La Suprema Corte de Justicia anuló el recorte al presupuesto solicitado por el Instituto Nacional Electoral (INE) para 2022, porque la Cámara de Diputados no dio explicación alguna para imponerlo.
Por unanimidad en el fondo del asunto, la Primera Sala de la Corte declaró fundada la controversia constitucional que el INE presentó a finales de 2021, para impugnar el recorte de 4 mil 913 millones de pesos que los diputados aplicaron a su petición presupuestal.
La Sala determinó que, una vez notificada la sentencia, la Cámara de Diputados tendrá treinta días hábiles para analizar y aprobar en sesión pública, de nueva cuenta, el presupuesto 2022 del INE.
Si la Cámara insiste en aplicar el recorte, tendrá que ofrecer una motivación reforzada, es decir, presentar argumentos serios, de fondo y razonados, que justifiquen no respetar el anteproyecto que envió el órgano autónomo.
«Al generarse un riesgo de afectar la autonomía presupuestaria del Instituto, debía cumplirse con un estándar de motivación reforzada que diera cuenta de las razones objetivas y justificadas para realizar una reducción, sobre todo, al estar en juego dos garantías relevantes como son la autonomía presupuestal de los órganos constitucionales autónomos y la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía», explicó la Corte.
