Periodistas y académicos exigieron a las autoridades políticas, electorales y judiciales detener el acoso judicial y la censura en contra de periodistas y de la libertad de expresión que se coarta sistemáticamente en los últimos meses.
En un pronunciamiento coordinado por el Observatorio de Libertad de Expresión de la Universidad de Guadalajara, destacaron que desde inicios del 2025, se han dado diversas agresiones a periodistas que implican el uso y abuso de figuras legales. Cerca de las elecciones, varios periodistas, entre ellos Héctor de Mauleón, fueron notificados por institutos electorales estatales y obligados a retirar sus artículos cuando se referían a candidatas (particularmente mujeres) y sus vínculos con redes de corrupción o nepotismo. La figura empleada fue la de violencia política por razón de género, usada de manera abusiva.
Artículo 19, en su informe más reciente, previene sobre el crecimiento del acoso judicial contra periodistas. De los 21 casos registrados en 2024, el 21.57 por ciento usó la figura de violencia política en razón de género.
Otros hechos de los que se tuvo noticia de manera casi simultánea en junio, son, por un lado, la promulgación de la Ley de Ciberseguridad en Puebla, contra personas que emitan reiteradamente insultos a través de redes sociales y, por otro, las medidas, a todas luces excesivas, aplicadas contra el periodista Jorge Luis González y el diario Tribuna, en Campeche, entre las cuales se le condena a no ejercer permanentemente la profesión periodística, e incluso se condenó al diario Tribuna a cerrar sus puertas, por presunta incitación al odio y a la violencia contra la gobernadora Layda Sansores.
Puntualizaron que el estado de Veracruz, que sigue estando a la cabeza en cuanto a la cantidad de periodistas asesinados, no estuvo exento de estos ataques. La Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial determinó en abril de 2025 que los periodistas María Isabel Ortega, Alfredo Quezada, Ángel Camarillo, Eliseo Tejeda (QEPD) y Élfego Riveros habían cometido violencia política en razón de género contra la candidata a la presidencia municipal de Teocelo en 2020-2021.
“Ángel Camarillo en la nota original publicada en el medio digital Alcalorpolitico en 2024, señalaba los vínculos familiares con políticos en funciones, de varios candidatos y candidatas a las presidencias municipales en diversos lugares de Veracruz, incluida la entonces candidata de Teocelo. Élfego Riveros, director de una prestigiosa estación de radio comunitaria, Radio Teocelo, reprodujo la información al aire. Se condenó a los periodistas a pedir una disculpa pública, a retirar la información de sus medios, a pagar una multa y a quedar inscritos en una lista de aquellos que cometen violencia política por razón de género. En ninguno de estos casos hubo lenguaje ofensivo o malicia efectiva, es decir, que no hubo la clara intención de ofender o insultar. Se presentaron hechos, basándose en datos verificables, sin estereotipos de género.”
En mayo de 2025, el Tribunal Electoral de Veracruz dio entrada a una nueva demanda. La entonces candidata volvía a serlo para la presidencia municipal del mismo lugar y acusaba a Radio Teocelo y a otros medios y perfiles de Facebook que habían denunciado los mismos vínculos familiares, por violencia política en razón de género.
“En la nueva demanda, se incluyó a La Jornada Veracruz por haber entrevistado al director de la radio comunitaria y a la coordinadora del Observatorio de Libertad de Expresión de la Universidad de Guadalajara, Celia del Palacio Montiel, por haber denunciado el abuso judicial, tanto en el caso de Héctor de Mauleón, como de la demanda anterior de la candidata, en una colaboración trasmitida por Canal 44 de la UdeG.”
El Tribunal Electoral se declaró incompetente para juzgar el caso y lo pasó al Órgano Electoral del Estado (OPLE), quien dictó como medida cautelar, que se retiraran todos los materiales publicados sobre el tema.
Están pendientes de resolución los cargos por violencia política en razón de género, revictimización e interferencia en el derecho a ser electa, y de difundir información sobre la demanda del Tribunal Federal durante la veda electoral, cosa que no ocurrió, ya que transmitió la cápsula dos días antes de que esta iniciara.
“Todos estos casos son alarmantes, toda vez que, en contextos electorales, la libertad de expresión adquiere especial importancia y las candidaturas deben tener mayor umbral de tolerancia a la crítica y al escrutinio público. Si bien la figura legal de ‘violencia política de género’ existe y sirve para erradicarla, no debe abusarse de ella para evitar la crítica, desvirtuando así su propósito.”
Sentenciaron que el retiro de materiales informativos de un medio es una forma de censura que impide que la ciudadanía conozca y valore las alternativas y pueda tomar decisiones informadas, requisito indispensable para el ejercicio de la democracia.
“Es por ello por lo que exigimos a los consejeros de los órganos electorales estatales y al INE a no permitir que por vías administrativo-electorales se coarte sistemáticamente la libertad de expresión de los periodistas y al derecho a la información de la ciudadanía, abusando de figuras legales cuyo propósito queda desvirtuado.”
