Mientras las playas de Alvarado, como Playa Salinas, siguen cubiertas de chapopote que la marea arrastra día tras día, el gobierno de Rocío Nahle concentra sus esfuerzos en blindar solamente la franja turística de Veracruz–Boca del Río.
La estrategia oficial busca evitar que los residuos de hidrocarburos lleguen a esa zona de alta afluencia turística, pero deja en segundo plano a comunidades que llevan casi dos meses viviendo entre la contaminación.
Los habitantes de Playa Salinas denuncian que la pesadilla no cesa: cada jornada aparecen nuevos restos de hidrocarburo, afectando la pesca, el comercio y la salud. La indignación crece porque, mientras se despliegan operativos visibles en el puerto y en Boca del Río, el resto del litoral veracruzano permanece expuesto y sin una respuesta integral.
La narrativa gubernamental insiste en la “contención” del derrame, pero en la práctica se traduce en un trato desigual: proteger la vitrina turística mientras se minimizan las afectaciones en comunidades menos visibles.
