La Asociación de Industriales del Estado de Veracruz (AIEVAC) salió en defensa de Grupo Porres ante los cuestionamientos de la gobernadora Rocío Nahle García por el anunciado cierre del ingenio San Pedro, en Lerdo de Tejada, y advirtió que las decisiones operativas, financieras y patrimoniales de las empresas privadas corresponden a su ámbito reservado y deben ser respetadas por las autoridades.
En un comunicado institucional dirigido a la opinión pública, al Gobierno del Estado y al sector industrial y empresarial, la AIEVAC fijó su postura sobre la crisis de la agroindustria azucarera y, particularmente, sobre la decisión tomada por Grupo Porres respecto del histórico ingenio.
El posicionamiento se produce después de que Nahle cuestionara públicamente a los propietarios de la factoría por haber anunciado su cierre sin informar previamente al Gobierno de Veracruz y exigiera al grupo empresarial actuar con mayor “responsabilidad social”. La mandataria sostuvo que la empresa no podía simplemente abandonar la operación y que primero debió avisar a su administración para analizar alternativas ante las afectaciones para trabajadores y productores.
“Primero, avisarle al Gobierno, porque tenemos trabajadores y hay una responsabilidad social que deben de tener”, declaró Nahle la semana pasada. La gobernadora también rechazó la afirmación de que no existan condiciones para mantener funcionando el ingenio y señaló que, si Grupo Porres ya no desea operarlo, se buscaría a otros inversionistas interesados.
Previamente, Nahle había cuestionado que Othón Porres Bueno se encontrara fuera del país después de anunciarse el cierre de la factoría. “¿Raro, verdad? Raro que cierras algo y te vas”, expresó la mandataria, quien anunció la intervención de su gobierno para intentar impedir el cierre.
Reivindican libertad de empresa
Sin mencionar directamente las expresiones de Nahle, pero en clara referencia a la controversia generada alrededor de Grupo Porres, la AIEVAC sostuvo que la inversión privada requiere respeto a la autonomía empresarial y certeza jurídica.
“La atracción y permanencia de inversiones en Veracruz se sustentan en el estricto respeto al marco constitucional, a la propiedad privada y a la autonomía de las empresas en la toma de sus decisiones corporativas y financieras”, señaló el organismo.
La asociación empresarial fue más allá al sostener que los estados financieros, las estrategias de capital y las evaluaciones sobre la viabilidad operativa de las empresas privadas pertenecen a su ámbito reservado.
Además, lanzó una advertencia sobre la intervención pública en este tipo de decisiones: “Sentar precedentes de fiscalización o señalamiento público sobre decisiones patrimoniales debilita el clima de negocios y la certidumbre jurídica que el estado necesita”.
El planteamiento contrasta con la posición expresada por Nahle, quien afirmó que la situación financiera del ingenio debía revisarse y sostuvo que no permitiría su cierre. El Gobierno estatal ha señalado que busca preservar más de mil 200 empleos y mantener en la Cuenca del Papaloapan el procesamiento de la caña producida en la región.
La AIEVAC también respaldó expresamente al grupo propietario del ingenio San Pedro y aseguró que ha cumplido con sus obligaciones laborales.
“Destacamos de manera categórica que nuestro socio, Grupo Porres, está honrando de forma plena y transparente todos los compromisos, liquidaciones y derechos adquiridos de sus trabajadores, en estricto apego a la Ley Federal del Trabajo y los contratos colectivos”, expuso.
Según el organismo, esta actuación demostraría que, aun en escenarios de reestructuración compleja, existe un compromiso con “el bienestar y la dignidad del talento humano”.
Otro de los puntos centrales del comunicado es la explicación de la AIEVAC sobre las causas de la crisis. El organismo rechaza que la suspensión de operaciones responda a una decisión irresponsable y sostiene que existen razones económicas y técnicas.
“Las decisiones de ajuste o suspensión de operaciones no responden a actos de irresponsabilidad, sino a diagnósticos técnicos y a la severa presión económica que enfrenta la agroindustria”, indicó.
La AIEVAC atribuyó parte de esa situación a la importación desmedida de azúcar extranjera, el contrabando técnico y el desplazamiento del consumo por otros endulzantes, fenómenos que, según su diagnóstico, provocaron una sobreoferta, desplomaron los precios internos y erosionaron los márgenes de rentabilidad de las plantas procesadoras.
El argumento introduce un contrapunto respecto de las primeras declaraciones de la gobernadora, quien negó que no hubiera condiciones regionales para operar el San Pedro: “Eso no es cierto. Hay suficiente caña, están los trabajadores, el balance de ellos nada más que hay que revisar”, afirmó Nahle. La propia mandataria, sin embargo, también reconoció la existencia de un problema por el ingreso irregular de azúcar importada.
Información difundida posteriormente señala que las evaluaciones técnicas disponibles para Grupo Porres estiman que serían necesarias inversiones de varios cientos de millones de pesos para atender requerimientos de seguridad y operación, mientras que la magnitud de esos recursos y la situación financiera de la unidad formarían parte de las razones por las cuales la compañía considera inviable continuar en las condiciones actuales.
Piden al gobierno ser “facilitador”, no trasladar responsabilidades
La AIEVAC dedicó otro apartado de su posicionamiento al papel que, desde su perspectiva, deberían asumir las autoridades ante el conflicto.
El organismo reconoció la importancia social de la actividad económica de Lerdo de Tejada, pero señaló que la función gubernamental debería enfocarse en facilitar las condiciones para la inversión y la competitividad.
“Sostenemos que el papel de las autoridades ante este tipo de coyunturas debe orientarse a ser un agente facilitador que construya incentivos tributarios, energéticos, de competitividad y de infraestructura que devuelvan la viabilidad a las cadenas productivas”, indicó.
Y añadió que esto debe hacerse “en lugar de trasladar a la iniciativa privada responsabilidades o exigencias que exceden el marco legal”.
El ingenio San Pedro constituye uno de los principales motores económicos de la zona. La factoría procesa entre uno y 1.2 millones de toneladas de caña por zafra, de acuerdo con información difundida durante las gestiones para evitar su cierre.
Mientras tanto, los gobiernos estatal y federal mantienen conversaciones con los propietarios para buscar una salida que permita conservar la actividad productiva. Este lunes 17 de agosto, Nahle aseguró que existe comunicación con uno de los dueños de Grupo Porres y afirmó que ambas partes se encuentran dialogando para intentar resolver la situación.
En su comunicado, la AIEVAC cerró con un mensaje dirigido a las autoridades: el desarrollo económico de Veracruz, sostuvo, debe construirse en alianza con la iniciativa privada, con “reglas claras, respeto a las instituciones y certidumbre para quienes generan empleo, cumplen la ley e invierten en nuestra entidad”.
