Los cafés de la ira

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Por Fernando Celis

Vivimos un nuevo capítulo de la disputa por los precios del café entre las transnacionales cafeteras y los pequeños productores de café de México.

El 26 de mayo del 2023 fuerzas de seguridad detuvieron y encarcelaron a Cirio Ruiz, Minervo Cantor, Abraham Cabal, Viridiana Bretón y Crisanto Valiente. No hubo avisos previos ni presentación de órdenes de aprehensión, y durante la detención se golpeó a algunos de los familiares. Parecía un secuestro. Los detenidos fueron llevados al penal de la Loma, cerca de Córdoba, Veracruz como reos peligrosos.

No lograron aprehender a Ambrosio Peña, Telésforo Peña, Judith Valencia y Salistiano Sánchez porque se escondieron a tiempo.

Un juez de Huatusco ordenó la detención a partir de una acusación contra los productores, de la empresa Agroindustrias de México, AMSA, que es filial de la transnacional ECOM- Trading, la segunda mayor compradora de café a nivel mundial. Se culpaba a los detenidos de ser promotores y autores de un incendio ocurrido el 24 de enero del 2022 a las 6 de la tarde, en una parte pequeña del beneficio de café de AMSA, ubicado en Ixhuatlán del Café, Veracruz.

Las pruebas presentadas en su contra son falsas ya que se utilizaron fotos de los acusados de un video del medio «la Nigua», de una asamblea realizada el 24 de enero del 2022 a mediodía y en la que se encontraban cientos de productores, la presidenta Municipal y funcionarios del gobierno del estado. Era la asamblea informativa de una comisión que había asistido a Xalapa el 23 de enero a reclamar los bajos precios del café que estaba pagando AMSA. Se señala dolosamente que en esa asamblea los acusados estaban incitando a los productores a quemar el beneficio. Algunos testigos de dicho señalamiento, dicen que se acercaron a la reunión de los productores y escucharon “cómo los acusados ordenaban que se quemara el beneficio” y dos dijeron haber oído: “que se quemaran vivos también a los que estaban dentro”. Dieron los nombres de los inculpados y cuando les preguntaron si los conocían, un testigo solo pudo dar vagas referencias de dos, de los que supo por su participación en campañas electorales.

El conflicto entre AMSA y los cafetaleros de Ixhuatlán tiene historia, viene de años atrás. Con buenas cosechas cuando aumentaba el corte de grano, AMSA bajaba los precios de compra del café cereza y cerraba centros de compra con el pretexto de que no había suficiente capacidad de beneficiado.

En varias ocasiones los cafetaleros presionaron a la empresa, bloqueando carreteras y haciendo manifestaciones, gracias a lo que lograban algunos acuerdos con ésta, pero en las siguientes cosechas AMSA volvía a bajar los precios, sin respetar lo acordado.

En la cosecha del ciclo 2021-22 el conflicto fue mayor. Los productores de café venían de varios años de pérdidas en la producción, debido a la afectación del hongo de la Roya en sus cafetales y a las continuas bajas cotizaciones del café.  En el mencionado ciclo, la cosecha inició con precios altos ya que en Brasil hubo fuertes pérdidas de producción por sequía y una helada. Desde diciembre del 2021, ya se pagaban precios de 18 y 19 pesos por kilo de cereza. Había un entusiasmo generalizado entre los productores y se decía que los precios llegarían a más de 20 pesos el kilo. Sin embargo, hacia a mediados de la cosecha, en la segunda quincena de enero, ocurrió una pequeña baja en el precio de las referencias internacionales y una apreciación del peso frente el dólar, y según el reporte de la Comisión de Seguimiento de los Precios del Café, conformada por las organizaciones de productores, se hubiera podido pagar el kilo de Cereza en alrededor de 17.50 pesos. Pero AMSA, en evidente coordinación con otras empresas, bajó los precios del kilo de cereza a 12 y 13 pesos. Al cerrar centros de compra muchos productores se vieron obligados a vender su café a los «coyotes» con precios todavía más bajos, y ese grano después llegaba a las mayores empresas compradoras. Esta situación generó mucho enojo entre los cafetaleros y no menos de mil productores participaron en varias acciones; una de ellas fue bloquear el beneficio de AMSA en Ixhuatlán, demandando aumento a los precios del café y exigiendo que se abrieran los centros de compra a más productores.

