La numeralia del horror de las agresiones contra periodistas en Veracruz se cuenta en periodistas asesinados, desaparecidos, agredidos, amenazados, pero también en viudas, huérfanos y familias victimizadas por la burocracia.
Por Sandra Segura
De norte a sur, del mar a la montaña, no hay región que no conozca de algún caso de un periodista asesinado, desaparecido, amenazado y difamado con las versiones oficiales que sin antes haber investigado su caso difundieron información que los criminaliza.
En Veracruz hay expedientes “archivados” o que “siguen en investigación”. Al momento de escribir este texto, al Sur de Veracruz, fueron asesinadas en Cosoleacaque las periodistas Yessenia Mollinedo Falconi y Johana García Olvera, ambas laboraban en el diario digital El Veraz, propiedad de Mollinedo Falconi.
En el primer semestre del 2022, ya iban tres periodistas atacados. En uno de los casos la fiscalía de Veracruz afirmó que se trataba de un tema de una “herencia” e imputó al sobrino de la víctima José Luis Gamboa; mientras que en el doble homicidio de Yessica y Sheila confundieron y detuvieron a un estudiante por el presunto autor material, tras la pifia que fue exhibida por familiares y amigos del joven mostrando evidencias de que él no tenía nada que ver con el multihomicidio.
De 2000 al 2011, antes de la creación de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP), nueve periodistas fueron asesinados, en su mayoría en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río. Los periodistas trabajaban en medios impresos, radio y medios digitales.
Una comisión que nació desacreditada
Víctor Báez Chino fue privado de la libertad al salir de la redacción de la página digital “Reporteros Policíacos”; su cuerpo fue desmembrado por el grupo criminal identificado como los Zetas, quienes presuntamente se adjudicaron el crimen en un mensaje.
En ese anuncio de la CEAPP estuvo Víctor Báez. Incluso hay una fotografía que le tomaron con Javier Duarte dándole unas llaves al haber ganado un auto del año en una tómbola. Tras el asesinato de Báez Chino todavía pasaron seis meses más para el nacimiento de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas.
El anuncio oficial llegó después de los asesinatos de Regina Martínez (28 de abril de 2012) y de los tres fotoperiodistas Gabriel Huge Córdova, Guillermo Luna Varela y Esteban Rodríguez Rodríguez (todos el 3 de mayo de 2012), cuando el entonces gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, anunciaba la creación de la CEAPP en una comida en el World Trade Center de Boca del Río, a la que acudieron dueños de medios y periodistas.
Música, platillos de tres tiempos, brindis con whisky o brandy, acompañaban la gala en la que se rifó un auto del año, computadoras, grabadoras digitales, tarjetas departamentales y más.
De pie en el atril, Duarte de Ochoa dio un discurso de poco más de 13 minutos para afirmar: “sin el derecho a opinar libremente, de denunciar injusticias y reclamar cambios, el hombre está condenado a la opresión. Con esta tesis el gobierno de Veracruz comulga y coincide. Es por eso que esta fecha es más que propicia para que juntos, gobierno y medios de comunicación y periodistas, refrendemos el pleno respeto a la libertad de expresión”.
También dijo, quien gobernaba en el sexenio más mortífero para los periodistas veracruzanos, que desde su Gobierno era indispensable tomar medidas adicionales y complementarias a las de la procuración de justicia.
Duarte envió al Congreso su iniciativa para proteger a los periodistas. Tres años más tarde sería directamente señalado como el principal perseguidor del fotógrafo, Rubén Espinosa, antes de morir asesinado en una masacre en la Ciudad de México el 31 de julio de 2015.
Diez años después, Javier Duarte está en prisión y la CEAPP es vista como un organismo que principalmente da apoyos económicos y no como un espacio que garantice el respeto al ejercicio periodístico.
Una vez creada la CEAPP los ataques aumentaron. Hasta el cierre de esta edición eran 25 víctimas (20 hombres y 5 mujeres). Algunos de los periodistas agredidos tenían medidas de seguridad o habían avisado a la Comisión que eran hostigados, amenazados y agredidos.
