Los gobiernos morenistas de Puebla y Campeche usan las leyes y los organismos judiciales para acallar las voces críticas e incluso castigarlas con cárcel.
En Puebla, a propuesta del gobernador Alejandro Armenta Mier, fue aprobada por el Congreso local una reforma al Código Penal en materia de ciberseguridad que crea el delito de ciberasedio, al cual definen como quien “insulte, injurie, ofenda, agravie o veje a otra persona, con la insistencia suficiente para causarle un menoscabo importante en su salud”. El “ciberasedio” se castigará hasta con tres años de cárcel.
Artículo 19 y la Red de Periodistas de Puebla destacaron que la libertad de expresión incluye discursos que pueden “ofender, insultar”. La Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que “este derecho protege tanto la información que resulta favorable, indiferente o inofensiva, como aquella que resulta chocante, inquietante u ofensiva para el Estado o la sociedad”.
Otros delitos creados con esta reforma son en materia de espionaje digital, que se tipifica como que lo comete quien “se introduzca a un equipo o sistema informático sin la autorización de su legal y legítimo titular”, así como el delito de usurpación de identidad, atribuible a “quien utilizando tecnologías de información obtiene, transfiere, utiliza o se apropia de manera indebida, de los datos personales de otra sin la autorización de ésta última”.
Los organismos civiles señalaron que estos delitos incumplen principios de derechos humanos y libertad de expresión, violentan el principio de taxatividad en materia penal al ser amplios o carentes de definiciones exactas, y en su elaboración no han incorporado el expertise técnico de especialistas. “Debido a estos factores, los delitos pueden ser utilizados contra la ciudadanía de manera arbitraria, particularmente personas periodistas y medios de comunicación”, puntualizaron.
“Se utilizan palabras que pueden criminalizar el ejercicio periodístico. El penalizar la obtención de datos, o transferir datos con información de datos personales pone en riesgo las investigaciones periodísticas, particularmente de casos de corrupción o de información provista por personas alertadoras quienes busquen hacer pública información sobre malas prácticas, abusos, o corrupción por parte de las autoridades”, enfatizaron.
Al respecto, Artículo 19 recordó que el acoso judicial, utilizando la normativa mexicana para iniciar procesos legales contra periodistas, es una tendencia a la alza. En Puebla, tan sólo de 2018 a 2024, el organismo documentó un total de 22 procesos judiciales iniciados contra periodistas por sus publicaciones o investigaciones.
Por su parte, en Campeche una jueza de control ordenó vincular a proceso al periodista Jorge Luis González Valdez, exdirector del diario Tribuna, a quien le imputó los presuntos delitos de “incitación al odio y a la violencia” contra la gobernadora Layda Sansores.
La sentencia de la jueza abarca el cierre total de la plataforma digital del diario Tribuna, la prohibición a González Valdez para ejercer el periodismo, así como la vinculación a proceso para el representante de la empresa editora del medio Isidro Yerbes, y el pago de dos millones de pesos por daño moral al director de Comunicación Social estatal, Walther Patrón Bacab.
Organizaciones y periodistas advirtieron que se sienta un peligroso precedente al criminalizar a un periodista, cerrar un medio y usar el poder del Estado para castigar la crítica.
