Adjudicaciones directas, opacidad y corrupción de cuarta
Por Mónica Camarena Crespo
Adjudicar de manera directa es dar un contrato a una persona sin que haya un proceso de competencia. La Constitución en su artículo 134 y las leyes mexicanas señalan que la licitación pública debería ser la regla, de preferencia antes que cerrar la posibilidad solo a tres participantes o en su caso, la adjudicación directa.
AMLO prometió en campaña, según él para combatir la corrupción, que ya no habría adjudicaciones directas y que todos serían por concursos.
De hecho en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, dentro de su estrategia para erradicar la corrupción, el gobierno se comprometía a prohibir las adjudicaciones directas.
No ha sido así, la opacidad y rapacidad para adjudicar contratos ya rebasó cualquier precedente inmediato, de hecho la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reconoció que en 2020, el primer año de la pandemia, el gobierno federal otorgó 9 de cada 10 contratos sin licitación de por medio, como establece la ley, y cometió irregularidades al registrarlos en el sistema CompraNet.
La ASF confirmó en el tercer informe de la Cuenta Pública 2020 que existen inconsistencias dentro del sistema CompraNet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), debido a que cerca del 21% de los contratos plasmados en esta plataforma durante el 2020 carecían de información, además de que se halló que el 78.8% de las contrataciones totales registradas fueron adjudicaciones directas.
También la ASF identificó que durante el año 2020, el 88.3% (138,262) de las contrataciones totales realizadas, no se sujetaron a procedimientos de licitación pública como regla general, tal como lo mandata la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público; el 78.8% de las contrataciones totales fueron por procedimientos de adjudicación directa; en el 6.5% por invitaciones a cuando menos tres personas y en el 3% mediante otras figuras.
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) detectó instituciones federales que, en 2020, favorecieron los procesos de excepción sobre la licitación pública.
De los que más resaltan son: Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V (Birmex), empresa de propiedad estatal, que asignó el 98% del monto destinado a compras públicas por el procedimiento de adjudicación directa, es decir, más de 3 mil 800 millones de pesos.
También en la lista: El Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) que destinó 12 mil millones de pesos en compras públicas a través de adjudicaciones directas, 75% del monto total en 2020 y la Secretaría de Marina (Semar) que no destinó recursos por licitación pública en 2020. La Semar adjudicó mil 900 millones de pesos por adjudicación directa (72%) y 671 millones por invitación restringida (25%).
VERACRUZ EL MAL EJEMPLO
En los estados, sobre todo en Veracruz, las adjudicaciones directas aprovechando la pandemia son un verdadero escándalo sin que nadie proceda. Por ejemplo se confirmó la adjudicación de contratos millonarios a empresas “patito” con actividades que no corresponden a las compras.
Pero el destino los tiene que alcanzar, los excesos ya sobrepasaron los límites, porque las leyes y las reglas solo las “pisotean”.
@monicamarena