La CEAPP nace sin potestad jurídica, sujeta presupuestaria y organizacionalmente al Poder Ejecutivo. Esta comisión nació desacreditada para el gremio periodístico en medio de críticas a sus comisionados ya que desde entonces son designados por el gobernador en turno ya sea del Partido Revolucionario Institucional (PRI), del Partido Acción Nacional (PAN) o del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
La Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas fue aprobada por los diputados el 29 de noviembre de 2012 al publicarse en la Gaceta Oficial del Estado la Ley 586 de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas.
Esta legislación decretó la conformación del organismo público descentralizado por cuatro comunicadores de una trayectoria relevante con prestigio y reconocimiento de los periodistas; dos representantes de organismos no gubernamentales, dos directivos o dueños de medios de comunicación, y un investigador.
A más de una década de la creación de la CEAPP, la lista de homicidios y ataques de todo tipo a periodistas no paran mientras que las familias de las víctimas denuncian que pese a contar con medidas de seguridad aún son intimidadas y amenazadas. En algunos casos las medidas fueron insuficientes porque nadie detuvo a los agresores.
8 años de millonario presupuesto a salarios
La Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, desde su creación, ha mantenido el mayor gasto a los salarios, no ha variado en diez años y desde que se autorizaron los recursos de ayuda social debido a la precariedad de las condiciones laborales de los periodistas en Veracruz es que se han presentado en cascada solicitudes de ayuda social que son para gastos que no tienen que ver directamente con el riesgo de su vida por el ejercicio periodístico.
Además la misma Comisión ha diversificado estas entregas abriendo el abanico incluso a pagos escolares o apoyos en gastos médicos. Otro problema es que las medidas de seguridad de la CEAPP se dictan por 12 meses, pero en la práctica no se quedan todo un año ya que a los seis meses fenecen las medidas.
Este es un análisis del presupuesto de 2013 a 2021 asignado a la CEAPP para la atención y protección de periodistas. Para esta investigación se revisaron informes de actividades, se realizaron solicitudes de información así como entrevistas a las autoridades y periodistas que confirmaron que, pese al millonario presupuesto, las agresiones siguen y el recurso público sólo benefició a funcionarios públicos asignados a este organismo no centralizado.
La CEAPP inició labores en 2013, el mismo año en que Sergio Landa Rosado, periodista de la sección policíaca del Diario de Cardel (ciudad a 65.9 kilómetros de la capital del Estado, Xalapa) fue privado de la libertad por el crimen organizado que operaba en la región.
Lo liberaron por intermediación directa de la Secretaría de Seguridad Pública ante el grupo criminal; un mes después, Sergio volvió a ser privado de la libertad por el mismo grupo criminal y desde entonces, nada se sabe de él.
Era el primer año de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas en Veracruz. Mientras ocurría la desaparición de Sergio, esta comisión iniciaba gestiones administrando 15 millones de pesos como presupuesto anual; del cual 10 millones 959 mil 230 pesos fueron asignados al pago de servicios personales que incluye salarios, es decir, erogaron el 70 por ciento del presupuesto en gasto corriente.
Algo que se volvió una constante. En contraste, el gasto de materiales y suministros para la atención de los informadores fue de 733 mil 45 pesos. En la revisión de los informes de la CEAPP para esta investigación no explica en qué consiste ese gasto de materiales y suministros.
En aquel 2013, la revista Proceso señaló al gobierno de Veracruz de perseguir y amedrentar al reportero Jorge Carrasco, quien llegó a la entidad para investigar sobre la muerte en 2012 de su corresponsal Regina Martínez.
Como una de las pocas veces, la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas en Veracruz reconoció que en la entidad había amenazas, intimidación y obstrucción al trabajo periodístico por lo que emitió 32 procedimientos administrativos contra servidores públicos ese año. Por violentar y obstruir el trabajo periodístico, la Secretaría de Seguridad Pública fue la dependencia con más quejas en 2013.
