Por José Manuel de Alba de Alba
I. INTRODUCCIÓN
El debate suscitado en torno a la eventual solicitud de extradición del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, permite analizar uno de los temas más complejos del constitucionalismo y del derecho internacional contemporáneo: la tensión entre soberanía estatal, supremacía constitucional y cumplimiento obligatorio de los tratados internacionales.
La discusión no es menor.
En el fondo, obliga a responder preguntas esenciales:
- ¿Puede un Estado invocar figuras de derecho interno para limitar el cumplimiento de un tratado de extradición?
- ¿El fuero constitucional constituye una barrera frente a obligaciones internacionales?
- ¿Las restricciones constitucionales internas prevalecen frente al derecho internacional?
- ¿Hasta dónde llega la soberanía nacional en un mundo de cooperación penal transnacional?
La respuesta exige abandonar simplificaciones ideológicas y comprender que la extradición representa precisamente uno de los puntos donde el derecho internacional moderno transformó el concepto clásico de soberanía absoluta.
II. LA SOBERANÍA CLÁSICA Y EL PROBLEMA DE LA IMPUNIDAD
El modelo clásico del Estado moderno partía de una idea simple: cada Estado ejerce jurisdicción exclusiva dentro de su territorio.
Ello implica:
- Monopolio legítimo de la fuerza.
- Supremacía de sus leyes.
- Exclusividad jurisdiccional interna.
Consecuentemente:
- Ningún juez extranjero puede ejecutar actos coercitivos en territorio nacional.
- Ningún agente extranjero puede practicar detenciones libremente.
- Ninguna autoridad externa puede imponer directamente sus decisiones dentro del territorio de otro Estado.
Así, si una persona acusada de cometer delitos en Estados Unidos se encuentra en México, las autoridades norteamericanas no pueden simplemente ingresar al territorio mexicano y detenerla.
Hacerlo implicaría:
- Violación territorial.
- Invasión jurisdiccional.
- Ruptura del principio de soberanía.
Sin embargo, ese modelo rígido produce un problema evidente: la impunidad transnacional.
Bastaría cruzar una frontera para neutralizar la acción de la justicia penal.
III. LA EXTRADICIÓN COMO SOLUCIÓN MODERNA
Precisamente para resolver ese problema surgieron los tratados de extradición.
Estos instrumentos no eliminan la soberanía estatal: la racionalizan.
Los Estados, ejerciendo precisamente su soberanía, acuerdan cooperar mutuamente para impedir que las fronteras se conviertan en refugios de delincuentes.
La lógica del sistema es sofisticada:
- El Estado requerido acepta reconocer ciertos efectos a decisiones extranjeras.
- Pero mantiene control sobre la ejecución dentro de su territorio.
Así, la extradición constituye una cesión parcial, limitada y racional de soberanía.
No una renuncia absoluta.
IV. LA VERDADERA CESIÓN DE SOBERANÍA
El aspecto más delicado del sistema radica en comprender qué es exactamente lo que se cede.
En condiciones normales:
- Sólo un juez mexicano puede ordenar detenciones en México.
- Sólo la ley mexicana puede justificar actos coercitivos internos.
Sin embargo, mediante el tratado internacional, México acepta que:
- Una orden emitida por un juez extranjero.
- Conforme a leyes extranjeras.
- Pueda producir efectos jurídicos dentro del territorio nacional.
Ahí reside la auténtica cesión parcial de soberanía.
Pero dicha cesión no es absoluta.
La ejecución material sigue siendo mexicana:
- La captura la realizan autoridades nacionales.
- El procedimiento se desarrolla conforme al sistema constitucional mexicano.
- El Estado requerido conserva facultades de control limitadas.
V. EL LÍMITE DEL ANÁLISIS DEL ESTADO REQUERIDO
Uno de los errores más frecuentes consiste en creer que el Estado requerido puede revisar integralmente el procedimiento penal extranjero.
Eso es incorrecto.
El país requerido no actúa como tribunal de apelación del sistema judicial extranjero.
No le corresponde:
- Valorar nuevamente pruebas.
- Revisar técnicamente la integración de la investigación.
- Verificar si la orden extranjera cumple todos los requisitos procesales internos del país requirente.
¿Por qué?
Porque precisamente una parte de la soberanía cedida consiste en aceptar:
- La competencia del juez extranjero.
- La validez prima facie de sus resoluciones.
- La aplicación de leyes extranjeras.
Por ello, el análisis normalmente se limita a:
- Verificar requisitos del tratado.
- Comprobar doble incriminación.
- Descartar persecución política.
- Revisar estándares mínimos de derechos humanos.
Nada más.
Si cada Estado pretendiera revisar exhaustivamente la legalidad interna del procedimiento extranjero, la cooperación internacional colapsaría
VI. EL PROBLEMA DEL FUERO CONSTITUCIONAL
Dentro de este contexto aparece el tema central del debate mexicano: el posible impacto del fuero constitucional sobre la extradición.
Aquí surge una pregunta fundamental:
Si México deseaba que el fuero impidiera o condicionara extradiciones, ¿no debió establecerlo expresamente en el tratado internacional?
La pregunta es jurídicamente relevante porque las excepciones a la extradición normalmente deben pactarse expresamente.
Los tratados suelen prever:
- Delitos políticos.
- Pena de muerte.
- Persecución discriminatoria.
- Prescripción.
- Cosa juzgada.
- Riesgos graves a derechos humanos.
