*El documento de mil 320 páginas destaca la reducción de la deuda, inversiones anunciadas por 8 mil 650 millones de dólares y la distribución de 37 millones de piezas de medicamentos. Sin embargo, varios de sus indicadores no permiten establecer con precisión el impacto de las acciones gubernamentales, mientras que persisten interrogantes sobre el abastecimiento hospitalario, los resultados en seguridad y la atención a los damnificados por inundaciones.
El Segundo Informe de Gobierno de Rocío Nahle García presenta un panorama de avances en las finanzas públicas, infraestructura, salud, seguridad y desarrollo económico de Veracruz, pero una revisión de sus principales indicadores revela vacíos de información que dificultan evaluar los resultados efectivos de la administración estatal durante 2025 y 2026.
El documento, entregado al Congreso del Estado, contiene cifras sobre inversiones, apoyos sociales, obras públicas, distribución de medicamentos y reducción de delitos. No obstante, una parte importante de la información corresponde a actividades realizadas, recursos ejercidos o beneficios anunciados, sin que en todos los casos se acompañe de indicadores suficientes para determinar cuánto mejoraron los servicios públicos o las condiciones de vida de la población.
La propia administración sostiene que durante sus primeros dos años alcanzó resultados sin precedentes e incluso cumplió anticipadamente algunas metas proyectadas para el sexenio. Sin embargo, esas afirmaciones requieren contrastarse con los indicadores originales del Plan Veracruzano de Desarrollo 2025-2030, sus líneas de base y las metas anuales correspondientes.
Uno de los ejemplos más claros se encuentra en el sector salud, donde el gobierno presume haber entregado 37 millones de piezas de medicamentos durante los primeros dos años, pero la información examinada no permite determinar el porcentaje de recetas surtidas completamente ni el nivel de abastecimiento de cada hospital y centro de salud.
Millones de medicamentos entregados, pero sin precisar cuántas recetas se surtieron
El informe señala que mediante las estrategias Rutas de la Salud y Camionetitas de la Salud se distribuyeron 29 millones 711 mil 466 piezas de medicamentos y material de curación en unidades médicas de Veracruz.
De esa cantidad, 14 millones 998 mil 693 piezas se destinaron al primer nivel de atención y 14 millones 712 mil 773 al segundo y tercer nivel.
Adicionalmente, reporta el ingreso a almacenes de 23 millones 173 mil 200 piezas de medicamentos, con una inversión en especie equivalente a mil 910 millones 317 mil 322 pesos de recursos federales y estatales.
También sostiene que durante 2026 se entregaron directamente 19 millones 955 mil 273 piezas de medicamentos a 876 unidades hospitalarias y centros de salud, para alcanzar un acumulado de 37 millones en dos años.
Sin embargo, distribuir millones de piezas no equivale necesariamente a garantizar que los pacientes reciban todos los medicamentos prescritos.
En la información presentada no se identifica un indicador de surtimiento completo de recetas por unidad médica, tampoco se precisa el número de pacientes que no pudieron recibir sus tratamientos por falta de existencias ni se ofrece un desglose de los medicamentos con mayor desabasto.
Otra limitación consiste en que se mezclan cifras de medicamentos, material de curación, ingresos a almacenes y entregas a unidades médicas, conceptos que deben distinguirse para evitar interpretaciones equivocadas sobre la disponibilidad real de los insumos.
El gobierno afirma que las entregas permitieron garantizar el suministro ininterrumpido, pero esa conclusión no puede comprobarse únicamente con los volúmenes distribuidos que aparecen en el documento.
Gobierno presume reducción de homicidios, feminicidios y extorsiones
En materia de seguridad, el Segundo Informe sostiene que Veracruz registró disminuciones en diversos delitos de alto impacto, entre ellos homicidio doloso, feminicidio, extorsión y secuestro.
Según las cifras que atribuye al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y septiembre de 2026 la tasa de víctimas de homicidio doloso disminuyó 19.5 por ciento respecto del periodo anterior, al pasar de 9.15 a 7.37 por cada 100 mil habitantes.
En feminicidio, la administración reporta una reducción de 39.4 por ciento, al pasar de una tasa de 0.66 a 0.40 por cada 100 mil mujeres. Para extorsión, la disminución anunciada es de 53.6 por ciento, al pasar de 7.65 a 3.55.
Aunque se trata de indicadores relevantes, su interpretación requiere considerar el número absoluto de víctimas, las denuncias registradas, la evolución histórica de cada delito y las posibles diferencias entre los hechos ocurridos y los casos denunciados.
Particularmente en extorsión, las estadísticas basadas en denuncias no necesariamente reflejan la totalidad de los hechos, debido a la cifra negra asociada a este delito.
Además, una disminución en las tasas de incidencia no equivale automáticamente a una mejora en la capacidad de investigación y procuración de justicia.
Para evaluar este último aspecto también se necesitan indicadores sobre carpetas de investigación resueltas, órdenes de aprehensión cumplimentadas, personas vinculadas a proceso y sentencias condenatorias.
Finanzas: más inversión pública y menor costo de la deuda, según el gobierno
Otro de los apartados centrales es el de las finanzas estatales, donde Nahle presenta como uno de sus principales resultados el saneamiento de las obligaciones financieras heredadas de administraciones anteriores.
El informe reporta una inversión pública de 5 mil 774.15 millones de pesos, equivalente a un incremento de 33 por ciento respecto de 2025, con mil 431.62 millones adicionales.
Asimismo, sostiene que la amortización de la deuda aumentó 199 por ciento, hasta alcanzar 3 mil 916.77 millones de pesos al cierre de 2026.
