El acuerdo para decretar como de seguridad nacional las obras de infraestructura del gobierno, publicado en el Diario Oficial de la Federación este martes, será revisado por el INAI para definir las acciones legales para contrarrestar su inviabilidad.
“Las áreas especializadas del Instituto estudian los alcances del Acuerdo y, de ser necesario, exploran las distintas vías legales a emprender para asegurar que el derecho de acceso a la información de la sociedad sea garantizado, sin restricción alguna”, señaló el organismo autónomo en un comunicado.
El concepto legal de “seguridad nacional”, contenido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, permite a las dependencias gubernamentales negarse a entregar información, por lo cual ninguna de las grandes obras del gobierno de López Obrador podría ser investigada.
El Acuerdo, firmado por todo su gabinete, busca eximir a las dependencias de la administración pública de respetar el principio de máxima publicidad y rendición de cuentas.
Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que el acuerdo busca “blindar” las obras de su administración de los amparos promovidos por los empresarios Claudio X. González y su hijo Claudio X. González Guajardo, así como por el exministro José Ramón Cossío, quien según él asesora legalmente al grupo opositor.
Criticó a los medios que afirman que se trata de una estrategia para la opacidad, pues es un acuerdo que no alcanza la categoría de decreto, para “agilizar los trámites”.