Pero si un Estado desea excluir determinados funcionarios o inmunidades internas, lo lógico sería:
- Reservar expresamente esa situación.
- O incluirla claramente como excepción convencional.
De lo contrario, el tratado opera conforme a sus términos.
VII. FUERO NO EQUIVALE NECESARIAMENTE A INMUNIDAD ABSOLUTA
Además, el fuero mexicano históricamente no ha significado inexistencia de responsabilidad penal.
En teoría constitucional:
- Protege temporalmente el ejercicio del cargo.
- Evita persecuciones políticas.
- Regula mecanismos especiales de procesamiento.
Pero no extingue:
- La acción penal.
- La responsabilidad jurídica.
- Ni necesariamente la cooperación internacional.
Por ello, pretender convertir automáticamente el fuero en barrera absoluta contra la extradición genera problemas serios desde la perspectiva internacional.
VIII. EL DERECHO INTERNACIONAL Y EL LÍMITE DEL DERECHO INTERNO
Aquí aparece el núcleo central del problema.
La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados establece en su artículo 27:
“Ningún Estado podrá invocar disposiciones de su derecho interno como justificación para incumplir un tratado”.
Este principio constituye uno de los pilares estructurales del derecho internacional contemporáneo.
De lo contrario:
- Cualquier Estado podría incumplir obligaciones internacionales simplemente reformando su Constitución.
- Creando inmunidades internas.
- O reinterpretando unilateralmente sus normas nacionales.
El sistema internacional colapsaría.
IX. PACTA SUNT SERVANDA
La propia Convención de Viena recoge el principio:
“Pacta sunt servanda”.
Es decir:
“Los tratados deben cumplirse de buena fe”.
Ese principio implica:
- Coherencia estatal.
- Estabilidad internacional.
- Prohibición de alterar unilateralmente obligaciones previamente asumidas.
Por ello, si un Estado:
- Celebró un tratado.
- Aceptó cooperar.
- No formuló reservas.
- Y posteriormente invoca obstáculos internos no pactados.
Puede incurrir en responsabilidad internacional.
X. LA DOCTRINA MEXICANA DE LAS RESTRICCIONES EXPRESAS
La Suprema Corte de Justicia de la Nación desarrolló, particularmente a partir de la contradicción de tesis 293/2011 y la jurisprudencia P./J. 20/2014 (10a.), la doctrina según la cual:
- Los tratados internacionales en derechos humanos tienen jerarquía constitucional.
- Pero las restricciones expresas de la Constitución prevalecen internamente.
Sin embargo, dicha doctrina opera principalmente dentro del orden jurídico mexicano.
Es una regla interna de solución de conflictos normativos.
No necesariamente vincula al derecho internacional.
XI. LA PERSPECTIVA INTERNACIONAL DEL PROBLEMA
Desde la óptica internacional, el Estado es una unidad.
Los tribunales internacionales normalmente no preguntan:
- Qué interpretación adoptó la Suprema Corte.
- Ni cómo resolvió el Estado sus conflictos jerárquicos internos.
La pregunta internacional es distinta:
¿El Estado cumplió o incumplió la obligación internacional asumida?
Por ello, incluso si internamente México considerara válida cierta interpretación constitucional, ello no elimina automáticamente la posibilidad de responsabilidad internacional.
Aquí aparece una distinción fundamental:
- Validez constitucional interna.
- Responsabilidad internacional del Estado.
Algo puede ser constitucionalmente válido dentro del orden nacional y aun así constituir incumplimiento internacional.
XII. EL CASO ROCHA MOYA Y EL RIESGO JURÍDICO INTERNACIONAL
Aplicado al caso de Rubén Rocha Moya, el problema adquiere enorme relevancia.
Si México:
- Negara cooperación internacional.
- Invocando inmunidades no previstas expresamente en el tratado.
- O restricciones internas posteriores.
Podría enfrentar un escenario complejo desde la perspectiva internacional.
Porque un tribunal o panel internacional probablemente analizaría:
- El texto del tratado.
- La buena fe.
- La reciprocidad.
- Y el principio pacta sunt servanda.
No la conveniencia política interna ni las reinterpretaciones unilaterales del Estado requerido.
XIII. CONCLUSIÓN
La discusión sobre la eventual extradición de Rubén Rocha Moya revela uno de los grandes dilemas del constitucionalismo contemporáneo: la convivencia entre soberanía nacional y derecho internacional obligatorio.
La extradición no destruye la soberanía: la flexibiliza racionalmente.
Los Estados no dejan de ser soberanos por cooperar; al contrario: ejercen soberanía precisamente al celebrar tratados y aceptar mecanismos recíprocos de colaboración.
Pero una vez asumidas las obligaciones internacionales, el Estado no puede modificar unilateralmente el equilibrio pactado invocando posteriormente su derecho interno.
Ese es el sentido profundo de:
- Pacta sunt servanda.
- La Convención de Viena.
- El derecho internacional contemporáneo.
En el fondo, el verdadero problema no es si existe soberanía.
El problema consiste en determinar hasta dónde puede utilizarse el derecho interno para vaciar de contenido obligaciones internacionales válidamente asumidas.
Magistrado en retiro forzoso
Nota: Este artículo fue elaborado utilizando como herramienta de apoyo la inteligencia artificial, con base en mi experiencia laboral, académica y docente de más de cuarenta años en el Poder Judicial Federal y en el ámbito del derecho constitucional y del juicio de amparo.
