Por Aurelio Contreras Barrales
La democracia liberal, puramente conceptualizada como tal, parece ser una quimera ideológica más que una realidad aplicable, ya que sus principales preceptos son transgredidos por los mismos gobiernos que abrazan sus banderas para acceder y permanecer en el poder.
En cuestión electoral, la lucha política de las oposiciones ha logrado derribar en múltiples ocasiones las estructuras autoritarias de poder centralizado, aunque, en la práctica, tienden a permanecer ciertos vicios como un tipo de herencia maldita. Si nos remontamos a la historia política contemporánea de México, aquella que parte desde la posrevolución, podemos encontrar múltiples casos de autoritarismo comicial propiciado por el propio Estado mexicano en contra de la oposición partidista y sus triunfos electorales legitimados por las autoridades calificadoras. A inicios de la década de 1940, en medio del fugaz apogeo del almazanismo, el entonces Partido de la Revolución Mexicana (PRM), partido de Estado, sufrió tres derrotas en distintos comicios locales en los que se renovaron las gubernaturas: Chihuahua, Guerrero y Sinaloa, respectivamente.
En estas entidades se replicó el mismo común denominador: el Gobernador en turno, al no lograr imponer a su alfil como candidato del PRM, ejerció su poder caciquil e impulsó la nominación de su afín a través de partidos locales emergentes, los cuales, gracias a la intervención estatal, lograron el triunfo en las urnas y fueron reconocidos como autoridades electas por sus respectivos congresos estatales, igualmente supeditados al Ejecutivo local. Sin embargo, de dichas victorias, el Estado mexicano sólo reconoció dos, la de Sinaloa y Chihuahua, mientras que en Guerrero se revirtió el resultado en favor del PRM y los poderes del Estado que operaron en favor del candidato opositor fueron desaparecidos por el Senado.
En tanto, a los dos gobernadores opositores que se les permitió ejercer el cargo, el de Chihuahua se reintegró al partido oficial después de rendir protesta, mientras que el de Sinaloa, si bien retornó al PRM igualmente, mantuvo un distanciamiento con el presidente Manuel Ávila Camacho y murió asesinado antes de culminar su mandato.
Años después, durante el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, una situación similar ocurrió en las elecciones locales de Baja California de 1968, en las que triunfó el Partido Acción Nacional (PAN) en dos municipios de la entidad, Mexicali y Ensenada. Sin embargo, el gobierno priista no reconoció los triunfos y la Secretaría de Gobernación, a cargo de Luis Echeverría Álvarez, anuló los resultados e impuso concejos municipales afines.
En las últimas décadas, aunque las prácticas centralistas y autoritarias han persistido en la clase política, los constantes procesos reformistas aperturaron el tablero electoral y garantizaron la competitividad partidista. En años recientes, ninguna victoria de la oposición reconocida por la autoridad electoral ha sido echada abajo por presiones del oficialismo.
La pluralidad electoral ha venido haciéndose a menos significativamente a partir de que el Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) arribó al poder de la mano de Andrés Manuel López Obrador. Desde entonces, el nuevo régimen ha venido reconstruyendo una maquinaria territorial clientelista y desmantelando el andamiaje institucional en la búsqueda de centralizar nuevamente los procesos electorales en torno al partido de Estado y, así, garantizar su permanencia indefinida en el poder.
Múltiples han sido los intentos por socavar la competitividad electoral, algunos infructuosos y otros tantos sumamente exitosos, los cuales abarcan desde reformas centralizadoras hasta la desarticulación de los partidos tradicionales de oposición con el fin de que sus estructuras pasen a engrosar al partido de gobierno.
La acción más reciente ha sido la polémica “Ley Monreal”, iniciativa presentada por el diputado morenista Ricardo Monreal y que, echando mano del escándalo surgido por la colaboración entre la CIA y el gobierno de María Eugenia Campos en Chihuahua para combatir a las organizaciones delictivas, busca imponer como causal para anular una elección la intervención de cualquier país extranjero en los procesos comiciales, ya sean federales o locales.
