Organizaciones de la sociedad y víctimas del programa Pegasus durante la administración de Andrés Manuel López Obrador presentarán una denuncia ante la Fiscalía General de la República por el delito de intervención ilegal de sus comunicaciones.
R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, Artículo 19 México y Centroamérica y SocialTIC, con el apoyo del Citizen Lab de la Universidad de Toronto —y en colaboración con Animal Político, Aristegui Noticias y Proceso—publicaron la investigación “Ejército Espía” en la que se revelan tres nuevos casos de espionaje en contra de periodistas y personas defensoras de derechos humanos en México, con el malware Pegasus, durante el presente sexenio: Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo; Ricardo Raphael, periodista y escritor; y un periodista del medio Animal Político que resguardó su identidad.
En el informe se concluye que después de un análisis forense riguroso llevado a cabo por Citizen Lab de la Universidad de Toronto, existe evidencia concluyente de que al menos los dos periodistas y una persona defensora de derechos humanos, cuyas labores e investigaciones han estado relacionadas con violaciones a derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas, fueron espiadas con el malware Pegasus de la empresa NSO Group entre 2019 y 2021, es decir, durante el gobierno actual.
La empresa Comercializadora Antsua S.A. de C.V., que previamente se demostró que formaba parte del entramado comercial que vendió Pegasus a diversas agencias del gobierno federal durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, recibió autorización por parte de NSO Group para representarla exclusivamente ante la Secretaría de la Defensa Nacional entre marzo de 2018 y, al menos, hasta diciembre de 2019.
La Secretaría de la Defensa Nacional contrató con Comercializadora Antsua S.A. de C.V. un “sistema de monitoreo remoto de información” en abril de 2019.
La Secretaría de la Defensa Nacional ocultó la existencia de dicho contrato ante la Fiscalía General de la República y la Auditoría Superior de la Federación, así como ante R3D por vía de solicitudes de acceso a la información.
El Ejército, sin contar con facultades para intervenir comunicaciones privadas de civiles, ha realizado y sigue realizando intervenciones de comunicaciones privadas de manera ilegal.
“En México, el Ejército espía. Múltiples indicios apuntan con un alto grado de probabilidad que se encuentra detrás de los ataques con Pegasus a periodistas y personas defensoras de derechos humanos documentadas en el informe”, señaló en un comunicado Artículo 19.
Los hallazgos del informe contradicen las múltiples y reiteradas promesas del presidente de la República de que en su gobierno no se contratarían sistemas de espionaje ni se usarían en contra de periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
“Lo anterior implica la posibilidad de dos escenarios: el primero, es que el presidente mintió al pueblo de México. O bien, el segundo, que las fuerzas armadas espían a espaldas del presidente y desobedecen la orden directa de su comandante supremo.
“Ambos escenarios constituyen una demostración de que las promesas y las palabras son insuficientes para evitar que los sistemas de inteligencia sigan siendo utilizados sin ningún control democrático y en contra del pueblo de México.
“En México las fuerzas armadas continúan violando derechos humanos, ya sea por orden o por desobediencia, prevaleciendo la impunidad. En cualquiera de los casos, queda en evidencia que las tesis sobre las que descansa el impulso de la militarización en México son falsas”, sentenció el comunicado, suscrito también por R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, SocialTIC y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
Por ello, este mismo lunes se presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República por la intervención ilegal de comunicaciones privadas. “Sin embargo, advertimos la falta de confianza en que la FGR conduzca las investigaciones con independencia y profesionalismo”.
“Esta desconfianza no es gratuita, sino que está justificada ante la experiencia de más de cinco años de investigación sobre el espionaje perpetrado en el gobierno de Enrique Peña Nieto sin que a la fecha se haya esclarecido totalmente el caso y frente a diversos ejemplos de interferencia del Fiscal General y de obstrucción militar como en el Caso Ayotzinapa”, se enfatiza en el comunicado.
Por todo lo anterior, los periodistas y personas defensoras de derechos humanos afectadas, así como las organizaciones que les acompañan exigieron al gobierno federal garantizar la seguridad e integridad de las personas espiadas con Pegasus y de sus familias, así como de las personas que han participado en la investigación de estos hechos, y de las organizaciones y medios que desarrollaron esta investigación.
“Solicitamos que se garantice la verdad, justicia y la ausencia de impunidad mediante el establecimiento de un mecanismo independiente e internacional de investigación sobre el espionaje ilegal cometido en gobiernos anteriores y en el actual. En cualquier caso, exigimos a la Fiscalía General de la República conducir una investigación profesional e imparcial orientada a identificar todos los autores materiales e intelectuales del espionaje ilegal en los gobiernos anteriores y en el actual.
“Urgimos al Congreso a garantizar la no repetición del espionaje ilegal mediante una agenda de reforma legal e institucional que impida de manera verificable el abuso de los sistemas de inteligencia del país. Este proceso debe ir acompañado de sociedad civil, para asegurar el apego a los más altos estándares de derechos humanos.
“Solicitamos al Senado que suspenda el proceso de aprobación de la extensión constitucional a la presencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad, especialmente mientras no sean esclarecidos los casos de espionaje denunciados”, se expuso.
