Fuentes de la Fiscalía General de la República (FGR) reconocieron que todo apunta a que los 59 millones de litros asegurados en una terminal de San José Iturbide, Guanajuato, no corresponden a “huachicol fiscal”.
La revelación contrasta con la difusión que recibió el operativo apenas unos días antes, cuando autoridades informaron del aseguramiento de más de 59 millones de litros de hidrocarburos en instalaciones vinculadas con Gas Natural del Noroeste, perteneciente a Grupo SIMSA. El volumen fue presentado públicamente como un decomiso de dimensiones históricas en el combate al mercado ilegal de combustibles.
Sin embargo, desde el primer momento la empresa rechazó que se tratara de combustible ilícito. Gas Natural del Noroeste sostuvo que la terminal opera legalmente, cuenta con permisos y se encuentra regulada por autoridades federales, estatales y municipales. También afirmó que los hidrocarburos almacenados pertenecen a sus clientes y que entregó documentación para acreditar su procedencia.
La versión empresarial abrió interrogantes sobre la manera en que las autoridades comunicaron el operativo. El combustible permaneció en las propias instalaciones y la planta habría retomado actividades desde el 10 de septiembre, antes incluso de que el supuesto “megadecomiso” fuera anunciado públicamente el día 17.
Ahora, fuentes de la propia FGR consultadas por La Jornada señalan que todo parece indicar que los 59 millones de litros no eran huachicol fiscal. El mismo reporte vinculó el episodio con el cese de Juan Francisco Vera Ayala como delegado de la Fiscalía en Guanajuato.
El episodio exhibe, cuando menos, una cadena de precipitación institucional: primero se difundió un operativo de enorme escala sin que estuviera determinada definitivamente la procedencia ilícita de los hidrocarburos; después, la empresa presentó documentación y rechazó públicamente las acusaciones; posteriormente, la investigación fue atraída por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO); y finalmente surgió desde la propia FGR la versión de que el combustible probablemente no era ilegal.
Este jueves 24 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum intentó mantener abierto el expediente. Señaló que preguntó directamente a la fiscal general, Ernestina Godoy, y que la FGR continúa revisando los permisos de la empresa, por lo que sostuvo que todavía no puede descartarse definitivamente que exista alguna irregularidad.