El costo financiero de la deuda, según el documento, disminuyó 22.9 por ciento, lo que representa un ahorro de mil 23.3 millones de pesos.
Sin embargo, el propio apartado de indicadores de gasto señala que utiliza información de la Cuenta Pública y proyecciones de la Secretaría de Finanzas y Planeación.
Esto resulta importante porque las cifras proyectadas para el cierre de 2026 no deben interpretarse como resultados definitivos ya auditados, especialmente cuando el informe se presenta antes de concluir el ejercicio fiscal.
Tampoco basta con conocer el monto global de inversión pública para establecer su impacto: es necesario identificar las obras terminadas, aquellas que permanecen en ejecución, sus costos finales, los plazos contractuales y la población efectivamente beneficiada.
Anuncian inversiones por 8,650 millones de dólares, pero no todas son proyectos concretados
En desarrollo económico, la administración estatal destaca que Veracruz ocupa el sexto lugar nacional por el tamaño de su economía y presume anuncios de inversión por 8 mil 650 millones de dólares durante los primeros dos años de gobierno.
También reporta 34 iniciativas productivas dentro del denominado Portafolio para la Prosperidad Compartida, con potencial para generar alrededor de 30 mil 461 empleos directos e indirectos.
Sin embargo, el documento distingue expresamente que se trata de inversiones anunciadas y empleos potenciales, no necesariamente de capital ya ejercido ni de puestos de trabajo efectivamente creados.
Para conocer el impacto económico real de esos proyectos es necesario establecer cuáles iniciaron operaciones, cuánto capital se ha invertido efectivamente, qué empresas cumplieron sus compromisos y cuántos empleos formales fueron registrados.
Sin esa distinción, los anuncios de inversión pueden proyectar una imagen de crecimiento que todavía no corresponde íntegramente a resultados materializados.
Fideicomiso para desastres: 883 millones destinados, sin desglose suficiente de los helicópteros
Un apartado especialmente relevante es el correspondiente al Fideicomiso de Protección Civil para la Atención de Desastres Naturales y Otros Siniestros (FIDENAV).
El gobierno asegura que sustituyó un esquema de aseguramiento privado que, según sus cálculos, ofrecía una cobertura efectiva de apenas 28 millones de pesos, por un mecanismo que permitió disponer de mil 30 millones de pesos durante 2025.
Para 2026, reporta recursos destinados por 883.76 millones de pesos.
Sin embargo, en esa cantidad agrupa conceptos de naturaleza distinta: reconstrucción de zonas afectadas, adquisición de materiales de apoyo educativo para instalaciones de la Universidad Veracruzana dañadas por contingencias y la compra de cuatro helicópteros.
El documento justifica las aeronaves como herramientas para transportar personal, medicamentos y alimentos cuando las carreteras resulten afectadas por emergencias.
Pero el apartado financiero examinado no desglosa cuánto corresponde a cada concepto, cuánto se pagó por los helicópteros, qué proporción de los recursos se destinó a reconstrucción ni cuál es el saldo disponible del fideicomiso.
La omisión resulta especialmente significativa porque impide determinar cuánto dinero fue utilizado directamente para atender a los damnificados y cuánto para adquirir bienes que permanecerán en el patrimonio del gobierno estatal.
Tampoco permite evaluar si los recursos disponibles serán suficientes para responder a nuevos desastres naturales.
Protección Civil presume 212 atlas municipales de riesgos
En prevención de desastres, el informe destaca la elaboración de 209 atlas municipales de riesgos y la incorporación de otros tres elaborados o actualizados de manera autónoma por los ayuntamientos de Yecuatla, Perote y Xalapa.
Con ello, el gobierno afirma que los 212 municipios de Veracruz cuentan con estos instrumentos.
También reporta la actualización del Atlas de Riesgos estatal y la implementación del Sistema Regional de Alerta Temprana Multirriesgo Veracruz Norte, destinado a fortalecer el monitoreo y la respuesta ante lluvias intensas, inundaciones y otros fenómenos.
No obstante, la existencia de atlas y sistemas de alerta no demuestra, por sí sola, que todas las comunidades vulnerables cuenten con rutas de evacuación, refugios adecuados, protocolos operativos y mecanismos efectivos de comunicación.
El informe también señala que, para evaluar predios afectados por las inundaciones de octubre de 2025 y posibles zonas de reubicación, se realizaron cinco visitas en tres municipios: Ilamatlán, Zacualpan y Zontecomatlán.
De esos trabajos derivaron 28 documentos técnicos, entre ellos 11 evaluaciones de predios destinados a reubicación.
La información es relevante, pero no equivale a conocer cuántas familias fueron efectivamente reubicadas, cuántas viviendas se reconstruyeron y qué comunidades siguen expuestas a riesgos.
Apoyos sociales y educación: cifras de cobertura, pero falta medir resultados
En el ámbito social, el gobierno reporta una inversión acumulada de 293 millones de pesos en el programa Apoyo a la Palabra y la entrega de 103 mil 123 apoyos a familias de 131 municipios.
En educación, destaca la condonación de inscripciones a 353 mil 835 estudiantes de nivel medio superior y superior, además de un incremento en las becas y estímulos educativos.
Estas cifras permiten conocer la cobertura de los programas, pero no son suficientes para establecer sus resultados a mediano plazo.
En el caso de Apoyo a la Palabra, es necesario conocer cuántos proyectos productivos permanecen activos, cuánto aumentaron los ingresos de sus beneficiarios y qué mecanismos se utilizan para evaluar su continuidad.
En educación, el número de estudiantes beneficiados tampoco permite determinar si las medidas redujeron el abandono escolar, mejoraron el aprendizaje o incrementaron la permanencia en los planteles.