularmente inquietante por un antecedente directamente relacionado con Gutiérrez Luna: el caso de Karla María Estrella Murrieta, una ciudadana que fue sometida a un procedimiento institucional y sancionada después de publicar en X una crítica contra Diana Karina Barreras Samaniego, esposa del legislador morenista.
En febrero de 2024, Estrella publicó un mensaje en el que cuestionó si la influencia política de Gutiérrez Luna había intervenido para que su esposa obtuviera una candidatura. Barreras presentó una denuncia por violencia política contra las mujeres en razón de género y el asunto terminó ante las autoridades electorales.
La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral determinó que la publicación constituía “violencia política contra las mujeres en razón de género” y calificó la conducta como “grave ordinaria”. La resolución fue posteriormente confirmada por la Sala Superior del TEPJF.
Karla Estrella fue multada, obligada a capacitarse en materia de género y derechos humanos, inscrita en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género y obligada a publicar disculpas durante 30 días consecutivos. La presidenta Claudia Sheinbaum calificó públicamente la sanción como un “exceso”.