En la asamblea del 24 de enero en la plaza municipal, cientos de productores se negaron a aceptar la minuta que se había hecho en Xalapa ya que no se daban respuestas adecuadas a sus demandas.  El 24 de enero a las 6 de la tarde se produjo un incendio en una oficina del beneficio y se decía que entraría la Guardia Nacional y policías, y que se detendrían a los que estaban en el plantón. Los productores se dispersaron. En los siguientes días, la empresa corrió el rumor de que demandaría a los que habían promovido el incendio. Algunos funcionarios del gobierno del estado, de acuerdo con el gerente de AMSA, ya tenían preparada una denuncia contra la expresidenta municipal de Ixhuatlán del Café y tres «coyotes», responsabilizándolos del bloqueo al beneficio. Al parecer se consideró que esto no era suficiente para detenerlos, y entonces como es ampliamente sabido en la región, desde la empresa se orquestó el incendio, con lo que se tendrían elementos contundentes para una acusación que llevara a detenciones. La novedad fue que en ésta se incluyó a más personas. Es evidente que AMSA quería mostrar una posición de poder intimidando a los productores de café, a nivel local y también nacional, que les quedara claro a los cafetaleros de Veracruz y del país, que aunque protestaran por los abusos de la empresa, AMSA tenía relaciones y poder para acusar y encarcelar a varios representantes, sin que pasaba nada. Se entiende que el gerente de la empresa y sus aliados calcularon que todo estaba a su favor para lograr la detención de las personas señaladas.

Al respecto se considerarían tres cuestiones:

1. La empresa AMSA es miembro de la ANICAFE, organismo que encabeza la Nestlé, y en el que participan los principales comercializadores e industrializadores de café en México. Durante los últimos años la Nestlé ha aumentado su poder en el país, y presume su influencia con la presidencia de la República. Mediante la marca Nescafé, ha aumentado un 60% el porcentaje del consumo nacional de café y ha logrado bloquear, con relativa facilidad, las exigencias del sector productor de que se revise la calidad y sanidad del café importado, de que no se utilicen cafés dañados, de que en el consumo nacional no se tenga un excesivo manejo de saborizantes y endulzantes artificiales.

Tres compañías transnacionales: la Nestlé (que habilita compradores) AMSA-ECOM y Cafés California (Neumann), manejan alrededor del 70% de la comercialización del café convencional mexicano y han impuesto un modelo de compras que no considera mayores precios por mejor calidad y donde se aplican altos gastos de comercialización en los precios pagados a los productores. En la Cámara de Diputados se ha bloqueado sistemáticamente la aprobación de una nueva ley del café, promovida por el sector productor, argumentando que algunos puntos que tienen que ver con la comercialización y calidad del café son inconstitucionales y afectan el libre comercio del grano. Probablemente estas trasnacionales calcularon que contarían con un respaldo suficiente de la ANICAFE.

2. Hay funcionarios de la SADER que protegen y promueven los intereses de las compañías transnacionales señaladas. Por ejemplo el Secretario Víctor Villalobos, es un activo impulsor de incrementar siembras de café Robusta en México a partir del esquema que le interesa a la Nestlé. De la misma manera, el director de Fomento a la Agricultura Santiago Argüello, que en el conflicto de enero del 2022 por la baja arbitraria de precios que realizó AMSA, acudió a Veracruz y se puso abiertamente del lado de los intereses de esta empresa.  De la mano con el gerente Faus presentaron a los funcionarios de Veracruz una justificación de la baja de precios pagados por la empresa. Señalaban que debería investigarse y sancionarse a los coyotes involucrados en el incendio del beneficio, pero también a los que estaban detrás y los habían azuzado y mencionaban a dos personas.

Todavía en el presente mes de junio, el Secretario Villalobos envió un escrito al gobernador de Veracruz, diciendo que los acusados por el incendio tenían «disponibilidad para reparar los daños ocasionados al beneficio». Falso. Los acusados nunca solicitaron esto al Srio; más bien se dejó ver la intención de Argüello por favorecer los intereses de la empresa AMSA, que sigue repitiendo “que si los acusados aceptan reponer los daños podrían retirar la demanda”.

