*Alberto Silva Ramos, conocido como “El Cisne”, fue incorporado recientemente a la Auditoría Superior de la Federación como subdirector de Área en la Dirección General de Enlace Legislativo y Asuntos Públicos. El excoordinador de Comunicación Social del gobierno duartista fue investigado por su presunta participación en una red de desvío de recursos públicos mediante empresas fantasma, por la que incluso se solicitó su desafuero cuando era diputado federal.
Alberto Silva Ramos, uno de los exfuncionarios más cercanos al exgobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa y cuyo nombre estuvo involucrado en las investigaciones por el escándalo de las empresas fantasma durante aquella administración, fue incorporado recientemente a la estructura de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), organismo encargado de fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos federales.
El exfuncionario priista, conocido en el ámbito político veracruzano como “El Cisne”, aparece en el directorio oficial de servidores públicos de la ASF como subdirector de Área, adscrito a la Dirección General de Enlace Legislativo y Asuntos Públicos (DGELAP), una dependencia vinculada directamente con el despacho del auditor superior, actualizado al 30 de octubre de 2026.
Su incorporación se registra durante la gestión de Aureliano Hernández Palacios Cardel al frente de la Auditoría Superior de la Federación.
El nombramiento llama la atención por los antecedentes del exfuncionario veracruzano, quien durante el gobierno de Javier Duarte ocupó posiciones de primer nivel en áreas desde las que, según investigaciones periodísticas y ministeriales, se realizaron operaciones millonarias con empresas que posteriormente fueron identificadas como inexistentes por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Investigado por el desvío de 245 millones de pesos a empresas fantasma
Uno de los principales antecedentes de Alberto Silva Ramos se remonta a mayo de 2017, cuando Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad publicaron una investigación que lo relacionó con operaciones por 245 millones de pesos realizadas durante diciembre de 2014, cuando se desempeñaba como coordinador general de Comunicación Social del gobierno de Javier Duarte.
De acuerdo con la investigación, los recursos fueron facturados por distintas dependencias estatales bajo el concepto de difusión de actividades gubernamentales, pero terminaron en compañías que el SAT había identificado como empresas inexistentes.
La investigación documentó operaciones con ocho compañías: Carrirey, Ravsan, Anzara, Mogarver, Mercacarrey, Marvercarr, Publicidad Akkira y Gman Business.
Las operaciones se realizaron durante la segunda quincena de diciembre de 2014 y utilizaron presupuestos de diversas dependencias de la administración estatal, pese a que los servicios supuestamente contratados correspondían a actividades de comunicación gubernamental.
La organización señaló que las empresas beneficiadas no acreditaron la prestación de los servicios por los que recibieron los recursos públicos.
En aquel periodo, Silva Ramos ocupaba la Coordinación General de Comunicación Social, mientras Antonio Tarek Abdalá Saad se desempeñaba como tesorero de la Secretaría de Finanzas y Planeación de Veracruz. Ambos fueron señalados en la investigación periodística por su presunta intervención en el mecanismo de contratación y pago a las compañías fachada.
La Fiscalía de Veracruz solicitó su desafuero
Los señalamientos contra Alberto Silva Ramos no quedaron únicamente en investigaciones periodísticas.
En julio de 2017, la Fiscalía General del Estado de Veracruz, entonces encabezada por Jorge Winckler Ortiz, presentó ante la Cámara de Diputados una solicitud de declaración de procedencia para retirarle el fuero constitucional al exfuncionario, quien en ese momento ocupaba una curul federal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
La petición buscaba permitir que fuera procesado penalmente por presuntas irregularidades cometidas durante su paso por la Coordinación General de Comunicación Social.
Entre los delitos señalados por la Fiscalía se encontraban el presunto desvío de recursos públicos, abuso de autoridad, coalición y ejercicio ilegal del servicio público.
De acuerdo con las investigaciones de la época, la Fiscalía indagaba operaciones con al menos diez empresas fantasma mediante un esquema de comprobación de gastos con facturas que presuntamente encubrían pagos irregulares.
El expediente ministerial identificado como FGE/FIM/CI/36/2017 incluyó señalamientos sobre la utilización de documentos fiscales para justificar la salida de recursos públicos hacia compañías fachada.
Sin embargo, Silva Ramos negó haber autorizado o ejecutado personalmente los pagos y sostuvo que su participación se había limitado a conseguir las facturas correspondientes. También señaló que las responsabilidades por la ejecución de los pagos correspondían a otras áreas administrativas del gobierno estatal.
El procedimiento de desafuero no prosperó y fue desechado en la Cámara de Diputados, por lo que no derivó en ese momento en su procesamiento penal.
