La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que solicitará a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal revisar la reforma constitucional en materia de revocación de mandato aprobada esta semana por el Congreso de Veracruz, con el propósito de determinar si las modificaciones representan una restricción al derecho de participación ciudadana o únicamente ajustan aspectos del procedimiento.
Durante su conferencia matutina de este jueves, la mandataria federal reconoció que no conocía a detalle los cambios avalados por la mayoría de Morena y sus aliados en el Congreso local, por lo que instruirá un análisis jurídico antes de emitir una postura definitiva.
«Hay que revisarlo. Reviso con la consejera jurídica si es que se está limitando la participación de la ciudadanía o sencillamente se acota alguna circunstancia», declaró Sheinbaum al ser cuestionada sobre la reforma impulsada en Veracruz.
La Presidenta señaló que, hasta donde tiene conocimiento, la figura de la revocación de mandato permanece vigente en la legislación veracruzana y que la modificación no elimina ese mecanismo de democracia participativa.
«No conocía este cambio en la ley. Lo que entiendo es que sigue en la ley la posibilidad de revocación de mandato de la gobernadora o del gobernador; entonces no es que se haya negado la posibilidad», expresó.
Las declaraciones de Sheinbaum se producen luego de que el Congreso de Veracruz aprobara una reforma a la Constitución local que endurece los requisitos para activar un proceso de revocación de mandato. Entre los cambios más controvertidos destaca la reducción de dos meses a un solo mes del plazo para recabar las firmas ciudadanas necesarias para solicitar el inicio del procedimiento, así como elevar el número de firmas solicitantes de la figura a 10 por ciento del padrón electoral, entre otros ajustes al mecanismo.
La modificación ha sido severamente cuestionada por legisladores de oposición, quienes sostienen que, lejos de fortalecer la figura de democracia participativa, establece condiciones más restrictivas que dificultan en los hechos la posibilidad de promover la revocación del mandato de la persona titular del Poder Ejecutivo estatal.
Diversos actores políticos han señalado que la reforma constituye un «blindaje» para la gobernadora Rocío Nahle García, al imponer requisitos más complejos que los previstos originalmente para un instrumento cuyo objetivo constitucional es permitir a la ciudadanía evaluar y, en su caso, concluir anticipadamente el mandato de un gobernante mediante el voto popular.
Sheinbaum no adelantó si, una vez concluido el análisis de la Consejería Jurídica, podría impulsarse alguna acción legal o constitucional, limitándose a señalar que primero deberá determinarse si la reforma efectivamente restringe el ejercicio de ese derecho ciudadano o si únicamente redefine las reglas procedimentales para su aplicación.
