La libertad de expresión no es concesión del poder
Por Aurelio Contreras Moreno
Las celebraciones del “día de la libertad de expresión” cada 7 de junio siempre han sido una fantochada, una simulación en la que desde su origen, los dueños de los medios le “agradecían” al presidente —o al gobernador— en turno la “graciosa concesión” de, irónicamente, ejercer una libertad de expresión de la que, en realidad, no gozaban.
Por décadas fue ese el espacio para “premiar” al periodismo dócil con el poder, el que no publicaba sobre la corrupción gubernamental y que se regodeaba en la cercanía —aunque fuera solo en el lapso que dura comerse unos huevos con frijoles— con los gobernantes.
Continuar “celebrando” esa fecha no solo es anacrónico. Es burdo. Exaltar la libertad de expresión mientras se comparte mesa con el actor público que debiese ser el blanco del escrutinio periodístico a su desempeño y que además, te va a entregar un “reconocimiento”, es un contrasentido.
Por esa razón, la conmemoración se trasladó al 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa proclamado por la ONU en 1993 para promover y proteger el periodismo independiente y la libertad de expresión. Y los premios de periodismo con verdadero reconocimiento se entregan únicamente entre pares, a convocatoria de un Consejo Nacional integrado por periodistas.
Sin embargo, aún existen membretes, como el del llamado Club de Periodistas de México, que entregan año con año “premios nacionales” que deciden quién sabe cómo. Y que se ciñen a la vieja lógica de convalidarse con la presencia de un representante del gobierno en turno.
Todo eso viene a cuento por la escena de este fin de semana en Xalapa, precisamente durante una “celebración” y entrega de reconocimientos del Club de Periodistas de México con motivo del 7 de junio. Frente a reporteros, columnistas, fotógrafos y dueños de medios locales, Jenaro Villamil, titular del Sistema Público de Radiodifusión de la República Mexicana —que entre otras cosas, ha convertido a los medios públicos del país en misérrimos replicadores de propaganda oficial y encabeza, a través de la plataforma Infodemia, las campañas de desacreditación a los medios y periodistas críticos—, intentó dictar línea a los comunicadores veracruzanos con un discurso cargado de retórica patriotera.
Su exhorto a que los periodistas se convirtieran en “guardianes de la soberanía” frente a la supuesta injerencia extranjera en México, y el calificativo de “apátridas” a quienes critiquen al gobierno al que pertenece, no fue recibido con aplausos, sino con abucheos y gritos de “¡fuera!”.
El episodio revela la pretensión del régimen de unificar el discurso mediático en torno de la defensa de la “soberanía nacional” frente a la embestida judicial de Estados Unidos contra políticos mexicanos vinculados con el narcotráfico. La narrativa oficial busca transformar un problema de corrupción y crimen organizado en una suerte de “cruzada patriótica”, donde los periodistas deben alinearse como “soldados de la patria” en lugar de ejercer su función crítica.
El mensaje de Villamil es una extensión de la narrativa del régimen para convertir las acusaciones de la justicia estadounidense contra narcopolíticos mexicanos en un ataque a la soberanía nacional. Se pretende que la opinión pública vea en cada imputación un acto de intervención extranjera y no el resultado de investigaciones sobre vínculos criminales que las instituciones mexicanas han sido incapaces —o renuentes— de procesar.
El discurso de la “defensa de la patria” es realmente una coartada para silenciar críticas y exigir disciplina mediática, invocando la soberanía para encubrir la impunidad de políticos que, desde hace años, han convertido al Estado en cómplice del crimen organizado.
La reacción al discurso de Villamil de algunos de los asistentes —en especial, del director del portal Libertad Bajo Palabra, Armando Ortiz—fue de rechazo frontal a la imposición de una agenda política disfrazada de nacionalismo. Sin embargo, la dirigente eterna del Club de Periodistas de México, Celeste Sáenz de Miera, salió en defensa de Villamil y del gobierno. Con frases recicladas del expresidente López Obrador —“aquel que no quiere a la patria, no quiere a su madre”—, Sáenz evidenció la de por sí conocida subordinación de esa organización decadente y desprestigiada, que históricamente ha estado del lado del poder sin importar el partido que gobierne.
La libertad de expresión, antes como ahora, no es una concesión del gobierno, que no nos hace ningún favor. Es un derecho humano de todos los ciudadanos. Y la soberanía no se defiende con consignas ni con discursos patrioteros, sino con instituciones sólidas, justicia independiente y respeto a las libertades.
La pretensión de que los periodistas se conviertan en “defensores de la patria” es, en realidad, un intento de neutralizar el periodismo crítico, cuya función no es defender gobiernos ni partidos, sino cuestionarlos, fiscalizarlos y exponer sus abusos. Convertir a los comunicadores en propagandistas de la soberanía equivale a despojarlos de su esencia y reducirlos a voceros del poder.
O peor aún, a textoservidores matraqueros y centaveros. Que ¡ah, cómo abundan!
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