*El gerente general del organismo, José Manuel Pozos del Ángel, podría ser arrestado durante 36 horas si el próximo 28 de octubre no reinstala a ocho trabajadores despedidos desde 2009 y les paga los adeudos laborales. Un juez federal también vinculó a la gobernadora Rocío Nahle al cumplimiento del fallo y la apercibió con una multa.
El gerente general del Instituto Veracruzano de la Vivienda (INVIVIENDA), José Manuel Pozos del Ángel, enfrenta un apercibimiento de arresto por 36 horas si el próximo 28 de octubre no cumple una sentencia judicial que ordena reinstalar y pagar los adeudos laborales a ocho trabajadores despedidos desde 2009, mientras que la gobernadora Rocío Nahle García también fue vinculada por el Poder Judicial Federal al cumplimiento del fallo.
Así lo dio a conocer el abogado laboralista Juan José Llanes, quien denunció que durante más de una década las autoridades estatales han recurrido a maniobras dilatorias para evitar la ejecución de una resolución definitiva, situación que calificó como una muestra de la simulación y el desacato a los mandatos judiciales que prevalecen en Veracruz.
El litigio se remonta a 2009, cuando ocho trabajadores, entre otros, fueron despedidos del INVIVIENDA y promovieron un juicio laboral que quedó radicado bajo el expediente 187/III/2009-V-VII, actualmente en la Junta Especial Número Siete de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.
Después de varios años de litigio, en las postrimerías del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares se dictó un laudo definitivo que condenó al organismo a reinstalar a los empleados y cubrir las cantidades adeudadas.
Sin embargo, durante los seis años de la administración de Cuitláhuac García Jiménez tampoco se cumplió la resolución, pese a los reiterados requerimientos de los trabajadores.
Ante la falta de resultados, los afectados promovieron en 2025 un juicio de amparo indirecto, registrado con el número 922/2025 ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito, con sede en Xalapa.
Aunque inicialmente el juez federal ordenó actuar a la Junta de Conciliación, posteriormente sobreseyó el amparo al considerar suficientes las diligencias realizadas, a pesar de que los trabajadores continuaban sin ser reinstalados ni recibir sus pagos.
El argumento recurrente del INVIVIENDA, explicó Llanes, ha sido que no dispone de espacios para reincorporar a los trabajadores y que realiza trámites ante la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) para gestionar los recursos correspondientes.
Tribunal federal revoca resolución y ordena cumplir el laudo
Los trabajadores impugnaron el sobreseimiento mediante un recurso de revisión, registrado con el expediente 5/2026, que fue resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito.
De acuerdo con el abogado, el Tribunal Colegiado revocó la resolución del juez de Distrito y concedió el amparo, al establecer que el derecho de acceso a la justicia y a la tutela jurisdiccional efectiva solamente quedará restituido cuando se cumpla íntegramente el laudo laboral.
La sentencia también habría identificado recursos e incidentes promovidos por el INVIVIENDA que obstaculizaron la ejecución del fallo, así como la actuación permisiva de la Junta de Conciliación frente a esas maniobras.
En consecuencia, el órgano federal determinó que debían utilizarse medidas de apremio, incluido el arresto, para obligar al cumplimiento de la resolución.
Por ello, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje tuvo que apercibir al gerente general del INVIVIENDA, José Manuel Pozos del Ángel, para que el próximo 28 de octubre reinstale a los ocho trabajadores y cubra los adeudos correspondientes.
De persistir el incumplimiento, según el apercibimiento citado por Llanes, “se hará efectivo el medio de apremio (…) consistente en arresto por treinta y seis horas”.
Rocío Nahle también queda vinculada al cumplimiento
El abogado destacó que el pasado 14 de octubre el juez federal determinó vincular directamente a la gobernadora Rocío Nahle García al cumplimiento de la sentencia de amparo.
La mandataria fue apercibida inicialmente con una multa y quedó sujeta a las disposiciones de los artículos 192, 193 y 197 de la Ley de Amparo, relativos al cumplimiento de las ejecutorias y las responsabilidades de las autoridades involucradas.
Llanes comparó la situación jurídica de Nahle con la que enfrentó hace aproximadamente una década el exgobernador Javier Duarte de Ochoa, cuando también fue vinculado al cumplimiento de una sentencia de amparo relacionada con trabajadoras del Congreso del Estado.
El litigante sostuvo que la intervención del Poder Judicial Federal evidencia la resistencia de las autoridades veracruzanas a acatar resoluciones laborales definitivas, incluso después de agotar distintas instancias judiciales.
Acusan maniobras para proteger a Pozos del Ángel
Juan José Llanes también denunció que el gobierno estatal, presuntamente con la participación de la propia Secretaría de Trabajo, estaría articulando nuevas estrategias para impedir que se ejecute la sentencia.
Afirmó que existe una resistencia particular a la posibilidad de arrestar a José Manuel Pozos del Ángel, hijo del subsecretario de Gobierno de Veracruz, José Manuel Pozos Castro.
Según el abogado, la relación familiar del funcionario con un integrante de la administración estatal sería uno de los factores que explican la resistencia a aplicar las medidas de apremio ordenadas judicialmente, aunque se trata de un señalamiento suyo.
Llanes cuestionó que, después de 17 años de litigio, los trabajadores continúen sin obtener justicia, pese a contar con una resolución definitiva a su favor.
También advirtió que la resistencia del gobierno veracruzano frente a los mandatos del Poder Judicial Federal podría estar relacionada con la percepción de que la reforma judicial permitirá ejercer presiones sobre los juzgadores.
Finalmente, señaló que los trabajadores decidieron hacer público el caso ante la prolongada negativa de las autoridades a cumplir el laudo.
