Por Francisco Montfort Guillén
¿Puede una clase política carente de ética conducir a la sociedad a la que debiera servir hacia su pleno florecimiento? La cuestión, más allá de la retórica, se planta en medio de otra pregunta inquietante: ¿por qué razones el Estado mexicano no ha podido construir un proceso integral del desarrollo de la nación? Este problema, de compleja respuesta, no puede desentenderse de la calidad ética de los integrantes de la clase política mexicana.
El Mayo Zambada podría ser el gran historiador del lado oscuro de la clase política mexicana. Y no es porque antes de su aparición en los mercados negros del país no existan ejemplos, suposiciones, hipótesis y leyendas urbanas de las relaciones entre los narcotraficantes y los grupos políticos que han gobernado nuestro país. Sólo que las declaraciones de este personaje dejan en claro que por lo menos él, desde 1969, sobornó a policías y dirigentes municipales, estatales y federales.
Ahora sabemos por voz de uno de los personajes claves del crecimiento del narcotráfico mexicano, que su consolidación y expansión corre al parejo de la evolución de la clase política, que involucra a quién sabe cuántos integrantes de todos los partidos políticos nacionales: PRI, PAN, PRD/Morena. O planteado, en otros términos: lo que le otorga carácter de organización sistémica al tráfico de estupefacientes y otros giros negros es la participación directa de las autoridades gubernamentales federales, pues ese es el nivel de gobierno encargado de combatir a esos grupos criminales.
La simbiosis entre narcotraficantes y clase política es ahora evidente. Los simbiontes “sacan provecho de la vida en común” (RAE). Y si uno piensa unos segundos en el monto de 15 mil millones de dólares de multa que le fijaron únicamente al Mayo Zambada es posible imaginar los enormes beneficios que obtenían unos, por realizar las actividades de elaboración y tráfico de enervantes, y otros, por permitir y proteger dichas actividades.
Es cierto que nunca en la historia del último medio siglo había sido tan evidente la estrecha vinculación entre autoridades y delincuentes. Los flujos de dinero y de otros tipos de apoyo que recibió Andrés Manuel López Obrador en su carrera para llegar a la presidencia parecen fuera de proporción respecto a los dineros que antes fluían entre estos simbiontes. Tal vez, cuando dijo que, si en su tercera participación por la presidencia no ganaba, entonces él ya no estaría ahí para “amarrar al tigre suelto”, para detener el “México bronco”. Es decir, que su “posible venganza” sería crear una gran inestabilidad alentando a sus posibles socios a desquitarse en contra de los ganadores de que no hubiera desde la Presidencia de la República “abrazos y no balazos” para los delincuentes. Es imposible saberlo.
Lo cierto es que con una actividad criminal tan profunda y tan extendida en el país, lo que supone un crecimiento exponencial de los acuerdo de impunidad, resulta muy difícil alentar una economía de mercado que genere la prosperidad, pues los nuevos mercados están regidos por un cumplimiento mucho más riguroso de los acuerdo internacionales, de las leyes locales, de la seguridad para la propiedad de todo tipo en favor de la ciudadanía y de la ausencia del miedo y la zozobra que conlleva la casi guerra civil en que se vive en buena parte de nuestra república.
Y el complemento de esta catastrófica situación nacional está compuesta por una especie de acuerdo no escrito entre los grupos políticos que detestan la tecnocracia, el Estado de derecho y la ética pública. Todos se han reagrupado bajo las siglas de Morena, en donde lo que menos importa es el respeto de las leyes y la actividad que domina es el enriquecimiento (antes) inexplicable. Esta hipótesis de cierta venganza de los políticos-políticos en contra de los tecnócratas neoliberales, desprendida del notable ensayo de Fernando Escalante Gonzalbo, parece hacerse realidad cuando es posible constatar la (casi) total impunidad con la que actúan los dirigentes de Morena y sus gobernantes en todos los niveles de gobierno. Con este acuerdo implícito es que se vaciaron de militantes y dirigentes los demás partidos opositores.
Aquí es donde se ligan los dos problemas planteados al inicio del texto. Si bien la prosperidad de una nación requiere de un Estado conformado por seres humanos de altas capacidades intelectuales y técnicas para impulsar y dar sentido a los grandes procesos contemporáneos de la modernidad, democracia, crecimiento económico con distribución equitativa de la riqueza nacional, más un gobierno de rigurosas conductas legales; también es cierto que dicho Estado exige de una ética pública rigurosa que obligue a sus integrantes a conducirse profesional y moralmente en todas sus acciones de gobierno.
Y estas condiciones son justamente las que no cumplen los gobiernos de Morena. Alejados y en pleito contra la ciencia, contra el alto rendimiento productivo, contra la innovación permanente y la crítica constante, también carecen de la ética pública necesaria para hacer de México un país con las condiciones necesarias para ser competitivo, competente y triunfador en el concierto de las naciones que hoy viven otras fases de crisis, que demandan a todas las naciones redoblar esfuerzos en este sentido, en lugar de entronizar a personas con 10% de capacidad y 90% de lealtad ciega.
Y aquí vamos con gobiernos federales realmente mediocres, sin plan ni rumbo fijo, sin estrategia visible para hacer frente a este mundo que cambia profundamente por las innovaciones tecnológicas a gran escala en todos los sectores productivos, comandados por las exigencias de la ciencia y la tecnología y por la aparición disruptiva de nuevos fascismos con gobiernos nacionalistas ya sean de izquierdas o de derechas. Y mientras nosotros pensamos en el progreso, el desarrollo, la prosperidad de la nación mexicana, otros mexicanos enfrentan los dolores de los asesinatos, las desapariciones, las extorsiones, los cobros de piso, la violencia en contra de las mujeres y los niños, las carencias en salud, en educación en todos los niveles y…otros están contando las ganancias de las actividades de corrupción desde el gobierno, o de las tareas criminales y de los apoyos que les brindan algunos funcionarios… Y apúrese. Que corrompiendo que es gerundio, y si no la casa pierde.
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