Veracruz ocupa los últimos lugares en materia de impartición de justicia, protección a derechos humanos y contención a los abusos de poder, de acuerdo con el Índice de Estado de Derecho en México 2021-2022 de la organización World Justice Project.
El Índice de Estado de Derecho en México 2021-2022 presenta datos e indicadores que resumen distintas manifestaciones del Estado de Derecho, proveen información acerca de las fortalezas y debilidades institucionales de cada entidad y sirven como puntos de referencia para evaluar el desempeño de las autoridades estatales a lo largo del tiempo o en comparación con el de sus contrapartes en otros estados.
Esta es la cuarta edición de este Índice, lo que permite registrar avances e identificar retos persistentes en temas relacionados con el Estado de Derecho, con respecto a las versiones anteriores de esta herramienta.
De acuerdo con los resultados, a nivel general Veracruz ocupa el lugar 23 en su Índice de Estado de Derecho con un puntaje de 0.38, donde 1 indica la máxima adhesión. Pero al analizar los indicadores por separado, el resultado es una débil legalidad en la entidad.
Así, en materia de Justicia Civil, el estado aparece en el fondo de la tabla, en el lugar 32 del país, al igual que en el apartado de Derechos Fundamentales.
En cuanto a Justicia Penal, Veracruz ocupa el lugar 30; mientras que en Límites al poder gubernamental, se coloca en el lugar 31 entre las entidades de la República.
En materia de Ausencia de corrupción no llega a la media tabla y está en el lugar 20; en Gobierno abierto en el 25. Solo en Orden y seguridad (lugar 8) y Cumplimiento regulatorio (lugar 16) obtiene puntajes aceptables.
En general, para World Justice Project, los resultados de la edición 2021-2022 del Índice muestran un deterioro en materia de Estado de Derecho en gran parte de las entidades del país.
“Este año, fueron más los estados que mostraron retrocesos que aquellos que mostraron avances. Este deterioro contrasta con los patrones observados en las ediciones anteriores y se explica por tres tendencias: el debilitamiento de los contrapesos institucionales a los gobiernos estatales y una contracción del espacio cívico, el deterioro en los sistemas de justicia penal y la falta de avances en materia de anticorrupción”, señala el informe.
