Por Darío Fritz
Es la inseguridad. Es la corrupción. Un empresario extranjero de la pequeña y mediana industria con más de tres décadas de invertir en México observaba así lo que más afectaba a su negocio en el rubro farmacéutico. Con eso resuelto, a todos nos iría de maravilla, sintetizaba en plural hace poco más de un año. Solo le faltó el clásico “estúpido” al final, como redujo Bill Clinton en su efectista lema de campaña los problemas de Estados Unidos durante la campaña presidencial de 1992 (“Es la economía, estúpido”). Como hace quince meses lo decía el empresario, ambos temas continúan en la agenda de los déficits. Por estos días se conoció que el país ha retrocedido dos escalones en el sexenio que acaba de terminar —2018-2024—, en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), elaborado por Transparencia Internacional. También otro estudio de esta semana sacude la narrativa oficial sobre la lucha contra la inseguridad: México se mantiene entre las 15 naciones con mayor impunidad en el mundo, dice el informe del Índice Global de Impunidad (IGI) 2024, elaborado por la Universidad de las Américas, Puebla (UDLAP).
Al discurso maniqueo y perverso de Donald Trump para justificar sus políticas sobre migración, narcotráfico o aranceles, se le puede contrarrestar con los mejores argumentos -aunque no entienda de argumentos, sino de la guillotina de poderosos contra débiles-, pero datos como esos resultan un disparo en los propios pies.
El estudio de Transparencia Internacional deja entrever que hay responsabilidades tanto en el gobierno federal como en los estatales y en la justicia misma, para que esa percepción no mejore a pesar de un relato público fantasioso: casos sin resolver como Segalmex, Odebrecht o el de Pemex Agronitrogenados (Lozoya); sanciones sin efectivizar de funcionarios corruptos; la contratación del estado de empresas fantasmas o vinculadas al crimen organizado en los tres niveles de gobierno; la corrupción enquistada en los Estados y su relación con el crimen organizado. Y por último, precisa, la incertidumbre con las reformas en transparencia, anticorrupción y Poder Judicial.
“La impunidad en México tiende a ser extremadamente alta y afecta el diseño y funcionamiento de la cadena de los sistemas de justicia, seguridad y derechos humanos”, analiza el estudio de la UDLAP. Un arma certera contra la impunidad está en la disposición de recursos económicos y su uso eficiente. Pero allí los datos describen el problema: en septiembre de 2024, la organización Impunidad Cero informó que de 2017 a 2022 se observó una tendencia a reducir el gasto en el combate a la impunidad a nivel federal y que el gasto rondaba dentro del promedio internacional —2% del PBI— para un país con 93% de casos judiciales sin resolver ni sancionar. La percepción de la población explica también qué se está haciendo desde las instituciones que investigan y sancionan delitos: el 77% de los mexicanos considera en mayor o menor medida que el esclarecimiento de los delitos está condicionado a la capacidad de ejercer presión política o mediática, dice Impunidad Cero.
Pasan los días, los años, y cada número o cada caso, en el terreno de la corrupción o de la impunidad, o en una mezcla de uno con otro, porque se suelen dar la mano, se va apagando en la memoria por un nuevo dato, un nuevo caso que lo sobrepasa. Difieren en 2012 comparado con 2021, en 2016 con 2024, un porcentaje arriba, otro abajo, pero la tendencia a sostenerse o crecer, no varía. La caída continua de los datos se antoja a quimera. Y la amnesia, una necesidad de sobrevivencia.
@dariofritz.bsky.social
