La Fiscalía General de la República (FGR) abrió un nuevo frente judicial contra el exgobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa, imputándole el delito de peculado derivado del presunto desvío de cinco millones de pesos en 2012, recursos que estaban destinados a un fondo de apoyo a personas con discapacidad en Veracruz.
Este delito se castiga con hasta 14 años de prisión, lo que impediría que Duarte recupere su libertad en abril de 2026, cuando se cumple su sentencia actual de nueve años por asociación delictuosa y lavado de dinero.
El proceso ha estado marcado por aplazamientos reiterados. El juez de control Gustavo Aquiles Villaseñor ha pospuesto la audiencia de imputación en al menos tres ocasiones, ya que la defensa de Duarte ha alegado “problemas de salud” de sus abogados como motivo para diferir las diligencias.
El juez incluso advirtió que podría asignar un defensor público para evitar que las tácticas dilatorias sigan obstaculizando el proceso. La FGR ha señalado que estas maniobras buscan retrasar la imputación y ganar tiempo hasta la fecha de liberación prevista.
Si Duarte es vinculado a proceso por peculado, no podrá salir de prisión en abril, prolongando su estancia en el Reclusorio Norte.
