Un juez federal concedió una suspensión provisional que obliga a la Profepa, Pemex, Semarnat y a los gobiernos de Veracruz y Tabasco a desplegar todas sus facultades para atender el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México.
La resolución, derivada de un amparo promovido por la asociación civil “En el Corazón está el Cambio”, señala omisiones graves en la actuación de las autoridades, como la falta de denuncias ante el Ministerio Público y el no uso del Fondo de Responsabilidad Ambiental.
El fallo, emitido desde el pasado 31 de marzo, establece un plazo de 48 horas para que las dependencias presenten un plan integral de contención, limpieza y restauración de las zonas afectadas, donde se advierten daños irreparables a ecosistemas y riesgos para la salud de comunidades costeras.
La suspensión provisional fue concedida por el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México. Entre los motivos del fallo se señalan omisiones en el inicio de procedimientos de responsabilidad ambiental, de denuncias ante el Ministerio Público, de ejecución de facultades para disposición final de hidrocarburos peligrosos y de uso de recursos del Fondo de Responsabilidad Ambiental.
Los riesgos señalados incluyen daños irreparables a ecosistemas marinos y costeros, afectación a fauna y flora por contaminación de hidrocarburos, así como riesgos para la salud de comunidades cercanas.
El amparo fue promovido por la asociación civil “En el Corazón está el Cambio”, que encabeza el activista Juan Carlos Atzin Calderón, el 27 de marzo. Este afirmó que la medida busca garantizar la protección de la “casa común” y frenar la simulación institucional frente a una emergencia ambiental de interés público.
El juez Ulises Oswaldo Rivera González resolvió que las autoridades deben ejecutar la totalidad de sus facultades y atribuciones para garantizar la protección ambiental.
