El diputado del PRI, Marlon Ramírez Marín, expresó preocupación por la creciente cantidad de irregularidades administrativas en la dependencia de salud. A pesar de no conocer personalmente a Guadalupe Díaz del Castillo Flores, quien fue designada como Secretaria de Salud y Directora de Salud, cuestionó si continuará la misma línea de trabajo que sus predecesores.
Ramírez Marín resaltó que se han asignado contratos a empresarios cuya identidad es desconocida, así como a beneficiarios de programas públicos.
Marlon Ramírez Marín hizo hincapié en el caso de Bety Torres Hernández, que recibió un contrato de un millón 92 mil pesos a pesar de tener un salario de 14 mil pesos en la Secretaría de Salud. También mencionó a Misael Carmona Medina, un beneficiario de un programa social de 24 años que recibió contratos por 22.9 millones de pesos.
El diputado del PRI enfatizó la necesidad de la Legislatura de auditar los otros poderes del Estado y revisar el gasto público. Además, se refirió a la empresa Dicipa S.A. de C.V, que había sido determinada como inelegible en el Diario Oficial de la Federación debido a incumplimientos, pero que, sorprendentemente, obtuvo contratos en la Secretaría de Salud.
Por su parte, el diputado del PAN, Miguel Hermida Copado, denunció el subejercicio y la reducción de la inversión pública, estimando que había 10 mil millones de pesos sin gastar en el segundo semestre, en su mayoría en la Secretaría de Salud.
