Martín Aguilar Sánchez solicitó al Gobierno del Estado 85 millones de pesos para que la UV cumpla su obligación de otorgar el incremento del 13 por ciento al salario mínimo 2026 a los 3 mil 771 trabajadores universitarios que se encuentran por debajo de lo establecido por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI).
Durante sesión del Consejo Universitario General (CUG), recordó que apenas el 5 de marzo del presente año, se logró conjurar el emplazo a huelga del Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio de la Universidad Veracruzana (SETSUV), cuyos integrantes aceptaron un incremento del 4 por ciento directo al salario y un 2 por ciento en prestaciones, además una promesa de «nivelación salarial» del 9 por ciento que se pagará en junio para quienes ganan menos del salario mínimo.
Resaltó la importancia de que el gobierno estatal otorgue dichos recursos para cubrir la obligación y es que, si bien, considera el incremento al salario mínimo una medida de justicia social necesaria, el financiamiento de la Educación Superior no ha crecido en la misma proporción.
“Necesitamos recursos para la nivelación al salario mínimo general del personal administrativo, técnico, manual y de confianza; para el programa de mantenimiento menor, indispensable para la conservación de la infraestructura universitaria y para asegurar condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades académicas”, dijo.
En ese sentido, recordó que para hacer frente a estas necesidades, la universidad ha atendido estas obligaciones de los años anteriores con los recursos propios, con el propósito de no afectar el cumplimiento de las responsabilidades laborales y operativas, no obstante, dijo que es necesario considerar que los ingresos propios, por su naturaleza, no constituyen una fuente regularizable para el financiamiento de obligaciones permanentes.
“De continuar esta dinámica del presupuesto y el porcentaje anual de incremento de los salarios mínimos, se generaría una presión estructural sobre las finanzas institucionales de una magnitud nunca antes vista, por ello, mi administración continuará realizando las gestiones necesarias ante las instancias federales y estatales, a fin de que estos conceptos cuenten con el respaldo presupuestal correspondiente y se preserve el equilibrio financiero de la institución”, aseguró.
Aguilar Sánchez apuntó que, en 2026, a la UV le asignaron un presupuesto de 7 mil 135 millones 224 mil pesos, que corresponde al recurso federal y estatal, formalizado a través del Anexo de Ejecución que se firma conjuntamente con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Gobierno de Veracruz.
Al respecto, indicó que para el ejercicio fiscal 2026, el Congreso local asignó entre el 3.06 por ciento y el 3.2 por ciento, al considerar que el cálculo debe realizarse sobre los ingresos de libre disposición y no sobre el presupuesto total; por ello, aseguró que la UV sigue realizando las gestiones necesarias para recibir lo que le corresponde en cada ejercicio fiscal; como dicta el artículo 10 constitucional. Aunque al momento de la aprobación de ese presupuesto no dijo absolutamente nada, ya que continuaba el proceso de impugnación a la ilegal prórroga que le concedió la Junta de Gobierno de la UV.
“La Universidad Veracruzana realiza gestiones permanentes con las autoridades federales y estatales, con el propósito de fortalecer el financiamiento institucional para el ejercicio 2026. Estas gestiones se sustentan en el principio de concurrencia de los gobiernos federal y estatal en el financiamiento de la Educación Superior Pública, tal como lo establece la legislación educativa vigente, es necesario continuar con la gestión para que la UV reciba el 4 por ciento del presupuesto total del Gobierno del Estado como lo establece el artículo 10 constitucional que corresponde a la autonomía financiera de nuestra institución”, expuso.
