El Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM) y la Contraloría General del Estado incurrieron en omisiones deliberadas al evadir dar respuesta a solicitudes de acceso a la información relacionadas con las sanciones hacia servidores públicos por casos de acoso y hostigamiento sexual en el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez.
La persona solicitante requirió al IVM –que encabeza como encargada Rocío Villafuerte- a través del oficio IVM/UT/091/2021, respuesta a las siguientes preguntas:
-¿Cuántos casos de hostigamiento y acoso sexual se han sancionado en el periodo de enero de 2020 a octubre del 2021?
-Indique el número de quejas presentadas, durante el periodo de enero de 2020 a octubre del 2021, señalando a servidores públicos, con cargos de Jefaturas de departamento, Subdirectores, Directores y Secretarios de Instituciones públicas, por conductas de hostigamiento y acoso sexual.
-Nombre las Instituciones en las que se han presentado quejas durante el periodo de enero de 2020 a octubre del 2021, señalando a servidores públicos, con cargos de Jefaturas de departamento, Subdirectores, Directores y Secretarios de Instituciones públicas, por conductas de hostigamiento y acoso sexual.
-Indique el número de sanciones emitidas y nombre las evidencias con las que se prueban dichas sanciones cumplidas durante el periodo de enero de 2020 a octubre del 2021, relacionadas a conductas de acoso y hostigamiento sexual cometidas por servidores públicos.
-Nombre las medidas de satisfacción implementadas para las personas afectadas, que de acuerdo a la calificación e investigación de los Órganos Internos de Control, han sido víctimas de hostigamiento sexual a acoso sexual en la función pública.
La respuesta del IVM, a través del encargado de la Unidad de Transparencia Iván Orlando Quiñones Alonso, fue que “la información no se encuentra en los archivos, orientando al solicitante sobre el sujeto obligado a quien deba requerirla”, indicándole a la solicitante usar el portal de transparencia de la Contraloría General del Estado.
Esto, a pesar de que en el Protocolo de Acoso y Hostigamiento Sexual en la Administración Pública señala que el IVM debe tener un banco de datos.
La misma solicitante requirió esta misma información a la Contraloría General –dependencia que encabeza Mercedes Santoyo Domínguez-, mediante la solicitud de acceso a la información registrada con número de folio 300539700002321 y el oficio número CGE/UT/456/2021, con copia al IVM, así como respuesta a la sanción en un caso que la Contraloría Interna del Sistema Estatal de Salud de Veracruz calificó como acoso sexual.
La respuesta de la Contraloría General no contiene la información desagregada que se solicitó en términos del Protocolo de Acoso y Hostigamiento Sexual, y la dependencia pidió varias prórrogas para localizar la información.
Además, en la respuesta en donde se integra el Acta del Comité no aborda la reserva de información o el motivo por el qué es información clasificada. En este último punto, era el Comité de Transparencia el que debía determinar si es o no información clasificada, y si ése era el caso, entregar una versión pública como lo marca la Ley de Acceso a la Información.
La respuesta final de la Contraloría, avalada por el Comité de Transparencia -integrado por Juan Ignacio Martínez Francisco como presidente, Rocío Sigala Aguilar como secretaria y Miguel Montoya Barradas como secretario- y por el director general de Responsabilidades Administrativas, José David Hernández Ortiz, fue remitir a la persona solicitante al portal de transparencia de la Contraloría para que “consulte la información que se encuentra disponible públicamente” en el apartado “XVIII. Servidores públicos sancionados”, con lo cual la dependencia dio por concluido el asunto.
La Clave cuenta con copia de todos los oficios antes referidos.
