Una jueza federal dio un plazo de tres días contados a partir de la notificación, para que la Fiscalía General del Estado de Veracruz dé un informe sobre el incumplimiento de la suspensión provisional concedida a la jueza local adscrita al Distrito Judicial de Cosamaloapan, Angélica Sánchez Hernández, para evitar que fuera detenida.
La titular del Juzgado Decimoquinto de Distrito con residencia en Xalapa, Daniela María León Linarte, admitió a trámite el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión provisional que se le concedió a Sánchez Hernández contra cualquier orden de aprehensión librada en su contra.
El pasado 9 de junio, la misma jueza Daniela María León Linarte concedió a Angélica Sánchez el amparo contra cualquier orden de aprehensión. En su resolución, precisó que la suspensión es para efectos de que Sánchez Hernández no fuera detenida por delitos que impliquen la prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 Constitucional o el Código de Procedimientos Penales aplicable Nacional o Estatal, o de aquellos calificados como graves.
“Si se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa o que conforme al sistema inquisitivo permitieran el beneficio de la libertad provisional bajo caución, la suspensión producirá el efecto de que la quejosa no sea detenida materialmente o presentada ante la autoridad que los reclame”, señaló la juzgadora federal en su sentencia.
Pero aun cuando contaba la protección de la justicia federal, la jueza Sánchez Hernández fue detenida el pasado viernes 16 de junio en la Ciudad de México por elementos de la Guardia Nacional, que luego la entregaron a la policía ministerial de Veracruz para trasladarla al penal de Pacho Viejo.
Daniela León expuso que el juez de control con sede en Pacho Viejo, Roberto Santos Maldonado Morales, rindió informe en el que confirma la existencia de la orden de aprehensión y su ejecución, pero omitió exponer la información sobre el día y la hora en la que Angélica Sánchez ingresó al penal, en la que fue puesta a disposición y en la que se celebró la audiencia inicial, por lo cual le dio un plazo de 24 horas para que remita dicha información y en caso de no hacerlo, se le imponga una multa de cinco mil 150 pesos.
El próximo 3 de julio se realizará la audiencia constitucional en la que se resolverá si se violó la medida cautelar concedida a Sánchez Hernández.
