Despojo y crimen organizado desde el gobierno de Veracruz
Por Aurelio Contreras Moreno
A finales de mayo de este año, se supo que David Jiménez Rojas tramitó un amparo luego de que policías ministeriales fueron a buscarlo –con la intención de detenerlo- al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, Transparencia y Protección de Datos Personales (IVAI), a donde no se presentó a trabajar durante varios días.
Una semana después, rindió protesta como presidente del organismo garante de la transparencia y el derecho a la información en el estado de Veracruz, del cual ni siquiera debió ser nombrado como comisionado, pues fue representante de Morena ante organismos electorales durante los comicios de 2021.
Tras su toma de protesta, Jiménez Rojas justificó su ausencia alegando ante los medios que tuvo covid-19, por lo que se incapacitó por un periodo de semana y media. Coincidentemente, cuando fueron a buscarlo los ministeriales.
“Y en ese periodo vino personal de la policía de investigación (sic) para solicitar informes. De hecho, no supieron comunicarme a bien, nada más me dijeron: te vino a buscar la policía de investigación, que te quieren llevar o algo así”, afirmó Jiménez Rojas, mientras sostenía que no conocía la carpeta de investigación en su contra.
“Ustedes conocen más de la carpeta que su servidor, yo con mucho gusto voy a asistir a la Fiscalía, me voy a apersonar para conocer los elementos, aportar, coadyuvar con la autoridad ministerial. Es un derecho, pero sobre todo una obligación como ciudadano”, dijo en ese momento.
Pero estaba mintiendo, pues por supuesto que sabía que enfrenta acusaciones por presunto despojo de ranchos y otras propiedades en al menos cuatro municipios, ilícito que habría cometido mientras fungió como Director General del Registro Público de la Propiedad y de Inspección y Archivo General de Notarías del gobierno de Veracruz entre 2018 y 2019. Al inicio de la administración de Cuitláhuac García Jiménez.
De acuerdo con la denuncia en su contra –de la cual se cuenta con una copia-, David Jiménez Rojas, junto con el entonces subdirector del Registro Público de la Propiedad Leandro Zamora Fernández, ordenaron la inscripción de “contratos privados” en favor de un tal Alejandro Montiel Díaz para adjudicarle propiedades que tenían dueños que, a su vez, contaban con escrituras con antecedentes registrales de varios años antes.
Los legítimos propietarios se presentaron en el Registro Público de la Propiedad –que depende de la Secretaría de Gobierno- demostrando su derecho sobre los inmuebles despojados en una extensión de aproximadamente 24 hectáreas en la localidad “El Pando”, en el municipio de Puente Nacional, por lo cual la propia dependencia ordenó presentar la denuncia en contra de sus ex directivos.
Los ocho afectados originales aseguran además que sus propiedades fueron ocupadas por personas armadas, mientras que han recibido amenazas de muerte de manera anónima, por lo que temen por su seguridad e integridad física y presumen la participación de la delincuencia organizada en estas acciones.
Afirmaron además que tienen documentados al menos otros 20 casos de despojos ilegales operados bajo el mismo esquema por David Jiménez Rojas, quien desde hace algunas semanas mandó colocar una aparatosa red de vigilancia en las instalaciones del IVAI, por aquello de que vayan a regresar por él los ministeriales.
A pesar de las denuncias y las pruebas presentadas, la Fiscalía General del Estado no las ha hecho cumplir y Jiménez Rojas se mantiene en su cargo, en lugar de ser sometido a una investigación y un proceso penal.
¿Se deberá acaso a que quien era su “padrino” y superior jerárquico en el momento de los hechos denunciados no es otro que el secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, quien también es señalado como responsable por los afectados, y a quien hasta los “coscorrones” del presidente López Obrador le hacen “lo que el viento a Juárez”?
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