Las autoridades y funcionarios del anterior gobierno de Veracruz cuentan con 180 días para subsanar las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la Cuenta Pública 2023, que ascienden a casi dos mil 500 millones de pesos.
La gobernadora Rocío Nahle García se pronunció sobre el Informe de Fiscalización Superior e Informe General Ejecutivo de la Cuenta Pública 2023, entregado el pasado viernes a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, y destacó que como parte del proceso establecido por la ASF, corresponde a los exfuncionarios subsanar cualquier observación relacionada con el presunto daño patrimonial detectado en la revisión.
“Cuando detecta alguna observación, como el caso del presunto daño patrimonial, se da un plazo a los funcionarios para subsanar las irregularidades, que en este caso es de 180 días. Durante ese tiempo, se debe aclarar lo que sea necesario, como falta de sellos o firmas, y presentar la información pertinente para corregir cualquier error”, detalló.
Además, explicó que una vez transcurrido el plazo, la Auditoría realizará un nuevo análisis para verificar si las irregularidades fueron subsanadas, y en caso de que no se haya resuelto adecuadamente, será la propia ASF quien determine las acciones correspondientes.
La ASF reportó presuntas irregularidades posiblemente constitutivas de daño patrimonial por tres mil 150 millones de pesos en la Cuenta Pública 2023 de Veracruz, en el penúltimo año de Cuitláhuac García.
De ese monto, más de dos mil 400 millones de pesos corresponden a la administración estatal encabezada por Cuitláhuac García, mientras que otros 620 millones fueron observados a varios ayuntamientos.