En 2014, para el segundo año de operación de la CEAPP, la misma dependencia reportaba un incremento significativo de casos de denuncias de agresiones y amenazas contra periodistas, a la par también aumentó su presupuesto de 15 a 20 millones 100 mil pesos.
Ese año volvería la violencia extrema a mostrar su peor cara en Coatzacoalcos, donde el cartel de los Zetas domina. Ahí fue secuestrado el fotoperiodista, Gregorio Jiménez de la Cruz “Goyo” y asesinado días después.
Este caso conmocionó al país y a la región por las condiciones precarias en las que laboraba el periodista. La precariedad laboral más las agresiones son parte del contexto en Veracruz; la CEAPP señaló en ese año que los principales agresores de los periodistas eran particulares, servidores públicos y crimen organizado. Este año el ejercicio presupuestal fue de 20 millones 100 mil pesos, 15 millones 536 mil 461 pesos a servicios personales, es decir, otra vez, salarios.
El año 2015, fue uno de los más mortíferos para el periodismo veracruzano con los asesinatos de Moisés Sánchez Cerezo del semanario La Unión de Medellín, Armando Saldaña de radio EXA Fm, Rubén Espinosa de Proceso y Cuartoscuro, y Juan Atalo Mendoza Delgado del Blog digital Escribiendo la Verdad.
En el cierre del informe 2015 la CEAPP solo considera a 2 periodistas asesinados, no incluye al fotoperiodista, Rubén Espinosa Becerril, asesinado en la Ciudad de México después de huir de Veracruz; tampoco incluye al fotoperiodista y bloguero, Juan Atalo Mendoza Delgado porque la Fiscalía lo reportó como “atropellamiento” aun cuando su cuerpo fue encontrado con huellas de tortura y había sido reportado como desaparecido horas antes.
La violencia tampoco paró en 2016 cuando la reportera policíaca del Sol de Orizaba, Anabel Flores Salazar, fue víctima de privación de la libertad y horas más tarde su cuerpo fue localizado entre los límites de Puebla y Veracruz. Ella era la primera mujer que asesinaban existiendo la CEAPP.
Anabel no fue la única víctima que en 2016 las balas acallaron su ejercicio periodístico, a Manuel Torres González, de Noticias MT y Pedro Tamayo Rosas, del diario digital El Piñero de la Cuenca, los mataron violentamente. Ese año se notó en el informe un aumento en talleres de garantía a la libertad de expresión para periodistas y servidores públicos con el argumento de la Comisión que la mayoría de las agresiones eran por parte de servidores públicos. En contraste, disminuyeron las medidas preventivas de protección para periodistas en comparación con 2015.
Los periodistas seguían muriendo en Veracruz y el dinero seguía fluyendo en la CEAPP, con un presupuesto en el año 2016 de 20 millones 100 mil pesos, de estos, una partida de 16 millones 652 mil 794 pesos fueron designados a servicios personales (salarios, entre otros) y apenas 160 mil 89 pesos a la compra de materiales y suministros para la protección de periodistas.
Hacia el año 2017 cuando el PAN gobernaba Veracruz, en la administración de Miguel Ángel Yunes Linares, las agresiones continuaron y 10 periodistas tuvieron que abandonar sus casas para evitar agresiones mientras que otros cuatro periodistas fueron asesinados.
A la CEAPP en 2017 le designaron un presupuesto menor al año anterior con un equivalente de 17 millones 200 mil pesos de los que utilizaron 11 millones 765 mil 683 pesos en gastos personales (salarios).
En ese periodo aprobaron un concepto denominado “asignación de recursos económicos por concepto de ayuda social” con un monto de 2 mil 498 pesos con 26 centavos por 12 meses a periodistas que reuniera los requisitos específicos. Este recurso no está relacionado con periodistas agredidos o amenazados.