Esta reforma, la cual ya ha sido aprobada por los órganos legislativos tras acalorados debates, pretende socavar una vez más cualquier tipo de expresión opositora. Tanto analistas como actores políticos coinciden en la obvia intención del oficialismo: acotar los resultados electorales bajo su égida y, en caso de que se dé algún triunfo opositor, utilizar el argumento de intervención extranjera para anular el proceso e imponer una autoridad emanada del partido de Estado, tal y como se realizó en el siglo XX pero bajo nuevos parámetros legales. Dicha reforma no solo muestra la voracidad del régimen por hacerse omnipresente, sino que refleja que su poder se ve severamente amenazado y evidencia la desesperación de la clase política guinda por retenerlo a como dé lugar.
El temor por verse disminuidos, a pesar de toda la estructura estatista que han moldeado, se da por los escándalos que vinculan a sus poderes regionales con el crimen organizado, lo cual los ha llevado a intentar blindarse bajo esta nueva figura, aprovechando el escándalo de Chihuahua. Esto no quiere decir que la intervención extranjera en procesos electorales sea una historia ficticia; en los últimos años se ha visto claramente la mano del gobierno estadounidense de Donald Trump en la reconfiguración política latinoamericana, quien ha logrado imponer a distintos mandatarios derechistas en países desencantados con los gobiernos izquierdistas que los mal administraban.
Prácticamente, Estados Unidos ha vuelto a hacer suyo el “Corolario Roosevelt” –una variación del “América para los americanos” de la Doctrina Monroe- como eje principal de su política exterior, aunque ahora camuflajeándolo a través del membrete electoral del republicanismo, con excepción de Venezuela.
Si bien esta es una nueva manifestación del imperialismo estadounidense, no quiere decir que los gobiernos izquierdistas no intervengan en elecciones. Mucho se dijo que MORENA recibió apoyos del gobierno ruso para arribar al poder, así como del chavista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). El año pasado, el exembajador mexicano Ricardo Pascoe acusó al gobierno de Claudia Sheinbaum de presuntamente respaldar económicamente a la candidata presidencial hondureña Rixi Moncada, quien fue impulsada por la entonces mandataria izquierdista Xiomara Castro para sucederla. Si bien los señalamientos de Pascoe no se han comprobado, es un hecho que Sheinbaum se reunió con Castro y Moncada en un evento público cuando aún se desarrollaba la campaña presidencial en Honduras. Aunque supuestamente fue un encuentro inesperado, en política nada es casualidad. Además, se han dado colaboraciones públicas entre MORENA y el Partido Comunista de Cuba. Todo esto desfonda el discurso morenista que pugna por la soberanía de las naciones, ya que ellos han caído en los mismos vicios denunciados, entrando, de esta forma, en un espiral de contradicciones ineludibles.
Antes de culminar, quisiera resaltar la paradójica situación en la que se da la polémica “Ley Monreal” ya que, por un lado se pretende “proteger” a las elecciones mexicanas de la intervención norteamericana; sin embargo, en la lucha por la sucesión presidencial dentro de MORENA, el precandidato puntero y respaldado implícitamente por la presidenta Sheinbaum, Omar García Harfuch, es más proclive a ser también el candidato del trumpismo –si es que logra sobrevivir a las elecciones de 2028–, ya que él sí ha mostrado una colaboración estrecha con el gobierno estadounidense en el combate a la delincuencia y un vínculo cercano con las agencias de inteligencia de aquel país, principalmente el FBI, con cuyo director se ha reunido amenamente en más de una ocasión.
Probablemente, en MORENA se termine replicando el fenómeno Múgica que obligó en su momento a Lázaro Cárdenas a optar por Manuel Ávila Camacho como candidato presidencial del PRM. Bajo la lógica morenista, ¿no sería esto una intervención?
X: @contreaure
