En su iniciativa de reforma a la Administración Pública Federal enviada al Congreso de la Unión, la presidenta Claudia Sheinbaum condena a la desaparición al Instituto Nacional de Acceso a la Información, Transparencia y Protección de Datos Personales (INAI), al concentrar sus funciones en una secretaría de Estado del mismo Ejecutivo.
Sheinbaum plantea crear la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que estará a cargo de la política de transparencia, protección de datos personales y contrataciones públicas del gobierno federal. Esta dependencia sustituirá a la Secretaría de la Función Pública.
La Secretaría Anticorrupción tendrá que “elaborar y conducir la política pública en materias de integridad pública, evaluación de la gestión gubernamental, mejora continua, modernización, contrataciones públicas, transparencia en la gestión pública, rendición de cuentas, fiscalización y anticorrupción de la Administración Pública Federal”.
También “establecerá las políticas, bases y normativa para la determinación de la información de interés público que, en materia de anticorrupción y buen gobierno, se deba difundir proactivamente”.
Esto es, el gobierno decidirá qué se hace público y qué no, destruyendo el principio de máxima publicidad que sustenta al derecho a la información, convirtiéndose además en juez y parte.
La comisionada del INAI Julieta del Río señaló que “en la reforma se tendría que definir ¿qué pasa con los otros sujetos obligados, que no son parte de la administración pública? Porque esta ley solo resuelve sobre los temas relacionados con el Ejecutivo”.
La iniciativa no aclara quién controlará el acceso a la información en instituciones que no pertenecen a la administración pública centralizada, como universidades, sindicatos, partidos políticos, la Cámara de Diputados, el Senado de la República y el Poder Judicial de la Federación, puntualizó Del Río.