Iniciando el 2018, la CEAPP dedicaba 10 cuartillas del informe anual a un censo económico-laboral de los periodistas para analizar las condiciones de trabajo mientras apenas en un breve espacio mencionó el asesinato del periodista, Leobardo Vázquez Atzin, autor del medio digital Enlace Informativo Regional.
Ese año el presupuesto aumentó a 19 millones 548 mil 936 pesos, pero otra vez 63 por ciento del recurso anual se fue en pago de servicios personales (salarios) con un monto de 12 millones 807 mil 41 pesos.
En el 2019, el partido Movimiento de Regeneración Nacional designó a los nuevos Comisionados de la CEAPP que autorizaron dos modificaciones presupuestales a los 20 millones 150 mil 900 pesos para enfocarlos en ayudas económicas a periodistas, pero no por amenazas o riesgo de su ejercicio de la libertad de expresión. Eso pasaba mientras otro periodista sumaba la lista de asesinados: Jorge Celestino Ruiz Vázquez, del Gráfico de Xalapa.
En este año, en el informe de la CEAPP resalta un resumen de algunos casos de periodistas asesinados y desaparecidos: la misma Comisión acepta que no hay sentencias, ni avances en las investigaciones y en algunos reconoce no cuenta con expedientes porque no hubo la solicitud para atenderlos, son cinco casos.
Ese mismo informe revela que la Comisión se enfocó a tareas administrativas y otras gestiones como la atención a temas de salud, problemas laborales o acercar a las familias de periodistas asesinados o desaparecidos a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a nivel Federal.
La pandemia no frenó las agresiones
Ni el Coronavirus impidió que los periodistas fueran intimidados como lo confirmó la misma CEAPP que informó de 26 amenazas, cinco lesiones físicas, siete restricciones a la libertad de expresión, una detención ilegal y un abuso de autoridad.
En el año 2020, al comienzo de la pandemia, María Elena Ferral Hernández, periodista en la región Papantla, quien ya había denunciado amenazas, fue víctima de un atentado armado como le ocurrió al periodista policiaco, Julio Valdivia, quien fue asesinado, pero su caso lo hicieron pasar por un accidente ferroviario.
Una situación de emergencia llevó a los periodistas a solicitar la ayuda social por haber sido afectados por el Coronavirus; era dinero para comprar medicinas, porque perdieron su trabajo y en su familia necesitaban medicamentos.
El presupuesto de 19 millones 300 mil 900 pesos aumentó en 2020 quedando en 19 millones 788 mil 702 pesos y siendo destinado por la pandemia 55 apoyos a igual número de periodistas contagiados de COVID-19 a quienes supuestamente les entregaron 338 mil 855 pesos.
En el último informe de la Comisión del 2021, este organismo informó que recibió 118 solicitudes para apoyo social, pero sólo fueron autorizadas 109 solicitudes y que brindaron apoyo en siete gastos funerarios no relacionados con amenazas o restricción de la libre expresión.
Ese año fueron 93 agresiones de diferentes actores como delincuencia, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, candidatos o representantes de partidos políticos, autoridad estatal, autoridad municipal, usuarios de redes sociales, entre otros.
En ese periodo aumentaron los expedientes 22 por ciento con relación al año 2020 al incrementarse las agresiones como privaciones a la libertad, acoso y extorsión. Ese año, el reportero y conductor de radio en Ori Stereo, Jacinto Romero Flores fue asesinado, él ya tenía medidas de protección de la CEAPP y recién lo había hecho público antes de su crimen. Sobre su caso la misma Comisión respondió que su asesinato no fue por las amenazas por las que le brindaron medidas de protección, sino por otro asunto.
En el informe de 2021 se detalla una modificación presupuestal en el apartado de “Gasto Social, del capítulo 4000 de la partida 44101, por “Protección a Ancianos y Desvalidos” invirtieron $1,986,706.56 para la adquisición de equipo tecnológico para periodistas beneficiarios de medidas de protección y/o prevención.
