El despacho de abogados encabezado por Juan José Llanes acusó al Tribunal de Conciliación y Arbitraje estatal de negarse a proceder contra la Secretaría de Educación de Veracruz por negarse a cumplir con un laudo laboral, cuando por un caso similar amenazó a los ediles de un ayuntamiento de oposición con pedir su arresto si no le pagaban a un trabajador.
En un comunicado, los abogados explicaron que un trabajador que obtuvo un laudo a su favor en el juicio 240/2013-IV del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje estatal, está intentando que la Secretaría de Educación de Veracruz le cubra la condena que se le impuso desde 2015, “cuyo cumplimiento se ha dispuesto incontables veces a lo largo de toda una década. En enero de este año, le pedimos infructuosamente al Tribunal que diera vista a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por el delito de Incumplimiento de un Deber Legal”.
Sin embargo, en febrero de 2025, el Tribunal dictó un acuerdo en el que indicó que, tras revisar la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley burocrática estatal, “…no se encuentra dentro de la competencia de este Tribunal realizar la vista peticionada…” y, por tanto, se negó a dar vista al Ministerio Público. Ordenó, en su lugar, requerir por enésima vez a la SEV y le advirtió que, de no pagar al trabajador, le impondría una multa que no excederá de mil 700 pesos.
En cambio, el despacho de abogados enfatizó que de febrero a marzo de 2025, al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado “se le olvidó lo que -apenas un mes antes- había decidido. En el diverso juicio 1231/2017-I, el Tribunal dispuso que no solamente debía dar vista a la Fiscalía Anticorrupción, sino que le advirtió a los ediles de un ayuntamiento que los arrestaría treinta y seis horas si no le pagan a un trabajador”.
Para los abogados, la diferencia entre los casos reseñados es que, en el primero, “el Tribunal no quiere molestar ni con el pétalo de una rosa a una secretaría de despacho. En el segundo, se trata de un Ayuntamiento de oposición”, y que mientras uno de los trabajadores “no tiene padrinos”, el otro “es una persona que ha colaborado de la mano de un diputado local (de Morena, por supuesto) que no ha escatimado su capacidad de persuasión para que la instancia burocrática le haga justicia”.
“En el primer caso, el Tribunal transcribe artículos completos para ‘descubrir’ que no debe acusar de delitos a funcionarios de la 4t. En el segundo, al detectar que se trata de servidores públicos a los que ve como ‘adversarios’, lo que estima conducente es advertirles que le dará vista a la Fiscalía y que los arrestará día y medio. Esto es: en casos parecidos (el primero, más grave), se deciden cosas diametralmente opuestas”.
Los abogados Laura Mónica Sainz Ramírez, Alan Cervantes Domingo y Juan José Llanes Gil Del Ángel señalaron que “todo eso lo entendemos como un doble rasero y el uso faccioso del poder público. Lo interpretamos como blindaje del gobierno a sí mismo. Lo llamamos corrupción”.
“El doble rasero con que se imparte Justicia en Veracruz está llegando a niveles delirantes y cínicos, en donde -además- aparece otro flagelo: lo que podría ser un tráfico de influencias tendente a complacer a quienes tienen cargos públicos”, manifestaron.
