El pleno de la Cámara de Diputados aprobó una reforma con la que se deja a las instituciones financieras la obligación de avisar a personas físicas o morales sobre el bloqueo de sus cuentas bancarias y se retira tal obligación a la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda.
Durante el debate, diputados de Oposición reclamaron que la UIF empiece por investigar a José Ramón López Beltrán, hijo del Presidente Andrés Manuel López Obrador, y a todos los demás familiares y colaboradores del Gobierno que han sido señalados de posibles casos de corrupción.
El dictamen se aprobó con 266 votos a favor y 219 en contra de toda la Oposición.
Luego de poco más de dos años de iniciado el proceso legislativo, la reforma pasó al Ejecutivo federal para su publicación y entrada en vigor.
Se trata de un dictamen que inició en la Cámara de Diputados en la pasada legislatura, a fines de 2019, que fue modificado en el Senado y que regresó a San Lázaro.
Los diputados ratificaron la modificación que impulsó el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal.
En la reforma al Capítulo V del Título Quinto de la Ley de Instituciones de Crédito, el dictamen original señala el procedimiento a seguir por quienes sean incluidos en la Lista de Personas Bloqueadas, que tendrán un plazo de 10 días hábiles para presentar su respuesta.
El dictamen de Diputados decía que tal plazo contaba al día siguiente en que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y la institución de crédito correspondiente hubieran notificado por escrito los fundamentos, causa o causas de la inclusión en la lista de personas bloqueadas.
La minuta del Senado y que se ratificó, retiró la mención de la UIF como responsable de hacer las notificaciones y se le dejó la atribución sólo a las instituciones de crédito, además de que se canceló el requisito de hacer el aviso «por escrito».
La panista Patricia Terrazas expuso que se aprobaba la reforma, sin que hubiera congruencia en el Gobierno y Morena.
«Desde esta tribuna le digo al Presidente y a sus aliados que el buen juez por su casa empieza, tendría que hacer las aclaraciones del origen y destino de los recursos de su familia, de José Ramón, de Martín, de Pío, de su prima Felipa y de sus colaboradores cercanos.
«Las instituciones de seguridad y justicia de nuestro país cada día están más extraviadas, no quieren entender que la UIF no puede, ni debe ser policía, ni contar con atribuciones que por mandato constitucional sólo le corresponden al Ministerio Público», argumentó.
Dijo que el país ha sido testigo de cómo la UIF ha vulnerado el debido proceso y la presunción de inocencia. «Ya se está haciendo costumbre que todas las leyes se violen con recurrencia, y veamos qué es lo que ha sucedido, principalmente estas últimas dos semanas desde el púlpito del Palacio, el gran abuso que se ha dado de la comunicación.
«No es sano que se den más armas a un solo poder, no es sano que se le den más armas al Presidente», reclamó.
Marcelino Castañeda, por el PRD, mencionó que el actual Gobierno se ha visto cómo la UIF se ha utilizado como un aparato represor e intimidador, por parte del Ejecutivo.
«Del más mínimo dato de los opositores, en nuestras cuentas eso suena a corrupción; pero por el otro lado, podemos ver -sin tener clara procedencia de los recursos- no decir ‘ni Pío’ y ‘delfinazos’ cobrando diezmos.
«Sin que sea considerado un delito, vemos conflictos de intereses en Texas sin que la UIF haga una investigación al respecto», reclamó.
Añadió que el dictamen lleva una dedicatoria y que eso es grave, pues se busca acallar a aquellos que hacen investigaciones periodísticas.
