Por Ricardo García Valdez
La Facultad de Psicología-Región Xalapa de la Universidad Veracruzana atraviesa uno de los momentos más críticos de sus últimos años. El paro estudiantil, que inició el 15 de octubre como respuesta a demandas no atendidas y problemas internos (como la negligencia institucional ante el acontecimiento reciente en la zona de Poza Rica-Tuxpan -que cobró la vida de una estudiante-), se ha transformado en un movimiento de mayor alcance, que cuestiona directamente la prórroga del rector Martín Aguilar Sánchez, señalada en un primer momento por académicos, como una decisión irregular y alejada de los principios democráticos universitarios.
El punto de quiebre no ha sido únicamente la prórroga ilegal, sino la acumulación de un gesto político: la reprogramación (si no es que la franca cancelación) repetida de mesas de “diálogo” por parte de la administración. En un contexto estudiantil particular, como lo es el de la Carrera de Psicología, donde la escucha es parte esencial del vínculo (en este caso entre autoridades y comunidad) como elemento clave de la cultura, un silencio prolongado no solo lastima, sino que enuncia, y… radicaliza. Lo ocurrido en Psicología revela un fenómeno conocido: cuando la autoridad cierra los canales de comunicación, el conflicto se desplaza hacia otras formas de expresión, más visibles, más insistentes y más complejas. La protesta se convierte en el único lenguaje posible.
La extensión del mandato del rector Martín Aguilar, otorgada por la Junta de Gobierno en junio pasado, encendió la mayor parte de las alarmas. Para algunos miembros del Consejo Universitario, la medida se justifica en marcos legales internos; pero para buena parte de la comunidad es un precedente peligroso que erosiona la legitimidad institucional. La Universidad Veracruzana, una institución que presume autonomía y procesos democráticos, no puede permitirse decisiones que, aunque vestidas de normatividad, carezcan de consulta y transparencia. La prórroga no solo es una figura jurídica controvertida: es un símbolo de la crisis de confianza que hoy atraviesa a la UV.
La postergación de espacios de diálogo ha operado como fermento. Lejos de debilitar al movimiento estudiantil, lo sigue cultivando. El paro activo en Psicología ha generado organización, discusión y articulación política. Las propuestas se multiplican; la convicción se afianza; los grupos se reconfiguran. Psicología se ha convertido en un espacio donde confluyen preocupaciones estructurales: protección civil, protocolos, infraestructura y, sobre todo, responsabilidad institucional.
Los estudiantes han dejado claro que no buscan conflicto por sí mismo, sino mecanismos claros, honestos y participativos. La falta de interlocución generada por la administración, en cambio, ha fortalecido la idea de que la gobernabilidad universitaria está fracturada.
El conflicto reitera dos caminos. El primero, un diálogo real que reconozca errores, devuelva la transparencia a la institución y atienda las demandas legítimas de la comunidad. El segundo, un desgaste progresivo que erosione aún más la credibilidad del rectorado y profundice la fractura interna.
Lo que está en juego no es un semestre, ni una prórroga, ni un paro. Lo que está en juego es el modo en que se ejerce la autoridad en la Universidad Veracruzana.
Mientras la administración reprograma y decide cómo responder, los estudiantes siguen ahí, sosteniendo un paro que no nació de la nada y que no se extinguirá con comunicados. La historia de los movimientos estudiantiles demuestra algo con claridad: cuando se cierra la puerta del diálogo, la comunidad abre la de la protesta.
Y -hasta nuevo aviso- esa puerta, en la Universidad Veracruzana, sigue abierta de par en par.
