Los integrantes del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, dieron a conocer que de manera unilateral, las autoridades de la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) concedieron a la Coordinación Nacional del órgano discrecionalidad para definir el catálogo de medidas para la protección de las personas beneficiarias, limitando la capacidad de actuación de la Junta de Gobierno, de la que forman parte.
A través de un pronunciamiento, señalaron que durante la 107 Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno (JG), la Comisión Ejecutiva Nacional del Mecanismo de Protección anunció un nuevo contrato con la empresa RCU –que provee las cámaras de vigilancia y los aparatos conocidos como “botones de pánico”- que incluye un anexo técnico que no fue aprobado por la propia JG.
Dicho anexo es un instrumento que recopila “un catálogo de medidas preventivas, medidas de protección y medidas urgentes de protección que permiten establecer acciones institucionales que garantizan la vida, la integridad, la libertad y la seguridad de las personas que se encuentran en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo”.
De acuerdo con la Ley vigente, la Junta de Gobierno es la instancia máxima del Mecanismo y principal órgano de toma de decisiones para la prevención y protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y es quien tiene la atribución para “determinar, decretar, evaluar, suspender y en su caso, modificar las Medidas Preventivas y las Medidas de Protección”.
“De manera sorpresiva el 29 de abril la Comisión Ejecutiva Nacional informó a la Junta de Gobierno de la firma de un nuevo contrato con RCU y un anexo técnico que limita la capacidad de la Junta de Gobierno de brindar mejores medidas de carácter individual y contar con medidas de carácter colectivo y comunitario en los planes de protección, lo cual genera opacidad tanto en los procesos de contratación de medidas como en el otorgamiento de medidas complementarias e integrales.
“Hasta la fecha se desconoce el estado actual del instrumento, lo cual expone la discrecionalidad de las medidas tomadas y debilita su funcionamiento, además de limitar la participación de la sociedad civil a través del Consejo Consultivo”, denunciaron.
En ese sentido, llamaron a la Comisión Ejecutiva Nacional y a la Secretaría de Gobernación a “respetar y fortalecer la gobernanza y autonomía de esta instancia máxima para la toma de decisiones del funcionamiento del Mecanismo”, y reivindicaron el compromiso del Consejo Consultivo de ser el órgano de consulta de la Junta de Gobierno y quienes promueven la defensa y protección de las personas defensoras de derechos humanos, colectivas, periodistas y sociedad en general”.