Aunque no aclaran en qué consisten esos sistemas de seguridad o los equipos tecnológicos. Los recursos supuestamente entregados a periodistas ascienden a más de un millón doscientos mil pesos ($1,201,133.04) en efectivo o en especie para profesionalización, herramientas de trabajo así como atención en salud.
En el 2021, por primera vez los recursos de la CEAPP fueron sujetos a dos auditorías que señalaron que esta dependencia no mostró pruebas documentales ni expedientes de las medidas implementadas para proteger a periodistas y que es omisa en el número de registro de los proveedores de la comisión. La auditoría también arrojó que hubo inconsistencias en los expedientes de asesorías y asuntos a cargo de la dirección jurídica.
Desde el inicio la CEAPP ha tenido deficiencias. Así lo recuerda la periodista Norma Trujillo Báez, quien se mantuvo durante más de una década exigiendo justicia por cada periodista asesinado, como amiga cercana de varios de ellos, vió de cerca el funcionamiento de la comisión por lo que conoce sus deficiencias.
“En la ley también hay lagunas, hay deficiencias y nadie hizo caso en su momento. Por ejemplo: no tenían programa de protección, no tenían programa de evaluación, ni diagnóstico del riesgo en que caía un periodista, uno lo fue conociendo en la marcha porque varios compañeros nos apegamos al Mecanismo Federal de Atención y Protección a Periodistas y ya sabíamos que tenía que existir ciertas áreas para determinar cuál era el grado de riesgo”, recordó.
Asegura que no hay un esquema de protección y que la Comisión no ha dado los resultados que debería de dar. Recordó los casos de periodistas del centro y sur de la entidad que acudían a la comisión y no los apoyaban.
“Me tocó apoyarlas, pero para que llevaran su caso al Mecanismo de Protección Federal porque de repente se quedaban solos, solas y no había una respuesta de parte de lo que era aquí esta Comisión”; aseguró.
La versión oficial de la CEAPP justifica gasto en nómina
En entrevista, el comisionado presidente de la CEAPP, Silverio Quevedo, aseguró que en el ejercicio 2022 fue autorizado el mismo presupuesto de 2021, poco más de 19 millones de pesos y explicó cómo se administra la Comisión.
De acuerdo al presidente de la Comisión, ese gasto es para el personal de la estructura de la CEAPP como personal jurídico, técnico, administrativo, analistas y evaluadores de riesgos y demás. Explicó que eso equivale a un 68 por ciento asignado a esa área.
El resto se va al llamado “capítulo 1000” que es de ayuda social y también para protección –aseguró- eso incluye capacitación y profesionalización para los periodistas. En ese mismo rubro está el área de la adquisición de equipos. “Tan solo en este año 2022 se invirtieron en adquisición de equipos un millón de pesos, en equipos tecnológicos, GPS, videocámaras, teléfonos y accesorios. Todo ello va para la protección al periodista”, afirmó Quevedo Elox.
Sobre el gasto corriente que absorbe el 68 por ciento del presupuesto, el tabulador de salarios está designado por la misma comisión y por la Secretaría de Finanzas del gobierno de Veracruz.
“Quiero decirte que los sueldos de la CEAPP son los más bajos de los organismos autónomos, a excepción del Secretario Ejecutivo, todos los directores y jefes de áreas de departamentos, ganan un 30 por ciento menos que todo el tabulador del poder ejecutivo de las dependencias y demás”, respondió el Comisionado Presidente al ser cuestionado sobre los salarios asignados a esta dependencia.
De acuerdo a un contrato privado de honorarios asimilables a salarios firmado por la entonces Secretaria Ejecutiva, Namiko Matsumoto Benítez, con el comisionado (periodista) Gerardo Enríquez Aburto en vigencia de un año, en 2016 su remuneración mensual neta era de 20 mil pesos mensuales.
