El Consejo Universitario General cerró la puerta a cualquier debate sobre la legalidad de la prórroga, al aprobar un orden del día que excluyó las solicitudes de discutir el tema.
El Consejo Universitario General (CUG) de la Universidad Veracruzana (UV) decidió no incluir en la agenda de su sesión de este lunes la discusión sobre la prórroga rectoral otorgada a Martín Aguilar Sánchez.
La mayoría de los consejeros argumentó que el asunto se encuentra judicializado, pues existen amparos promovidos por integrantes de la comunidad universitaria que están bajo revisión de tribunales federales.
En sesión celebrada en la Sala Tlaqná de Xalapa, el Consejo Universitario, además de avalar el presupuesto 2026, respaldó tácitamente la prórroga al negarse a abrir debate sobre su legalidad.
Martín Aguilar Sánchez defendió la decisión de la Junta de Gobierno que le concedió, de manera ilegal, extender su gestión hasta 2029. Señaló que el tema ha sido “discutido” en diversos espacios institucionales y que parte de la comunidad universitaria decidió no participar en ellos.
La abogada general de la UV, Mónica Ruiz Balcázar, sostuvo que el CUG carece de atribuciones para analizar la validez de la prórroga ni para destituir al rector y a la Junta de Gobierno, ya que corresponde a las instancias jurisdiccionales resolver los recursos interpuestos. Con ello, se desechó también la posibilidad de debatir una reforma integral de la Ley Orgánica.
Mientras se desarrollaba la sesión, docentes, investigadores y estudiantes se manifestaron afuera de la Sala Tlaqná. Con pancartas, expresaron que la prórroga es ilegal e ilegítima, pues extiende el mandato del rector sin un proceso abierto ni transparente.
Los inconformes denunciaron que la autorización para que Aguilar Sánchez permanezca cuatro años más en el cargo constituye una violación a la autonomía universitaria y a la normatividad interna.
La controversia se encuentra en tribunales: la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió recientemente no atraer los recursos de queja relacionados con la prórroga, dejando el asunto en manos de tribunales colegiados. Esto mantiene la incertidumbre sobre la validez jurídica de la decisión de la Junta de Gobierno.
Al deslindarse de analizar la legalidad de la prórroga, el Consejo Universitario General se sumó a la simulación institucional con la que Martín Aguilar fue impuesto, abdicando de su responsabilidad de discutir un tema central para la autonomía universitaria.