3. Es claro el interés de funcionarios del estado de Veracruz de involucrar a la ex presidenta de Ixhuatlán del Café Viridiana Bretón por venganza política. Pero no se sabe quiénes se involucraron en ampliar la acusación a más productores de café.  Es sabido que algunos tenían influencia sobre el gobernador y éste dijo que había evidencias de la participación de los acusados en el incendio y que lo mejor era que aceptaran reparar los daños con lo que saldrían libres, y que sería un simple acuerdo entre particulares.

Después de la detención, los familiares, personas solidarias, grupos sociales y organizaciones cafetaleras que los apoyan, realizaron manifestaciones en el centro de Xalapa, conferencias de prensa y divulgaron múltiples comunicados y documentos a los medios. Se ha demostrado a detalle la falsedad de las pruebas que presenta AMSA en la acusación, pues se cuenta con evidencias claras de que los acusados estaban en otra parte cuando ocurrió el incendio, por lo que era imposible que hubieran participado en este evento.  Hubo comunicación con el director internacional de ECOM, Eduardo Esteve para solicitarle que retiraran la demanda señalando la falsedad de las pruebas. También se han realizado gestiones con varios funcionarios federales y se presentó el caso al Presidente López Obrador, quien instruyó al Srio. de Gobernación que atendiera la cuestión de los cafetaleros detenidos. Este funcionario no hizo nada, porque su interés está más en su lanzamiento para la candidatura a la presidencia desde su partido.

El lunes 19 de junio una comisión de los familiares de los detenidos se entrevistó con el Gobernador del estado de Veracruz Cuitláhuac García Jiménez. Los familiares aportaron y explicaron con precisión las pruebas de que los detenidos estaban en sus casas y no en el lugar del incendio y señalaron las falsas evidencias presentadas por la empresa.

La gestión legal de los abogados y el diálogo y coordinación con el gobierno del estado llevó a que el 26 de junio fueran liberados tres de los acusados. No ha quedado claro por qué no se ha liberado a los otros dos, que están acusados por el mismo delito.

En la Asamblea Nacional del Sistema Producto Café del 23 de junio, los integrantes de los Comités Estatales y las Organizaciones Nacionales de Productores de Café firmaron un escrito manifestando su apoyo y solidaridad con los detenidos, y exigieron su inmediata liberación ya que era un abuso la acusación de AMSA a partir de pruebas falsas.

Puede decirse que este caso trasciende lo local y se enmarca en la disputa más amplia y a nivel nacional entre las transnacionales cafeteras y los productores de café y sus organizaciones por el pago de precios justos al café.

Llama la atención y sorprende que a más de cuatro años de un gobierno federal y otro estatal que hablan de transformaciones y cambios, y de que ya no habría abusos de empresas y funcionarios, un grupo de empresarios y funcionarios pueda actuar con tanta libertad para lograr mediante pruebas falsas, que se detengan a auténticos representantes cafetaleros cuyo único ‘delito’ es exigir precios justos para el café.

Este caso obliga a que cada uno de los actores que participan en la cafeticultura nacional tenga una posición definida. Es necesario que la ANICAFE y el Sistema Producto Café Nacional (AMECAFE) intervengan ante el gerente de la empresa AMSA en Veracruz y el director internacional de ECOM para que éstos retiren la demanda, ya que es insostenible seguir afectando a los acusados y a sus familiares. Para el sector cafetalero este hecho es escandaloso y evidente abuso de la trasnacional.

Debe intervenir el gobierno federal para terminar el juicio en el Sistema Judicial de Veracruz y que se elimine cualquier afectación a los acusados. El gobierno federal debe desmantelar e impedir las acciones de protección a la empresa AMSA que están realizando funcionarios federales y estatales para continuar con la acusación fraudulenta.

Debe intervenir la Secretaría de Gobernación para que se restablezca de inmediato el estado de derecho en este caso y se otorgue justicia a los afectados.

Que esto sirva de ejemplo para evitar el abuso y la impunidad; que nunca más se repitan estos abusos. Además, ya es tiempo de establecer esquemas y reglas claras sobre el comercio y el consumo de café en México.