Dicho contrato especifica que la Comisión absorberá los gastos de viáticos que el comisionado requiera en viajes o representaciones de la CEAPP y la Comisión además entregará al término del contrato una “gratificación extraordinaria” de dos meses de remuneración a los Comisionados; todo esto firmado de rúbrica de los antes mencionados en papel membretado del Organismo Público Descentralizado.
Dentro de ese presupuesto de la (CEAPP) también se contempla un recurso para la formación profesional de los comunicadores donde informa sobre la realización de 10 a 12 talleres al año sobre herramientas para el uso de las plataformas de transparencia, elementos para desarrollar trabajos de investigación, entre otros.
“Cualquiera que se identifique como periodista en el estado se puede agregar a los talleres, a quienes contactamos por WhatsApp donde tenemos grupos en los que contabilizamos a más de 600 periodistas en el estado donde se difunden las convocatorias para los cursos”, aseguró el presidente comisionado.
El actual período de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas inició en diciembre de 2020 y concluye en el 2024. La presidencia de la Comisión se releva cada dos años y se elige por votación.
Los actuales comisionados son los periodistas Silverio Quevedo Elox, Viridiana Reyes Cruz, Claudia Patricia González Vargas, María Alejandra Herrera Gómez, Tulio Moreno y David de Guadalupe Guzmán así como los empresarios, Iván Gidi Blanchet, Fluvio César Martínez Gómez y el académico, Eric Abad Espíndola.
La CEAPP tiene tres direcciones: una es la Secretaría Ejecutiva de la que depende la dirección jurídica, la dirección de procesos y la dirección de administración, de ahí derivan otros departamentos y personal. El millonario presupuesto a salarios se distribuye en áreas como el departamento de seguimiento, departamento de monitoreo y evaluación, el departamento de recepción de solicitudes de intervención, apoyo y riesgos, la dirección de administración, unidades de transparencia, unidad de archivo, unidad de equidad y género, la dirección jurídica con dos abogados.
El comisionado presidente Silverio Quevedo Elox aseguró que la plantilla de personal de la CEAPP es de 39 personas contando los nueve comisionados. Sin embargo, en solicitud de transparencia realizada la CEAPP respondió que tiene una plantilla de 43 personas en nómina bajo el régimen de confianza. Aludiendo austeridad presupuestaria en el año 2020 en el informe la misma Comisión confirma la autorización de presupuesto para 46, pero el informe señala que solo laboran 43 personas.
Las familias de las víctimas, otra de las omisiones de la CEAPP
Jorge Sánchez Ordoñez, hijo de Moisés Sánchez Cerezo, asesinado el 2 de enero de 2015, lamentó que el principal problema de la CEAPP es que “no se dotó de las herramientas, no pueden hacer más, depende de la Secretaría de Seguridad Pública, eso quiere decir que dependen mucho de la relación que tenga el titular de la CEAPP y el gobernador”.
El apoyo recibido por este organismo cuando su padre fue asesinado fue para gastos de traslados para él y su madre María. Desde 2015, esta familia recibió medidas de protección de parte de la CEAPP hasta cuando renunciaron a las medidas en 2018 por considerar que eran insuficientes y deficientes.
Por ejemplo, en el 2016 quitaron a dos escoltas y solo dejaron a uno por turno, lo que disminuía la respuesta del escolta ante un posible ataque. La familia asegura que los incidentes que sufrieron posterior a la muerte de Moisés Sánchez Cerezo fueron por fallas en las medidas de seguridad.
En las medidas de protección de la CEAPP quedaba indicado que Jorge y María, su madre, debían ser custodiados por cuatro elementos, pero solo había dos físicamente, pero en el plan de protección aparecían cuatro y se firmaban como verificado.
Otros de esos apoyos fue un botón de pánico que se conectaba vía telefónica, pero si en esa zona no había cobertura el botón no funcionaría, algo que no es práctico porque en Medellín de Bravo, donde habita Jorge y su madre, hay mala recepción. Un técnico les dijo que solicitaran un teléfono satelital, pero nunca se los dieron.
