Otro operativo fallido
Por Javier Solórzano Zinser
Si como dicen las autoridades en el caso de Totolapan, Morelos, prevalecieron los protocolos legales y la defensa de las autoridades secuestradas, el hecho no hace a un lado por ningún motivo el gran problema que existe en la zona y el estado en lo que bien podríamos definir como pérdida de territorio.
El país, que no sólo el gobierno, ha venido perdiendo espacios. El avance de la delincuencia organizada es cada vez mayor, porque está permeando con toda claridad su presencia e influencia entre los ciudadanos que se han convertido en la base social, como lo ha reconocido la propia Presidenta.
Que las autoridades se vean al límite de tener que intercambiar un capo por tres agentes que estaban secuestrados por los propios delincuentes, evidencia el estado de las cosas. Se ha venido perdiendo territorio lo que constituye una ausencia de gobernabilidad, la cual, en el caso de Morelos, se viene intensificando desde hace varios años.
Hasta ahora poco ha cambiado el estado desde que Cuauhtémoc Blanco dejó la gubernatura. Al exgobernador, todo indica, se han dedicado a protegerlo el gobierno local y federal. Las legisladoras de Morena han hecho su parte, ante las acusaciones que le han hecho sobre abuso sexual, tomaron la tribuna para cederle su espacio para que se defendiera en medio del grito desaforado de “no está solo”.
El Gobierno morelense ha dicho en varias ocasiones que tiene carpetas de investigación en su contra, pero hasta ahora no ha pasado absolutamente nada. Para entender lo que está pasando en municipios como Totolapan, es importante revisar lo que se ha venido dando en los últimos años. Mucho de lo que sucede tiene que ver con la herencia de gobiernos anteriores, pero, sobre todo, tiene que ver con la falta de protocolos bien diseñados para tomar decisiones como lo que tuvieron que estructurar antes de tener que enfrentar la presión de una organización delincuencial que, ante el secuestro de uno de los suyos de alto nivel, colocaron al gobierno contra las cuerdas, ante lo cual tuvieron que liberarlo para recuperar a tres agentes.
No es la primera vez que pasa en el país. Los delincuentes siguen avanzando y debido a su relación con los políticos, van adquiriendo mayor fuerza entre la población, a lo que se suma el control del territorio.
Igual pasó con Ovidio Guzmán. En aquella operación todo resultó mal hecho. Ovidio y sus huestes obligaron al gobierno a que lo liberaran antes de que se cruzara una tragedia mayor. En aquella ocasión como en ésta, el colmo fue y es que no se tenga un buen diagnóstico y protocolos diseñados ex profeso para enfrentar circunstancias que, sin lugar a duda, son excepcionales. Estamos ante personajes poderosos, potentes y además relacionados con un sector de la clase política.
Si con Ovidio se presentó una enorme confusión, a pesar de que estaba al frente el encargado de la seguridad, que por lo que se ve le dieron como premio la gubernatura de Sonora, en el caso de Totolapan aparecieron errores similares, como si no hubiera un mínimo de aprendizaje nacional, a sabiendas de que este tipo de escenarios nos aparecen constantemente.
Si las cosas no han pasado a mayores en otras ocasiones, es porque en algunos casos se han logrado diseñar estrategias en que se analiza cuál podría ser la reacción de los delincuentes y de la población civil.
La explicación que han dado las autoridades morelenses los enreda aún más. El tema alcanza, a querer o no, a las autoridades federales, porque una operación de esta naturaleza difícilmente es ajena a los encargados de la seguridad del país. Si no lo hicieron, mal hecho, y si lo hicieron la pregunta es en dónde estaban.
RESQUICIOS.
Con eso de que les da por minimizar las protestas o críticas al gobierno, es cierto que la marcha de los trabajadores del IMSS no fue tumultuosa, la cuestión es que sus demandas, que son las del derechohabitante, cuestionan profundamente al sistema de salud, ésta es la terca realidad.
