Por Mariana Calderón Aramburu
En el Apocalipsis, los cuatro jinetes no representan un solo desastre, sino distintas fuerzas que, juntas, anuncian destrucción.
Tal vez por eso la imagen resulta útil para pensar en lo que está ocurriendo con el INE.
El pasado 10 de septiembre comenzó el proceso electoral 2026-2027. Y el INE parece llegar acompañado de sus propios cuatro jinetes.
El primer jinete es la inobservancia.
La ley prohíbe los actos anticipados de campaña, pero desde hace meses vemos aspirantes recorriendo estados y posicionándose bajo figuras cuidadosamente diseñadas para no llamarse campañas. Y frente a ello, el INE no hace nada.
Si una autoridad advierte que la competencia comienza antes de que legalmente pueda comenzar y no logra impedirlo, el problema, además de ser de inequidad, se convierte en uno de autoridad.
Algo semejante ocurre con los programas sociales. El problema no son los programas ni los derechos que garantizan, sino que la estructura gubernamental que los opera pueda confundirse con la estructura política que compite por votos. Y frente a ello, el INE tampoco actúa.
El segundo jinete es la concentración.
El INE fue construido sobre dos pilares esenciales: la colegialidad y la profesionalización. Sin embargo, llega a este proceso entre salidas de funcionarios con experiencia técnica, el debilitamiento del Servicio Profesional Electoral, decisiones relevantes adoptadas desde la Presidencia de manera opaca y sin deliberación colegiada real.
Cuando las decisiones se concentran, se cierran los espacios de deliberación y prevalecen los intereses de un grupo; entonces la concentración comienza a parecerse a captura.
El tercer jinete es el desmantelamiento.
Durante décadas, el sistema electoral mexicano construyó controles porque aprendimos que la confianza no podía descansar únicamente en la buena fe de quienes participan en una elección. Había que verificar, capacitar y profesionalizar.
Pero algunos de esos controles empiezan a modificarse o desaparecer por decisión del propio instituto.
Un ejemplo reciente es la eliminación de la compulsa que permitía verificar si quienes solicitan acreditarse como observadores electorales forman parte de la estructura de servidores de la nación, cuya participación está impedida por ley.
A ello se suman cambios en el modelo de capacitación de quienes integrarán las mesas directivas de casilla. Y pocas tareas son tan sensibles como preparar a los ciudadanos que recibirán y contarán nuestros votos.
Puede parecer que se trata de ajustes administrativos. No lo son. Cada mecanismo de verificación que se elimina y cada reducción en los controles o en la capacitación disminuye la capacidad institucional para garantizar imparcialidad, certeza y elecciones confiables.
El cuarto jinete es la incapacidad.
El crimen organizado ya no es un elemento externo a las elecciones. Puede amenazar candidatos, impedir que algunos compitan, favorecer a otros, controlar territorios, financiar campañas e intimidar votantes.
Frente a eso, las herramientas del INE son necesariamente limitadas. Puede organizar elecciones y fiscalizar recursos, pero no puede realizar acciones de seguridad pública ni garantizar por sí solo que la competencia esté libre de influencia criminal.
Si el crimen organizado termina controlando una elección, la responsabilidad pública probablemente recaerá sobre el INE, aunque carezca de policías para impedirlo.
Ahí están los cuatro jinetes: inobservancia, concentración, desmantelamiento e incapacidad.
Ninguno por sí solo desaparece al INE. Pero juntos pueden conseguir algo más eficaz que un plan A de reforma constitucional o un plan B de reformas legales; pueden vaciarlo poco a poco de capacidad, autoridad y legitimidad hasta convencer a la sociedad de que ya no es necesario.
Entonces el verdadero riesgo para el INE no será que alguien proponga desaparecerlo. Será que, cuando eso ocurra, demasiadas personas se pregunten para qué conservarlo.