De los apoyos que menos se otorgan a las familias de los periodistas asesinados es la contención emocional. Es el caso de la familia de Sánchez Ordoñez que sólo recibió apoyo apenas dos meses, es decir, entre cuatro o cinco terapias psicológicas.
Recientemente Jorge Sánchez sufrió un cerco en su contra y sufrió una campaña de desprestigio en redes sociales; a pesar de esto la CEAPP no le brindó el apoyo.
Casos como el de Jorge Sánchez se repiten, esto hace que se mantenga la desconfianza a integrantes de la CEAPP. Jorge también ha tenido diversos problemas con los escoltas porque el documento que él firmaba donde quedaba estipulada la custodia de cuatro elementos a su guarda cuando solo enviaban dos; el vehículo asignado por Seguridad Pública presentaba fallas y no lo reparaban.
“Al final de cuentas nos quitaron a los escoltas, nosotros metimos un amparo. Pero la justificación era que mi madre hacía mal uso de los elementos porque ella se desplazaba sola”, compartió mientras que la Comisión resolvió que ellos habían rechazado a los elementos. Así pasaron varios meses. En 2018, Jorge y su madre acordaron renunciar a las medidas de la CEAPP para formar parte del Mecanismo de Protección Federal.
“Sí creo que la voluntad de quien está al frente es muy importante”, afirmó Jorge al referirse al desempeño de la CEAPP. En la actualidad, él sigue en contacto con el área responsable de las cámaras de seguridad y el área jurídica.
Por su parte, Carmela Hernández Osorio, viuda de Gregorio Jiménez de la Cruz, fotógrafo de periódicos que trabajaba casi sin paga y combinaba con fotógrafo de fiestas para poder sostener a su esposa y cuatro hijos, rechazó el recurso después de las trabas burocráticas.
“El apoyo fue un año 10 meses, fue económico, cuando estaba la doctora Namiko, pero ya de ahí no ha habido… Cuando salió Namiko me dijeron que yo tenía que hacer un oficio diciendo porqué se necesitaba (el apoyo económico). Yo les dije que no, que si habían apoyado les daba las gracias, yo ya no solicité nada, yo me he dedicado a trabajar”, contó.
Desde que a Carmela y sus hijos les arrebataron el sostén de su hogar hace ocho años, ella se ha dedicado a trabajar, vende antojitos en la mañana y en la noche, además de que seguía tomando fotos en fiestas y las vendía; pese a la necesidad no quiso exigir dinero a la CEAPP. El apoyo psicológico que le dieron a esta familia, cuenta, fue a uno de sus hijos que recibió terapias.
Hubo apoyos que tardaron en llegar más de cinco años tras el asesinato de Goyo. “Sí, las cámaras las instalaron, pero eso tendrá apenas como dos o tres años, cuando ya estaba de Secretario Jorge Morales, fue que se pusieron”, relató la familia.
Los apoyos de la CEAPP tienen una temporalidad de seis meses, después de medio año las medidas son retiradas, sólo se extienden si se hace una evaluación sobre peligro inminente porque si el riesgo es menor las medidas se van modificando hasta desaparecer.
“La verdad sí considero que deberían reformar eso. Yo salí de la ciudad donde trabajaba, donde tenía mi casa, mi vida y todo por el acontecimiento de mi madre, la CEAPP junto con la Comisión de Víctimas me trajeron a otra ciudad porque mi vida corría peligro y para que estuviera más segura”, cuenta Fernanda de Luna Ferral, quien se hace cargo de la página Quinto Poder donde su madre, María Elena Ferral Hernández, hacía periodismo además de ser corresponsal del periódico Diario de Xalapa.
Las últimas medidas que tuvo la periodista con 32 años de trayectoria, María Elena Ferral Hernández, fueron sólo un botón de pánico (que no servía, a decir de su hija Fernanda) y las cámaras de seguridad de la casa; le habían retirado al único escolta en el año 2017 cuando ya gobernaba el panista Miguel Ángel Yunes Linares.
