Rubén Rocha Moya decidió que 112 días fuera del cargo fueron suficientes para declararse políticamente rehabilitado y este viernes 21 de agosto anunció su regreso a la gubernatura de Sinaloa, de la que se separó en mayo pasado después de que autoridades de Estados Unidos lo señalaran por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
El gobernador morenista difundió un mensaje en el que aseguró que retomó el ejercicio de su cargo para concluir el mandato constitucional, que termina el 31 de octubre de 2027. Su argumento central es que durante su licencia se puso a disposición de las autoridades mexicanas y que la Fiscalía General de la República (FGR) no encontró elementos para proceder penalmente en su contra.
El mandatario vuelve al palacio de gobierno mientras en Estados Unidos permanece abierto un expediente que lo señala junto con otros funcionarios y exfuncionarios sinaloenses por una presunta trama de colaboración con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa. De acuerdo con Reuters, la acusación estadounidense sostiene que funcionarios habrían colaborado con esa organización criminal para facilitar operaciones de narcotráfico a cambio de sobornos y respaldo político.
En su mensaje de este viernes sostuvo que las acusaciones formuladas en su contra son falsas, carentes de pruebas y producto de motivaciones políticas e “injerencistas” provenientes de la “ultraderecha nacional y extranjera”. También afirmó que las imputaciones pretendieron lesionar la soberanía mexicana.
El problema para Rocha Moya no se reduce exclusivamente a su situación personal. Las investigaciones estadounidenses han alcanzado a personajes que ocuparon posiciones relevantes dentro del aparato estatal sinaloense. El general Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, se entregó en Estados Unidos y enfrenta un proceso por acusaciones relacionadas con una presunta colaboración con Los Chapitos. El procedimiento judicial en su contra continúa abierto.
A ello se suma otro episodio que desde 2024 persigue políticamente al mandatario: las circunstancias que rodearon el asesinato del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y dirigente político Héctor Melesio Cuén Ojeda, ocurrido el mismo día en que Ismael “El Mayo” Zambada terminó en poder de las autoridades estadounidenses.
La versión inicial difundida por la Fiscalía de Sinaloa sobre la muerte de Cuén —según la cual habría sido víctima de un intento de robo en una gasolinera— terminó seriamente cuestionada por la propia FGR, que detectó irregularidades en la investigación estatal.
Y lejos de quedar enterrado, el asunto acaba de adquirir nuevamente relevancia con la detención de Fausto Corrales, personaje considerado clave en aquellos acontecimientos y cuyo testimonio inicial respaldó la versión posteriormente desacreditada sobre la muerte de Cuén.
