La entrega de adjudicaciones directas a empresas de reciente creación, a personas físicas, la utilización de jóvenes sin experiencia y de beneficiarios de programas sociales, es el esquema para desviar recursos que se ha aplicado en al menos 18 dependencias del Gobierno del Estado de Veracruz, y los hallazgos tan solo en la Secretaría de Salud son por mil 593 millones 700 mil pesos, acusó el diputado local Marlon Ramírez Marín.
Detalló que en SESVER hay 50 empresas reciente creación en el período 2019 a 2022; colusión con otras empresas por medio de representantes legales; 160 contratos de 2019 a 2022 por un monto de mil 87.1 millones de pesos, de los cuales 94 contratos fueron por adjudicación directa por un monto de 315.3 millones, y 66 contratos fueron por invitación por un monto de 771.8 millones.
Señaló que existen 190 contratos por igual número de personas físicas por 506.3 millones de pesos y que 44 personas físicas son beneficiarias de programas sociales con una asignación 122.8 millones y a la vez empleados del gobierno estatal cuando se asignaron contratos.
Ejemplificó algunos casos como el de Bethy Torres Hernández, de 23 años de edad, empleada de SESVER, a quien se le dio un contrato por un millón 92 mil 799.99 pesos; a Misael Carmona Medina, de 24 años, beneficiario de Jóvenes Construyendo el Futuro, le asignaron 22.9 millones de pesos en contratos; así como una lista de personas físicas con contratos para mantenimiento en la pandemia 2019-2020, por 136.4 millones de pesos.
Se trata –refirió- de más casos como el de Araly Rodríguez Vez, la empleada de la SEV con contratos de hasta 100 millones de pesos, asunto que no se ha esclarecido.
Mencionó además el caso de DICIPA, S.A. DE C.V., empresa que fue vetada para recibir contratos en todo el país, de acuerdo con un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de enero de 2023. “Cuatro meses después se le asignaron contratos por más de siete millones de pesos”, acusó Ramírez Marín.
“Esto para mí adquiere características de presunta delincuencia organizada. Hay un claro desvío de recursos y una omisión de un deber legal. El difunto exsecretario de Salud Gerardo Díaz Morales me ofreció que de manera conjunta acudiéramos a estas instancias, a la Fiscalía General, a la Fiscalía General de la República”, dijo en conferencia de prensa.
Advirtió que en estos presuntos actos de corrupción están implicadas las secretarías de Finanzas y de Salud, así como la Contraloría General del Estado, ya que la Subsecretaría de Administración y Finanzas de Sefiplan y la Dirección de Administración de SESVER tienen la responsabilidad de registrar a los proveedores, saber si tienen la capacidad, y son las que dispersan el dinero, lo radican a las dependencias y son ejecutoras del gasto.
“A lo mejor ahí encontraremos la explicación de porqué hay más de 17 mil bardas pintadas en todo el estado, y porqué hay miles de espectaculares en todo el territorio veracruzano”, sentenció Marlon Ramírez, quien destacó que ha cambiado en tres ocasiones la titularidad de la Secretaría de Salud, pero nunca ha cambiado el área administrativa, “y hasta el día de hoy no hay una sola observación por parte de la Contraloría”.
