Los partidos que conforman la coalición Va Por México en la Cámara de Diputados presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del Presupuesto de Egresos 2022.
El recurso fue interpuesto por los coordinadores parlamentarios del PAN, Jorge Romero, del PRI, Rubén Moreira, y del PRD, Luis Espinosa Chazaro.
En un pronunciamiento, los líderes de la bancadas de Oposición señalaron que el gasto aprobado por la mayoría parlamentaria para el próximo ejercicio fiscal transgrede el principio de progresividad, incorporado en el Artículo 1 constitucional en la reforma de 2011 y el cual tiene como finalidad que los derechos se desarrollen de manera gradual y evolutiva.
Subrayaron que el recurso es el primero de esta naturaleza que presentan los tres partidos en materia de progresividad.
Para los coordinadores parlamentarios, el PEF 2022 es regresivo, porque recortó programas que tienen como finalidad proteger y garantizar los derechos humanos de las y los mexicanos.
Como ejemplo, señalaron que el programa Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral registró un recorte de aproximadamente 10 mil millones de pesos, mientras que en educación se dejó de lado la recuperación de programas destinados al combate del rezago educativo, principalmente en las zonas más vulnerables del País.
Además, agregaron, desaparecieron programas como Escuelas de Tiempo Completo y Atención a la Diversidad de la Educación Indígena, entre otros.
Respecto a los programas enfocados a la igualdad y la protección de la mujer, señalaron que se recortaron acciones para la atención y prevención de la violencia, en tanto que en materia de medio ambiente se afectó el presupuesto para áreas naturales protegidas y la protección de especies y ecosistemas.
Aunado a esto, el PEF 2022 amenaza a la democracia en México, porque afecta el presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE), obligándolos a materializar su mandato constitucional sin los recursos suficientes y vulnerando así el derecho que tienen las y los mexicanos a participar en dichos procesos democráticos, como es el caso del proceso de revocación de mandato, abundaron.
Los coordinadores parlamentarios explicaron que de acuerdo con el mandato de no regresividad, una vez alcanzado determinado nivel de satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, el Estado está obligado a no dar marcha atrás, de modo que las prestaciones concretas otorgadas en un momento determinado constituyen el nuevo estándar mínimo a partir del cual debe seguirse avanzando.
