El periodista poblano Rodolfo Ruiz Rodríguez, director del portal de noticias e-consulta, fue imputado por la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en un proceso que organizaciones civiles y defensores de la libertad de expresión califican como un ataque directo al periodismo crítico e independiente.
La investigación se originó en 2020 a petición de la Secretaría de Finanzas del gobierno de Luis Miguel Barbosa Huerta, pero fue hasta esta semana, ya en el gobierno del marinista Alejandro Armenta, que el comunicador comenzó a recibir citatorios.
La fiscalía lo acusa de haber pagado a uno de sus abogados con “recursos ilícitos”, pese a que el propio defensor presentó factura y comprobante de transferencia bancaria que cubrió sus honorarios.
La defensa denunció que el juez entregó expedientes incompletos, dañados y con hojas faltantes, además de negarse a diferir audiencias para cotejar la información.
Ante las presiones y amenazas, varios abogados renunciaron a la defensa, dejando al periodista en una situación de vulnerabilidad jurídica.
Ruiz sostiene que el proceso es una represalia por las investigaciones publicadas en e-consulta, entre ellas las que documentaron corrupción y extorsiones cometidas por funcionarios de la Fiscalía General del Estado. Paradójicamente, es la misma fiscalía la que ahora lo acusa.
El comunicador advirtió: “Lo que buscan es cerrar e-consulta, porque les somos incómodos, quieren desaparecer el medio y callarnos”.
La organización Artículo 19 alertó que este tipo de procesos judiciales son utilizados por quienes detentan el poder para censurar, intimidar y limitar el debate público. Recordó que desde abril se han documentado discursos estigmatizadores contra e-consulta en conferencias oficiales, donde se ha intentado criminalizar al medio.
Varios medios de comunicación y periodistas, dentro y fuera de Puebla, se solidarizaron con Rodolfo Ruiz y demandaron que cese el hostigamiento judicial en su contra. El gobernador Armenta, con cinismo, aseguró no tener que ver con la investigación y que hasta “me cae bien” el comunicador agredido.
El caso de Rodolfo Ruiz no es aislado. Se inscribe en una estrategia de acoso judicial y administrativo contra medios críticos; refleja la intención de desmantelar espacios de periodismo independiente mediante la saturación de denuncias, imputaciones y procesos legales; y expone la fragilidad del sistema judicial, que se presta a ser instrumento de venganza política.
