*Las organizaciones defensoras de la libertad de expresión demandaron a la Fiscalía de Veracruz investigar los hechos tomando como principal línea el trabajo periodístico de Quetzalli Vázquez Hernández, quien ha publicado investigaciones sobre presuntas irregularidades en el gobierno estatal. También exigieron reforzar su protección y garantizar que pueda continuar ejerciendo el periodismo sin amenazas.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos y libertad de expresión Artículo 19 y Propuesta Cívica exigieron a las autoridades de Veracruz investigar el allanamiento del domicilio de la periodista Quetzalli Vázquez Hernández, ocurrido en Xalapa, ante la posibilidad de que se trate de un acto de intimidación relacionado con sus investigaciones sobre funcionarios públicos y presuntas irregularidades en dependencias gubernamentales.
Artículo 19 emitió este miércoles 4 de noviembre una alerta en la que demandó a la Fiscalía General del Estado (FGE) realizar una investigación exhaustiva, aplicando el Protocolo Homologado de Investigación de Delitos contra la Libertad de Expresión y considerando como principal línea de investigación la actividad profesional de la comunicadora.
Por su parte, Propuesta Cívica exigió que las investigaciones tomen en cuenta la labor de la periodista y que el Mecanismo Federal de Protección refuerce las medidas de seguridad necesarias, sin que estas obstaculicen su derecho a continuar informando.
Los hechos ocurrieron el pasado 27 de octubre, cuando Quetzalli Vázquez Hernández, directora del medio QUE Noticias, encontró abierto el portón de su vivienda en la capital veracruzana, pese a que no había autorizado el ingreso de ninguna persona.
De acuerdo con su testimonio, elementos policiacos acudieron al domicilio después de recibir una llamada de auxilio, pero en su reporte señalaron que únicamente encontraron el portón abierto, sin advertir objetos faltantes ni otras circunstancias inusuales. Sin embargo, para la comunicadora, precisamente la ausencia de un robo constituye un elemento que hace sospechar que el ingreso pudo tener una intención intimidatoria.
“Alguien saltó la barda de mi domicilio, abrió el portón y salió; su intención no era robar, sino dejarme en claro que pueden entrar”, relató la periodista, según el testimonio difundido por Artículo 19.
Quetzalli Vázquez Hernández ha desarrollado buena parte de su trayectoria periodística en la cobertura de asuntos políticos de Veracruz, particularmente en la investigación de la gestión pública, el desempeño de funcionarios y las actividades de personajes que aspiran a cargos de elección popular.
En los días previos al allanamiento, la comunicadora había trabajado en investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades en el sector salud y otras dependencias del gobierno estatal que encabeza Rocío Nahle García.
Entre sus publicaciones recientes figura una sobre las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al manejo de recursos públicos durante 2025, que incluyen señalamientos sobre nóminas del sector educativo, los Servicios de Salud de Veracruz y el DIF.
Aunque no se ha establecido una relación directa entre estas publicaciones y el ingreso a su vivienda, Artículo 19 advirtió que las autoridades están obligadas a investigar esa posibilidad, especialmente porque no existen indicios de que el propósito del allanamiento haya sido sustraer bienes.
Exigen protección y garantías al gobierno de Nahle
En su pronunciamiento, Artículo 19 formuló tres exigencias concretas a las autoridades estatales y federales.
La primera está dirigida a la Fiscalía General del Estado, a la que demandó investigar con debida diligencia y exhaustividad los hechos, sin descartar que se trate de una agresión relacionada con el ejercicio de la libertad de expresión.
La segunda corresponde al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, al que solicitó reevaluar el riesgo que enfrenta la comunicadora y activar medidas urgentes de seguridad, considerando el contexto de violencia contra la prensa en Veracruz.
Finalmente, la organización exigió al gobierno estatal garantizar condiciones de seguridad para quienes ejercen el periodismo y para las voces críticas del poder público.
En el mismo sentido, Propuesta Cívica subrayó que cualquier medida de protección debe permitir a la periodista continuar con sus actividades profesionales, sin imponer restricciones que terminen afectando su derecho a informar.
Las exigencias colocan nuevamente bajo atención la responsabilidad de las autoridades veracruzanas de prevenir las agresiones contra periodistas, investigar posibles amenazas y garantizar que quienes documentan asuntos de interés público puedan desempeñar su trabajo sin represalias.
Artículo 19 recordó que Veracruz mantiene uno de los antecedentes más graves de violencia contra la prensa en México. De acuerdo con sus registros, desde el año 2000 han sido asesinados 34 periodistas en la entidad, cifra que la organización identifica como la más elevada del país durante ese periodo.
Además, durante 2025 documentó un promedio cercano a tres agresiones mensuales contra periodistas veracruzanos, lo que colocó al estado en el segundo lugar nacional por número de ataques, únicamente detrás de la Ciudad de México.
La organización advirtió que la violencia contra periodistas en Veracruz comprende desde amenazas e intimidaciones hasta agresiones físicas, por lo que consideró indispensable que las autoridades reconozcan la persistencia de este problema y garanticen investigaciones efectivas.
