La gobernadora Rocío Nahle García confirmó que su administración realizó una reestructura de la deuda pública estatal, trasladando créditos de la banca pública de desarrollo (Banobras) hacia la banca privada (BBVA México).
El movimiento, según explicó, busca reducir el costo financiero de los pasivos heredados de gobiernos anteriores.
Aseguró que los créditos pasaron de tasas cercanas al 13 por ciento a aproximadamente 7 por ciento, lo que representa un ahorro en intereses. La operación fue registrada ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Nahle sostuvo que no se contrató nueva deuda y que en lo que va del año se han destinado mil 900 millones de pesos al pago de pasivos, dentro de un plan de cinco años.
Los contratos con BBVA México sumarían más de cuatro mil 800 millones de pesos, con plazos que se extenderían hasta el año 2040.
La dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano, encabezada por Luis Carbonell de la Hoz, exigió que se hagan públicos los términos completos del refinanciamiento.
El líder partidista señaló que es imperativo que la autoridad estatal rinda cuentas claras sobre el impacto real que estas decisiones tendrán en el patrimonio de las y los veracruzanos durante las próximas décadas.
De acuerdo con la información oficial consultada en el Registro Público Único de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Gobierno del Estado formalizó este año movimientos financieros bajo el concepto de refinanciamiento sin autorización.
Los datos arrojan que el pasado 25 de marzo se concretaron contratos con BBVA México por un monto global que supera los cuatro mil 860 millones de pesos, divididos en dos créditos de tipo simple que comprometen las finanzas de la entidad hasta el año 2040.
Carbonell de la Hoz advirtió que, aunque estas operaciones se registran bajo el argumento de mejorar las condiciones de las tasas de interés, la extensión de los plazos de pago y el uso del Fondo General de Participaciones como garantía requieren de una explicación técnica y pública.
El dirigente subrayó que el registro ante la SHCP estipula una tasa referenciada a la TIIE de fondeo compuesta a 28 días más una sobretasa del 0.85 por ciento, lo cual amarra un porcentaje de las participaciones federales que corresponden al estado.
Rocío Nahle afirmó que esta decisión forma parte de una estrategia para sanear las finanzas. “Mi propósito es que, al 2030, al final de mi mandato, entreguemos un estado mucho mejor de como lo recibimos. No nos vamos a endeudar; para contratar un crédito tendría que haber solicitado autorización al Congreso del Estado, y no es el caso”.
