Desacatando la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos (CNDH) y demostrando que los foros con abogados solo fueron una farsa, la LXVI Legislatura del Estado de Veracruz reformó dos fracciones del Código Penal de Veracruz, pero no derogó el delito de ultrajes a la autoridad ni las penas aplicables.
Con 33 votos a favor, 15 en contra y una abstención, la mayoría de Morena se impuso y mantuvo el delito de ultrajes a la autoridad, derogando únicamente las fracciones II y IV del artículo 331 del Código Penal para el Estado de Veracruz, que se referían solamente a dos causales para su imputación.
La fracción II establece que se castigue a quien “ultraje a la autoridad” por “cualquier medio de violencia contra la víctima”, mientras que la fracción IV se refiere a que “se realice a través de cualquier otra a circunstancia que disminuya las posibilidades de defensa o protección del sujeto pasivo o lo ponga en condiciones de riesgo o desventaja”.
Las penas por el delito de ultrajes a la autoridad no se modificaron, quedando de seis meses a dos años y multa de 10 a 40 veces el valor de la unidad de medida y actualización diaria, “a quien amenace o agreda a un servidor público en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas. Y se agravarán de cinco a siete años de prisión cuando se actualicen causales referidas a agresiones físicas.
Tampoco se tocó el artículo 371 Quinquies, que establece que “se impondrán de siete a quince años de prisión y multa de cuatrocientas a ochocientas unidades de medida y actualización diarias, a quien amenace o agreda a un integrante o elemento de alguna institución de Seguridad Pública municipal o estatal en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas, de tal manera que, en razón del arma empleada, de la fuerza o destreza del agresor, pueda producirle como resultado lesiones o muerte”.
El diputado local del PT, Ramón Díaz Ávila, votó en contra del dictamen, señalando que no fue tomada en cuenta la iniciativa que presentó desde el año pasado -que reducía penas y recogió la opinión de los colegios y barras de abogados-, ni la recomendación de la CNDH.
“No puedo estar o votar a favor de un dictamen con el cual no coincido o no estoy de acuerdo. Por lo que mi voto es en contra”, enfatizó el legislador petista.
