El abogado penalista Jorge Reyes Peralta escaló sus acusaciones sobre la presunta operación de un denominado “cártel inmobiliario” en Xalapa y señaló directamente al secretario de Gobierno de Veracruz, Ricardo Ahued Bardahuil, de supuestamente proteger a personas relacionadas con una red que habría utilizado procedimientos judiciales y notariales para despojar propiedades.
Ahued rechazó categóricamente los señalamientos, aseguró que desde la Secretaría de Gobierno no se brinda protección a ninguna persona involucrada en actividades ilícitas y retó al litigante a presentar ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Poder Judicial las pruebas que dice poseer.
El enfrentamiento público tiene como trasfondo un litigio relacionado con un predio de aproximadamente 120 mil metros cuadrados ubicado en la zona de Arco Sur, en Xalapa, propiedad de la empresa Fincar Maz S.A. de C.V., cuya representación legal está a cargo de Reyes Peralta.
De acuerdo con el abogado, el terreno —cuyo valor estima actualmente en más de 500 millones de pesos— habría sido objeto de un procedimiento irregular de prescripción promovido por Martha Leticia Toral Zayas. El caso ha derivado en investigaciones por presuntos delitos de fraude genérico y contra la fe pública.
Reyes Peralta sostiene que el asunto forma parte de una operación más amplia mediante la cual diferentes grupos se habrían apropiado irregularmente de propiedades utilizando juicios civiles, escrituras, operaciones de compraventa y actuaciones notariales.
Según su versión, en esos procedimientos podrían estar involucrados abogados, notarios, peritos, actuarios, empleados del Registro Público de la Propiedad e incluso servidores públicos.
El señalamiento más grave realizado por Reyes Peralta apunta directamente hacia el número dos del gobierno de Rocío Nahle. “Señalamos a Ricardo Ahued, secretario general del Gobierno del Estado de Veracruz, que él protege al cártel inmobiliario”, acusó el abogado.
Según el penalista, la investigación lleva cerca de tres años y durante ese periodo se habrían presentado obstáculos para que las autoridades procedieran contra todas las personas presuntamente involucradas. Incluso acusó a Ahued de supuestamente impedir que se ejercitara acción penal y que fueran judicializados compradores y otros funcionarios relacionados con las operaciones investigadas.
El abogado contrastó esta supuesta actuación con el discurso público del propio Secretario de Gobierno, quien anteriormente ha asegurado que las autoridades investigan las denuncias relacionadas con el llamado “cártel inmobiliario” y que existe una instrucción de la gobernadora Rocío Nahle García para llegar hasta las últimas consecuencias.
Reyes Peralta mostró una fotografía en la que aparece Ahued con algunas personas a las que relacionó con el caso y cuestionó que mientras públicamente el gobierno afirma combatir esas prácticas, el secretario recibe en sus oficinas a personas presuntamente vinculadas con las operaciones denunciadas.
“Por un lado nos sale a platicar que está combatiendo al cártel y por otro lado lo recibe en su despacho, ¿verdad?, para darles protección”, afirmó.
Otro de los puntos que Reyes Peralta considera necesario esclarecer es el destino de 98 millones de pesos relacionados con una de las operaciones inmobiliarias investigadas. El abogado demandó que se establezca la trazabilidad del dinero y planteó la necesidad de obtener información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), así como posibles reportes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Su planteamiento es determinar si los 98 millones de pesos efectivamente fueron pagados, de qué cuentas salieron, quién los recibió y dónde terminaron los recursos.
Reyes Peralta cuestionó públicamente dónde se encuentra ese dinero y consideró que seguir la ruta financiera permitiría establecer responsabilidades entre quienes participaron en la operación.
A pesar de la gravedad de sus señalamientos, Reyes Peralta reconoció que hasta ahora no ha presentado una denuncia formal contra Ricardo Ahued por la supuesta protección al grupo inmobiliario.
El abogado aseguró que se encuentra reuniendo documentación y afirmó que, si logra obtener los elementos suficientes para sustentar jurídicamente sus acusaciones, acudirá ante las autoridades.
“Estamos documentando la participación de él y, dado el caso, presentaré una denuncia con sustento de todas las pruebas que acrediten que sí protege al ‘cártel inmobiliario’”, declaró.
Reyes Peralta afirmó que el problema, desde su perspectiva, rebasa una confrontación personal con el Secretario de Gobierno. “Lo que sí es muy lamentable que ocupe el cargo, el encargo que tiene asignado como Secretario de Gobierno para proteger los negocios ilícitos de sus amigos”, acusó.
“Si tiene pruebas, que las presente”
Ricardo Ahued respondió a las acusaciones y negó cualquier intervención de su parte o de la Secretaría de Gobierno para proteger a personas relacionadas con las investigaciones. “Si las tiene —las pruebas—, que las presente”, respondió el funcionario.
Ahued cuestionó además que Reyes Peralta formule acusaciones públicamente en lugar de presentar los elementos que dice poseer ante las instituciones correspondientes.
El Secretario de Gobierno elevó el tono de su respuesta y acusó al abogado de hacer “berrinches” y decir “tonterías”. “Es muy fácil que yo vaya al café, interrumpa, busque y empiece a disparar tonterías”, expresó.
Incluso le recomendó dejar la discusión mediática y concentrarse en el litigio. “Yo creo que andar en los cafés tirando tonterías, yo creo que no le ayuda, ya está grande para eso”, señaló.
Respecto de la fotografía utilizada por Reyes Peralta como parte de sus señalamientos, Ahued no negó haberse reunido con algunas de las personas que aparecen en ella. Explicó que se trata de empresarios del sector restaurantero y sostuvo que, como funcionario público, recibe habitualmente a ciudadanos y representantes de diferentes sectores.
De acuerdo con su argumento, una reunión o una fotografía no constituyen evidencia de protección política ni de complicidad en algún ilícito.
Ahued negó igualmente tener capacidad para ordenar a la Fiscalía General del Estado o al Poder Judicial cómo proceder en el expediente. “La Fiscalía es autónoma, nosotros —el gobierno— no se presta, menos yo”. Y emplazó al litigante: “que haga su trabajo, que vaya a ver al Poder Judicial, que vaya a ver a la Fiscalía”.
El Secretario de Gobierno insistió en que el conflicto al que hace referencia Reyes Peralta se encuentra en manos de las autoridades desde años atrás y que debe resolverse precisamente en los tribunales. Y lanzó otro reto al abogado: “Que lo litigue y que lo gane”.
Ahued sostuvo que si dentro de las investigaciones aparece algún notario, servidor público o particular responsable de conductas ilegales, deberá responder ante las autoridades. “Si hay un notario, un servidor público, un ciudadano que tenga que exponer ante la autoridad y que se le aplique la ley, será”, puntualizó.
Según Ahued, la dependencia mantiene actualmente 127 audiencias ciudadanas para atender asuntos inmobiliarios.
