La Fiscalía General de la República (FGR) tiene listas más de 200 órdenes de aprehensión en el marco de una investigación nacional contra el contrabando de combustibles, conocido como “huachicol fiscal”.
Entre los principales implicados se menciona, de acuerdo con El Universal, al exgobernador panista de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, vinculado a la empresa Ingemar S.A. de C.V., la cual recibió contratos durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador a pesar de señalamientos previos por evasión fiscal y uso de documentación falsa para importar hidrocarburos.
El caso apunta también al imperio gasolinero de Gilberto Bravo Torra, empresario originario de Tuxtepec, Oaxaca, avecindado en Veracruz. Bravo Torra, quien llegó a controlar más de 150 estaciones de servicio, a quien también estarían investigando por presunto lavado de dinero y distribución de combustible robado, con lo cual habría amasado una gran fortuna.
Gilberto Bravo ascendió en el mundo de los negocios y la alta sociedad del puerto de Veracruz durante el gobierno de Fidel Herrera Beltrán, durante el cual fungió como presidente de la Asociación de Crédito de Gasolineros de Veracruz y se mantiene al frente de la Organización de Gasolineros de Veracruz (Ogave).
También fue presidente de la Onexpo Nacional, la unión de asociaciones de gasolineros más grande de México, con representación en cada estado. Actualmente, su hijo José Gabriel Bravo Vera es vicepresidente de la mesa directiva del Consejo Directivo Nacional.