Fernanda recuerda que no es sólo ella quien requiere un apoyo más completo: “Mi hermano es menor de edad. No se me ofreció ninguna medida en ese momento, no se me ofreció nada más que las condolencias”.
Después en la CEAPP hicieron un análisis de riesgo y era una zona altamente peligrosa para que Fernanda y su hermano estuvieran ahí: “Nos mudamos a un refugio que ellos nos pusieron, pero era por seis meses que era lo que estaba programado ese refugio que era una renta del lugar y apoyo de manutención. Tenía cámaras de video vigilancia; es todo lo que le puso la CEAPP”.
Al cambiar la administración, a la CEAPP la buscó el Secretario Ejecutivo porque conocía el caso de María Elena Ferral y le ofreció extender por seis meses los apoyos. “Me gustaría que hubiera muchas reformas en la CEAPP (…) Que se reformaran estos códigos para poder apoyar como deberían hacerlo, que los casos de los compañeros no queden impunes no solo es María Elena Ferral sino son muchísimas personas que se quedaron sin sustento porque matan a las personas que nos dan ese sustento”, dijo.
Entre periodistas es común escuchar los comentarios acerca de apoyos; hacen los trámites, pero no son atendidos o no llegan los apoyos. Hubo un caso específico donde al periodista Jorge Celestino Ruiz Vázquez, ejecutado a balazos en su casa en agosto de 2019, a la familia solo le dieron el ataúd con que sepultaron al reportero.
Después del asesinato del periodista Leobardo Vázquez Atzin, de la zona norte de Veracruz, el apoyo para despensa se lo dieron por seis meses a los padres de él ya que vivían en pobreza casi extrema y habían perdido a su único sustento siendo ancianos. Aunque Leobardo dejó en orfandad a tres hijos el apoyo alimentario solo se concedió a los padres como una situación extraordinaria.
En Veracruz hay dos posturas sobre la CEAPP: una en pro que desaparezca y otra que continúe. Un punto de coincidencia entre deudos beneficiarios de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas tiene que ver directamente con omisiones en el tema de seguridad.
En este sentido Carmela, esposa de Goyo, minimiza y no precisa -por miedo- qué sucedió: “Pues habido algunos detallitos… cosas que mandan a decir…Sí habido algunos detalles. Sí han sucedido algunas cosas quizá más adelante las diga, pero precisamente por eso es que yo pido la seguridad y se le ha dado a conocer a la CEAPP por eso pido la seguridad”.
“Hubo ocasiones al principio (amenazas), pero gracias a Dios no ha pasado a más. Yo por eso les dije desde el principio que no les iba a pedir: ¡manténganme oigan o denme un apoyo económico! Yo siempre he trabajado. Yo lo que siempre pido es la seguridad, eso es lo que siempre he recalcado y pedido, la seguridad”; insistió.
Según el reglamento de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas solo se darán apoyos y “medidas necesarias a petición de los periodistas que lo soliciten únicamente».
Sobre este punto, cuestionó la periodista Norma Trujillo, que “llama la atención que se hablaba que (la CEAPP) tenían que dar protección solo si lo manifestaba el periodista amenazado, es decir, aunque ellos leyeran que estaba amenazado no lo apoyaban si el periodista no se acercaba a ellos”.
Esas y otras contradicciones hacen que los periodistas como Norma Trujillo vean que en Veracruz es necesario otra estructura “un mecanismo federal distinto al que hoy opera, donde se cree un observatorio de periodistas a nivel nacional que vigile el funcionamiento”.
Este texto forma parte del reportaje colaborativo “Protección de papel para los periodistas en México”, coordinado por Samantha Páez y elaborado por el Colectivo Desde Provincia, con el apoyo financiero de la Unión Europea. Agradecemos a su autora su autorización para reproducirlo.
