*Recursos manejados por la Fundación EDAL habrían pasado por empresas inmobiliarias y una agencia de publicidad antes de utilizarse para pagar a profesores, incluso bajo conceptos ajenos a la docencia. Sefiplan presentó denuncias por posibles delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.
Una compleja red de empresas habría sido utilizada para triangular alrededor de 280 millones de pesos vinculados con la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV), recursos que pasaban por inmobiliarias y agencias de publicidad antes de llegar a trabajadores y docentes de la institución, de acuerdo con irregularidades detectadas por la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan).
El secretario de Finanzas, Miguel Santiago Reyes Hernández, confirmó que el Gobierno de Veracruz presentó dos denuncias por separado, una ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y otra ante la Fiscalía General de la República (FGR), por hechos que podrían estar relacionados con los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.
La investigación se concentra en aproximadamente 280 millones de pesos administrados por la Fundación para la Educación, Salud y Recuperación del Medio Ambiente (EDAL), A.C., una de las asociaciones que participaron durante años en el manejo de recursos relacionados con la UPAV.
Según explicó Reyes Hernández, la universidad operó desde su creación, en 2011, mediante asociaciones civiles como Alianza para el Fomento del Aprendizaje y la propia Fundación EDAL, las cuales recibían pagos de estudiantes y realizaban, entre otras operaciones, los pagos de honorarios de los llamados instructores solidarios.
Sin embargo, al revisar la ruta seguida por esos recursos, Sefiplan detectó operaciones que llamaron la atención por la cantidad de intermediarios involucrados y por los conceptos utilizados para justificar algunos pagos.
De acuerdo con el titular de Sefiplan, los recursos no necesariamente pasaban directamente de la fundación a los profesores o trabajadores de la UPAV. El dinero recibido por la Fundación EDAL era transferido primero a una empresa inmobiliaria; posteriormente pasaba a otra compañía del mismo giro y después llegaba a una agencia de publicidad. Desde esta última se realizaban finalmente pagos a personas que en realidad prestaban servicios docentes para la universidad.
Una de las irregularidades detectadas consistió precisamente en los conceptos bajo los cuales se justificaban esos pagos. Reyes Hernández puso como ejemplo el caso de una persona que trabajaba para la UPAV pero recibía sus honorarios a través de una agencia publicitaria y el pago aparecía registrado como si correspondiera a servicios de publicidad, pese a que su verdadera actividad estaba relacionada con la universidad.
Así, profesores podían aparecer documentalmente vinculados con actividades completamente diferentes de la enseñanza. El esquema, además de dispersar los recursos entre empresas ajenas a la institución educativa, habría permitido que profesores y trabajadores no mantuvieran una relación laboral directa con la UPAV para evitar la generación de antigüedad y otras obligaciones laborales para la universidad.
Denuncias por lavado y delincuencia organizada
La magnitud y características de las operaciones llevaron a Sefiplan a presentar denuncias tanto en el ámbito estatal como federal. Reyes Hernández confirmó que se trata de dos denuncias diferentes y que los posibles delitos señalados son delincuencia organizada y lavado de dinero. La responsabilidad de determinar si efectivamente se configuraron esos ilícitos, así como identificar a quienes participaron en ellos, corresponde ahora a las fiscalías.
El funcionario evitó responsabilizar públicamente a personas específicas y señaló que será la investigación ministerial la que determine el origen, destino y legalidad de las operaciones.
El titular de Sefiplan puntualizó que hablar de 280 millones de pesos no significa necesariamente que la totalidad de esa cantidad pueda considerarse dinero ilícitamente sustraído. Lo que deberá investigarse es precisamente qué sucedió con esos recursos y cuál fue su ruta financiera.
El propio funcionario evitó anticipar qué proporción podría constituir un quebranto o qué operaciones podrían resultar delictivas, pues sostuvo que corresponde a las fiscalías deslindar responsabilidades.
Las acusaciones de Sefiplan contrastan con lo declarado apenas dos días antes por la auditora general del Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz (ORFIS), Delia González Cobos, quien sostuvo que durante la revisión de las cuentas públicas de la UPAV no se habían encontrado indicios de presunto lavado de dinero por parte de las asociaciones civiles que recibían las aportaciones económicas de los alumnos.
