Con 92 votos a favor, el pleno del Senado abroga la Ley sobre Delitos de Imprenta, promulgada por Venustiano Carranza en su calidad de primer jefe del Ejército Constitucionalista y encargado del Poder Ejecutivo en 1917 con lo cual se pone fin a los delitos de injuria, así como la criminalización de la actividad periodística.
Esta ley también sanciona los «daños a la moral» y cualquier manifestación o expresión verbal que exponga a una persona al odio, desprecio, ridículo, o pueda causarle demérito o en su reputación o en sus intereses.
Al fundamentar el dictamen para su aprobación, Olga Sánchez Cordero, exsecretaria de Gobernación y presidenta de la Comisión de Justicia, señaló que esta normatividad ya no tiene cabida en el orden jurídico actual, ya que restringe el ejercicio de libertades fundamentales para el Estado de derecho, como lo son la libertad de imprenta, de prensa, de opinión y de expresión.
